Rodrigo GutiérrezEn una de las entidades más peligrosa para ser mujer, el aborto es más castigado que el feminicidio. Durante 2019 y principios de 2020 se han abierto más carpetas de investigación por el delito de aborto que por feminicidio.
El infierno de Rosa comenzó en su casa. Tenía 14 años de edad, iba en tercero de secundaria cuando su padre abusó sexualmente de ella, lo hizo por prácticamente un año.
Originaria de Tlalnepantla, en el Estado de México, la menor era amenaza por su agresor con hacerle daño a su madre si decía algo; al ser su padre un hombre violento, prefirió no denunciar. El demonio dormía bajo su mismo techo.
La actitud de Rosa comenzó a cambiar por los abusos de su padre, no quería ir a la escuela ni siquiera gustaba de salir a a calle. Su madre notó los cambios en la conducta de la menor, por lo que pidió a su comadre que la llevara al médico.
Rosa fue al doctor donde le hicieron un ultrasonido, la menor de 14 años estaba embarazada, tenía ya 16 semanas de gestación. La niña le contó a su madre los abusos de su padre y acudieron juntas a denunciarlo.
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En el Ministerio Público les dijeron que, por lo avanzado del embarazo, no podrían interrumpirlo, pues en el Estado de México el aborto de un embarazo producto de una violación sólo puede ser por aprobación de un juez y antes de las 12 semanas de gestación.
“Lo único que quiero es ya no estar embarazada para poder volver a hacer mi vida normal”.
Rosa lo tenía claro, quería interrumpir su embarazo, pero la ley mexiquense no se lo permitía.
La joven se trasladó a la Ciudad de México, donde se acercó al Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), quienes asesoraron a Rosa para poder interrumpir su embarazo, pues además este implicaba un alto riesgo a su salud.
Luego del aborto, Rosa acudió a terapias psicológicas, logró regresar a la escuela y venció el miedo de salir de casa, pese a que su agresor, su propio padre, se encuentra en libertad.
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En el caso de Rosa, dado a conocer por el GIRE, las leyes del Estado de México violaron su derecho a la salud, pero sobretodo a una vida libre de violencia, pues éstas no hubieran dejado abortar a la menor pese a que el embarazo fue producto de una violación y, al obligarlo a tenerlo a temprana edad, significaba un peligro para ella.
Y es que en el Estado de México, una de las entidades más peligrosas para ser mujer de todo el país, el aborto es más perseguido que el feminicidio, el crimen de odio contra la mujer por ser mujer, así lo arrojan por lo menos las cifras oficiales.
De enero del 2019 a enero del 2020, en el Estado de México se abrieron 127 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Mientras que, en el mismo lapso, se abrieron 167 carpetas de investigación por el “delito” de aborto en la entidad mexiquense.
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Esto significa 31.5% más denuncias por aborto que por feminicidio en el Estado de México.
El problema radica en que si bien no todo asesinato de mujer es feminicidio, no todos los feminicidios son tipificados como tal.
De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, hay al menos siete circunstancias para determinar que en el homicidio de una mujer ocurrió un feminicidio:
- La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- Haya existido entre el feminicida y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
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Sin embargo, las fiscalías no investigan con perspectiva de género los asesinatos de mujeres, pese a la sentencia Mariana Buendía dónde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo ordena.
De tal magnitud es la carencia de investigación con perspectiva de género en un feminicidio que la Fiscalía General de la República (FGR) propuso eliminar dicha tipificación bajo el argumento de que cuesta mucho trabajo judicalizarlos, aunque este delito es del fuero federal, es decir, le corresponde a las fiscalías y procuradurías locales investigarlo.
Luego de las críticas a esta propuesta, el fiscal Alejandro Gertz Manero propuso lo contrario: que todos los asesinatos de mujeres sean tipificados como feminicidio, lo cual tampoco fue bien recibido y fue desechada.
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Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, Maurilio Hernández, apoyó en su momento la propuesta de Gertz Manero de eliminar la tipificación de feminicidio.
En julio del año pasado, las diputadas mexiquenses Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, de Morena, presentaron la iniciativa para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, a más de seis meses de la propuesta, ésta ni siquiera se ha discutido.
En tanto, tan sólo en la entidad mexiquense, se han presentado 65 mil 996 casos de complicaciones por abortos ilegales; mientras que este “delito” se castiga hasta con ocho años de prisión en el Estado de México, de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal.
Sin mencionar que de abril de 2007 a septiembre del 2019 se han presentado 57 mil 56 mujeres mexiquenses en la Ciudad de México para abortar de forma legal, según datos de la Secretaría de Salud capitalina. Esto convierte al Estado de México en la entidad que más mujeres van a abortar a la ciudad.
Por otra parte, los feminicidios en la entidad mexiquense aumentaron un 106% en tan sólo cinco años, al pasar de 63 casos tipificados en 2015 a 122 en 2019, según datos del SESNSP.
Esto pese a que en los últimos tres años el gobierno del Estado de México ha destinado 245 millones de pesos a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos “para llevar a cabo acciones para la mitigación de la Alerta de Género”.
