frojimxLuego de la entrada en vigor de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, los habitantes de la capital de país cuentan con un marco legal que los protege contra los desalojos arbitrarios y desplazamientos forzosos.
Se trata del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, que fue publicada el pasado 08 de febrero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Esta ley busca garantizar el derecho de los capitalinos de una vivienda digna que esté protegida de los desalojos, los cuales a partir de febreros sólo podrán realizarse en casos excepcionales.
Asimismo, la ley busca garantizar que antes de que se realicen los desalojos, sean protegidos los derechos de las personas a fin de evitar actos de discriminación y de violencia.
“Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen. Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas del desalojo.”
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá que cumplir con lo establecido en el Plan General de Desarrollo y con el Programa de Ordenamiento Territorial, los cuales señalan que se tendrá que diseñar, ejecutar y regular la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en la ley.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, en los últimos años se han incrementado los desalojos perpetuados por la vía judicial, de los cuales se calculan ocurren unos 2 mil al año.
Asimismo, denunciaron la existencia de desalojos ilegales que ocurren al amparo de la corrupción que “impera” en el sistema de justicia y en el Registro Público de la Propiedad.
“Han permitido la proliferación de redes que operan de manera ilegal con el objetivo de arrebatarnos de nuestras viviendas y vulnerar nuestros derechos. Estas redes se expresan en la violencia de las huestes de la Secretaría de Seguridad Pública, en los golpeadores profesionales al servicio de inmobiliarias frecuentemente ligadas a políticos, en los coyotes, notarios y abogados que se prestan a argucias legales para despojar edificios, predios y otros inmuebles ubicados en las colonias céntricas de la Ciudad de México.”
Vecinos de la capitalinos han señalado casos en los que el Gobierno ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, en los que utilizan hasta 800 granaderos y helicópteros para tomar edificios.
Además de otros casos en los que personas ajenas a alguna dependencia o institución del gobierno entran con armas a edificios a ocupar departamentos vacíos, de los cuales nunca han podido acreditar ser los propietarios legalmente.
“En estos últimos años hemos registrado cientos casos en la Ciudad de México, concentrados, sobre todo, en las colonias céntricas. En todos ellos se repiten los procesos legales turbios o irregulares: “elementos de seguridad” que ingresan a los edificios bajo el efecto de sustancias psicoactivas con el claro objetivo de amedrentar, el uso excesivo de la fuerza policiaca al momento de efectuar un desalojo ya de por sí arbitrario, “cargadores” usados como fuerza de choque para violentar no sólo a vecinos, sino a los mismos espacios que eran habitados.”
Según datos de las organizaciones de la sociedad civil las calles céntricas de la ciudad de México en los que se han perpetrado este tipo de situaciones son Mesones, Regina, Bucareli, Zapata, Arcos de Belén y República del Salvador.
