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2017, el año de la impunidad en materia de Derechos Humanos en México

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Este 2018 el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, cumple su sexto y último año como mandatario, así como 12 años de que el gobierno le declaró la guerra a otros connacionales. Un conflicto que inició con la promesa de traer seguridad a todos los rincones del país, pero que al término de esta administración priísta sigue sin dar los resultados adecuados.

Al inicio de este gobierno, autoridades federales crearon una lista con los nombres de los 122 criminales más buscados de México, entre los que figuraban líderes de los principales cárteles del narcotráfico como: Joaquín Guzmán Loera, Vicente Carrillo, Fernando Sánchez Arellano, Héctor Beltrán, Miguel Treviño Morales, Nazario Moreno González, entre otros más.

Actualmente se menciona que más de 100 ya han sido “neutralizados”, cabe mencionar que es difícil saber cuales son los que faltan, pues la Procuraduría General de la República (PGR) ha puesto trabas para no conocer los nombres de los capos de la droga con deudas pendientes con la sociedad.

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Sin embargo, el número de líderes del narcotráfico abatidos o capturados supera las metas alcanzadas en el sexenio de Felipe Calderón, quien en su momento se puso la meta de detener a los 37 capos más peligrosos, de los cuales sólo pudo aprender a 25.

Y aunque el gobierno de Peña Nieto ha logrado capturar a un gran número de capos de la droga sin “ningún disparo”, la violencia en el país no ha disminuido, al contrario, actual mente se vive un constante escenario de inseguridad en todo el país donde el aumento en los asesinatos, así como en el derramamiento de sangre y las graves violaciones de derechos humanos prevalecen; lo mismo que en su momento Felipe Calderón se dedicó a llamar como “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.

Un ejemplo de esto se puede ver reflejado en el informe que la organización Amnistía Internacional publicó el pasado 21 de febrero, titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”, el cual habla de cómo en México el gobierno en turno se ha olvidado de garantizar un plan eficaz que dé seguridad a la población.

Aunado a las graves violaciones de derechos humanos que “continúa ocurriendo de forma rutinaria” en forma de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, actos que el gobierno ha tolerado y no ha hecho esfuerzos reales para contrarrestar la violación de las garantías individuales de los mexicanos.

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De acuerdo con La Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura de la PGR, se reportaron 4 mil 390 casos de tortura en una revisión a nivel federal e inició con 777 investigación según el nuevo sistema de justicia adversarial.

“En este contexto, la promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio del presidente Peña Nieto, con cifras inéditas de violencia. Al mismo tiempo, la voz de activistas alrededor del país se ha levantado con más fuerza para demandar justicia, verdad y reparación. Movimientos de víctimas han exigido sus derechos y en 2017 conquistaron importantes victorias como las leyes generales sobre tortura y desaparición. La gente exige sus derechos humanos y ahora corresponde al gobierno mostrar que está escuchando.”

El 2017 es hasta ahora el año más violento del que se tenga registro en la historia del país, lo cual sucede bajo un contexto en el que las Fuerzas Armadas llevan a cabo las actividades que deberían corresponder a las autoridades civiles, mientras que las amenazas y ataques contra periodistas y actividades siguen en aumento.

El año pasado perdieron la vida 12 periodistas, un número que es considerado el más alto que se haya registrado desde al año 2000. De los cuales en su mayoría la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Libertad de Expresión se ha negado a investigar si el trabajo de los reporteros pudo haber motivado el ataque en su contra.

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“El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, no brindaba protección adecuada a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.”

Otro sector de la población que se ha visto afectada son las mujeres, quienes dos tercios del total de las mexicanas han vivido alguna experiencia de violencia de género a lo largo de su vida. La organización internacional ha evidenciado que, en la mayoría de los casos de violencia, el victimario goza de impunidad.

“En agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una encuesta que estimaba que un 66,1% de las niñas y mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y que un 43,5% de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.”

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A inicios del año pasado, bajo un ambiente de enojo social por el aumento al precio de las gasolinas que provocó saqueos en tiendas departamentales desde varios puntos del valle de México y varios operáticos que las fuerzas armadas en contra de robos clandestinos del petróleo tuvieron como consecuencia “probables ejecuciones extrajudiciales perpetrada por elementos del ejercito mexicano”.

De acuerdo con Amnistía Internacional, el nuevo sistema de justicia penal adversarial, que entró en vigor desde el pasado mes de junio del 2016, ha reproducido los mismos problemas que el antiguo sistema inquisitivo, como la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los establecido en los derechos humanos.

Según la organización, en todo el año 2017 se produjo un aumento significativo en el numero de homicidios, llegando a la cifra de 42 mil 583 de personas, sin embargo, advierten que la cantidad podría se aun mayor, ya que, hay crímenes que no se denuncian, aunado al descubrimiento de fosas clandestinas.

Otra de las situaciones que se ocurren en México son las detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad, quienes recurren a actos como la colocación de pruebas falsas, como armas y drogas, siendo las victimas personas que históricamente ha sido discriminadas, como hombres que viven en situación de pobreza.

La organización ha denunciado que agentes de la policía incurren habitualmente en violaciones como no informarle a la persona que ha sido arrestada, el motivo de su detención y el no registrar la fecha y la hora de la misma.

“Los motivos de detención arbitraria eran diversos, pero incluían los siguientes: extorsionar a la persona detenida para obtener dinero; detener a una persona concreta a cambio de un pago por parte de un tercero; motivos políticos; e investigar a la persona detenida en relación con otro delito, tras detenerla por un delito menor que normalmente no había cometido.”

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Otra situación que se vive en el país y que el gobierno no ha querido atender en la de la desaparición forzada con implicación del Estado mexicano, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, existe un padrón de 34 mil 656 personas que no se sabe nada acerca de su paradero.

De dicho padrón, 25 mil 682 corresponden a hombres y 8 mil 974 son mujeres, sin embargo, Amnistía Internacional ha evidenciado que los números reales son más altos debido a que se están excluyendo los casos federales anteriores al 2014, así como los clasificados como otros delitos como el secuestro y el tráfico de personas.

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Tomando en cuenta este panorama es así como el país llega a un nuevo año electoral en el que se elegirá a un nuevo mandatario que se encargará de llevar las riendas de la nación durante los próximos 6 años.

Un presidente que llegarán bajo un panorama en el que activistas procedentes de todos los rincones de México están levantando la voz para demandar justicia. La población esta exigiendo que se respeten sus derechos humanos, y corresponderá al gobierno saliente y al que entra si hace algo al respecto o se seguirá tolerando la impunidad.

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Periodista independiente, graduado de la Maestría de Periodismo Político, en La Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha trabajado como reportero y editor web, en medios como: Revista Variopinto, y Revolución 3.0.

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