¿Puede haber racismo o clasismo al hablar del aborto? Es una pregunta que tal vez no suele hacerse o se considere innecesaria porque primero tendría que ser despenalizado en todo México, dirían algunos.

Pero ¿qué pasaría si analizamos los discursos y consignas con los que promovemos el derecho a decidir? ¿Algunos de estos dichos tendrán incidencia en mujeres que dudan de su postura?

En medio de la cuarentena y de la efervescencia de los debates en redes sociales, la discriminación por raza y clase fueron un tema importante que mantuvo un pico alto y a la vez, las discusiones en distintos congresos de la República sobre la despenalización del aborto trajeron el tema a colación y sí, algunos de los mensajes para promover el aborto traían su toque clasista/racista.

¿Qué tan común es leer la consigna «las ricas abortan pero las pobres mueren» o «despenalicemos el aborto para que no haya niños pobres» acompañado de fotografías de niñas y niños en condición de calle? Seguro muchas lo hemos compartido y aunque pareciera que no hay una «mala intención», esto estigmatiza e incluso pone en contra del aborto a muchas mujeres.

En Edomex el aborto es más perseguido que el feminicidio

Cambio de narrativas, necesario en la agenda

«Estoy en contra del aborto porque hay memes sobre chicas embarazadas como nosotras que no deberían tener hijos porque vamos a parir delincuentes», fue una de las frases que marcó a Dahlia de la Cerda, cofundadora de Morras Help Morras, mientras asesoraba a una joven de una colonia popular que no quería llevar a término a su embarazo.

Tal vez lo que a muchas feministas y activistas nos hace falta contemplar es la postura de aquellos a quienes queremos apoyar y dejar de lado los discursos paternalistas, dijo Dahlia para FrojiMX.

«Los movimientos de crítica social reproducen habitualmente estos discursos tan arraigados y la narrativa de decir que el aborto es importante para que «no haya niños pobres» da a entender que sería mejor que no existieran y sería muy diferente si habláramos de políticas públicas», explicó la activista de Morras Help Morras, cuyo proyecto más conocido es «Aborta Segura».

Aborto en México: se es víctima o victimaria

Rebeca Lorea, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) coincidió, pues hay que apostar por medidas públicas sin que los cuerpos de las mujeres estén a debate ya que el aborto no es la vía para acabar con la pobreza en el país.

«Es complicado oír este tipo de frases además porque las mujeres que no tienen un poder económico privilegiado también tienen el derecho de poder reproducirse. Que tengan acceso a cuidados por parte del estado y de la sociedad para que haya condiciones políticas, sociales y económicas para que todas las mujeres puedan elegir cuándo y cómo reproducirse teniendo todas las atenciones y medidas que necesiten», abunda.

“Es muy problemático este tipo de frases”, detalla Dahlia pues “creer que si se legaliza el aborto las mujeres empobrecidas sean las que más corran a abortar, no todas quieren hacerlo y no se les puede obligar o sugerir como en pueblos indígenas donde las ayudas sociales son condicionadas a algunos medios de esterilización forzada”.

Tenemos que hablar de aborto y clasismo/racismo ?

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— Morras Help Morras (@helpmorras) July 26, 2020

Durante la charla con FrojiMX, Dahlia hizo referencia a que las estadísticas reflejan que las mujeres con grados más bajos de escolaridad son quienes menos acuden a abortar en la capital.

Al revisar el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, puede comprobarse en el desglose del nivel educativo de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, las mujeres con nivel de preparatoria son quienes más acudieron (7 mil 022) mientras que las mujeres sin acceso a educación formal son la estadística menor (115).

“Cuando una mujer empobrecida quiere abortar lo logra porque lo logra… pero seguimos atoradas en discursos paternalistas, las mujeres hemos sido demasiado huérfanas y queremos pertenecer a un movimiento pero muchas veces no hay un compromiso político real, uno de estos compromisos es evaluar los discursos que reproducimos sin pensar”, reflexiona Dahlia.

Además, ejemplifica que aún en 2020 se contemple la diferencia entre aborto «legal y clandestino», cuando lo de lo que debe hablarse es del aborto «seguro e inseguro».

De igual forma, Rebeca Lorea detalla al igual que Dahlia de la Cerda que el compromiso de las organizaciones es buscar narrativas que no dañen los derechos humanos y no caigan en prácticas clasistas o discriminatorias.

«En GIRE tratamos de que nuestras narrativas sean desde una perspectiva de derechos humanos en favor de la elección y de justicia reproductiva», complementa Rebeca.

Criminalización, el tema clave

Más allá de esto, un tema clave que sí afecta en mayor medida a las mujeres de sectores socioeconómicos más bajos es la criminalización a la que pueden ser sujetas.

«Hay complicaciones para saber cuántas mujeres son criminalizadas por abortar porque no hay cifras exactas ni los estados entregan información relevante, pero de acuerdo con las sentencias, las mujeres pobres sí pertenecen a los sectores que suelen ser más criminalizados por abortar», detalla Rebeca Lorea.

En México el aborto es considerado un delito en el que cada estado establece qué causales son penalizadas, exceptuando a nivel federal la violación, peligro de muerte y el aborto culposo (es decir, un aborto no inducido). Sin embargo, en 29 de las 31 entidades federativas se contempla la privación de la libertad, multas y sanciones.

Y no, no son la Ciudad de México y Oaxaca las entidades que eximen de sanciones penales, comunitarias o económicas, al revisar el informe de criminalización en el aborto realizado por GIRE son Chiapas y Michoacán los únicos sin medidas punitivas de manera oficial, aunque hasta la fecha las que deciden no ser madres o tienen un aborto espontáneo son duramente castigadas.

En este informe, en el que cabe destacar que no todos los estados presentaron información, Baja California sobresale por tener números elevados de mujeres denunciadas y procesadas por aborto.

Asimismo, el informe de Gire hace referencia a la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, que señala el 52.1% de las mujeres presas por el delito de aborto dijeron que el agente del Ministerio Público no se identificó, al 38.2% no les dijeron de qué las acusaban y al 52.9% policías o autoridades las presionaron para dar una versión distinta de los hechos.

Sin embargo, la prisión no es el único medio en el que las mujeres en diversas situaciones económicas o sociales viven la penalización y el olvido del Estado por no seguir con un embarazo, pues en los casos a los que Gire dio seguimiento incluyen otras consecuencias como ser fichadas en medios, pagar multas tan elevadas que incluso deben hipotecar su casa, tener dificultades para encontrar empleo, ser torturadas por las autoridades para “confesar su crimen”, daños psicológicos que van más allá de un aborto y otras más.

Que aborten las que quieran y necesiten hacerlo

Es momento de reflexionar si se habla del aborto como lo que debería ser: un derecho básico o si al justificar que debe ser legal aborto para las mujeres bajo ciertas características (adolescentes, con escasos recursos o las víctimas de violación) estamos dejando fuera a las que simplemente no quieren ser madres porque aún existe el sesgo moral en el que la mujer que no quiere ser madre es frívola y no está siguiendo con el rol que le fue impuesto.

Y es que, aunque corresponde en colectivo defender el derecho a decidir, debe recordarse que es una decisión completamente personal y sin la necesidad de ser justificada y el cambio de narrativas es crucial para que sea ley y no haya ninguna mujer presa por ejercer la mejor decisión para su cuerpo.