Activistas en México: morir por pedir justicia

Habían pasado ya seis años del inicio de la Guerra contra el Narcotráfico encabezada por el presidente Felipe Calderón y con ella el aumento de la violencia reflejada mayormente en asesinatos, secuestros y desapariciones.

Era 2012 y pese al panorama nacional, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez sobrellevaba de la mejor manera vivir en una de las entidades con mayor presencia del crimen organizado: Tamaulipas.

Sin embargo, en ese año la vida le cambiaría por completo cuando un grupo criminal secuestró a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez.

Al buscar ayuda a las autoridades estatales, lo único que Miriam recibió de la administración del en ese entonces gobernador Egidio Torre Cantú fue inacción e indiferencia.

El enojo y la impotencia de Rodríguez Martínez se convirtieron en fuerza y esperanza. Ella decidió no esperar respuesta alguna de las autoridades, en su lugar comenzó a buscar a su hija.

Tras dos años de búsqueda, Miriam encontró a su hija en el lugar donde la mayoría de los desaparecidos en México aparecen: en una fosa común.

Pero la lucha de Miriam Elizabeth no terminó con el hallazgo del cuerpo de Karen, ella quería en la cárcel a los responsables de la muerte de su hija. Inició entonces las investigaciones correspondientes, sin ayuda de las autoridades estatales, para lograr su cometido.

No le tomó mucho tiempo a Rodríguez Martínez para identificar a los asesinos de Karen y con la última pizca de confianza que le quedaba, compartió su información a la Procuraduría de General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas.

Con ella, las autoridades localizaron y detuvieron a siete hombres y dos mujeres, entre ellas una menor de edad, por el secuestro y asesinato de Karen Alejandra Salinas Rodríguez.

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez (Derecha). Foto tomada de la web.

Tras el encarcelamiento de los culpables, Miriam sintió alivio en el alma, pero sabía que aún no habían terminado las cosas. En su viaje por encontrar a su hija, conoció gente como ella que buscaba a sus familiares desaparecidos por su propia cuenta ante la ineficacia de las autoridades. Esto motivó a Rodríguez Martínez a formar el Colectivo de Desaparecidos en San Fernando.

De ser una madre que buscaba a su hija, se convirtió en una activista que ya no sólo exigía justicia para Karen, sino para todas aquellas personas que habían perdido a un ser cercano en Tamaulipas.

Sin embargo, el 22 de marzo del 2017, 29 reos del penal de Ciudad Victoria se escaparon a través de un túnel de cinco metros de profundidad por 40 de largo, el cual cavaron durante más de un año.            

Entre los reos fugados se encontraba Enrique Yoel Rubio Flores, imputado por haber participado en el homicidio y desaparición de Karen.

Imagen del gobierno de Tamaulipas donde muestra los prófugos del penal de Ciudad Victoria, entre ellos uno de los asesinos de Karen. Foto PGJ de Tamaulipas.

Tres semanas después, Rodríguez Martínez pidió protección a Gloria Elena Garza Jiménez, Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, y a Lorena Garrido Salazar del Instituto de Atención a Víctimas.

Ahí, Miriam mencionó que es, por lo menos, la segunda vez que pedía protección ante la fuga de Rubio Flores, ya que anteriormente le habían asignado a un oficial para que se encargara de su seguridad, pero la activista señaló que éste nunca se apareció, incluso lo llamó más de 30 veces.  

“Desde el día de la fuga, el 22 de marzo, he mantenido cerrado mi local, el cual se encuentra en un lugar público, no puedo sentarme a trabajar porque no tengo seguridad”, reclamó Miriam a Garza Jiménez y a Garrido Salazar.

Y agrega: “Desde tiempo atrás pedimos que los presos con fuero federal fueran trasladados a Ceferesos (Centro Federal de Readaptación Social), porque el penal de Ciudad Victoria no tiene la infraestructura para ese tipo de reos y ¿qué pasó?, la fuga […] estoy muy molesta con la Secretaría de Seguridad Pública”.

Menos de dos meses de la fuga de Rubio Flores y a cinco años del inicio de la búsqueda de su hija, el 10 de mayo del 2017, el día de las madres, Miriam regresaba de una marcha de familiares de desaparecidos, cuando un grupo armado la asesinó dentro de su casa.

Tras el homicidio, varios activistas acusaron que Rodríguez Martínez había pedido protección al gobierno de Tamaulipas y que éste se lo había negado.

Inmediatamente, el titular de la PGJ de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aseguró que Enrique Yoel Rubio fue recapturado tras la fuga.

Además, indicó que, a través de una petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la PGJ y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas brindaron protección a Miriam Elizabeth, la cual se otorgó a través de rondines tres veces al día en su domicilio.

Sus compañeros activistas se preguntan ¿Cuál protección?

Mientras, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, publicó en twitter: “Expreso mi más enérgica condena por el cobarde asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez. Mis condolencias para su familia”.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto no se ha postulado al respecto. En su lugar, a través de su cuenta de twitter, se refirió en numeradas ocasiones y en inglés a la petición que el actor Leonardo DiCaprio le hizo sobre el cuidado de la vaquita marina.

Miriam en una marcha de desaparecidos en Tamaulipas. Foto Especial.

El caso de Miriam representa el peligro de las personas que exigen justicia ante el aumento del crimen y la violencia en el país, así como la incapacidad de los gobiernos de mostrar resultados.

De acuerdo con la CNDH, del 2006 a diciembre del 2016 han asesinado a 29 personas defensoras de derechos humanos.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en la presentación del Informe Anual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó sobre el incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan los defensores de los derechos humanos y periodistas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en México hay más de 30 mil desaparecidos.

Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México con 5 mil 558 casos, seguido del Estado de México con 3 mil 351 y Jalisco con 2 mil 634.

Sobre el asesinato de Miriam, la CNDH señaló: “Estamos frente a un crimen que confirma esta preocupación de la CNDH. Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables. Este hecho condenable ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México”.

Por su parte, Amnistía Internacional declaró: “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas. El violento asesinato de Miriam Rodríguez debe investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva”.

Y añadió: “Deben tomarse medidas serias para defender a las personas que buscan a sus seres queridos. La pesadilla a la que son sometidos al no saber la suerte o paradero de sus familiares y los peligros que enfrentan en su labor, la que realizan dada la negligente respuesta de las autoridades, son alarmantes”.

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