Rodrigo GutiérrezA cinco años de caso Ayotzinapa la verdad histórica está desmoronada y gran parte de sus implicados en libertad; con una serie de irregularidades la extinta PGR armó la principal línea de investigación en cuatro días, tras una llamada anónima y testimonios de personas ausentes
La noche del 26 y madrugada de 27 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron, nueve personas más –entre normalistas, miembros de un equipo de futbol y una pasajera de un taxi– fueron asesinados en Iguala, Guerrero.
Ante la presión de la sociedad, la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación donde aseguró que los normalistas fueron plagiados por miembros de las policías municipales de Iguala y Cocula, entregados a la banda delictiva “Guerreros Unidos”, quienes los interrogaron, asesinaron e incineraron.
Para sostener lo que el entonces procurador Jesús Murillo Karam llamó como la “verdad histórica”, la PGR detuvo a 142 personas entre policías, miembros del crimen organizado y hasta la pareja presidencial del ayuntamiento de Iguala.
A cinco años del caso Ayotzinapa, más de la mitad de los detenidos han sido absueltos y liberados; se prevé sean más los implicados prontos en salir de la cárcel. Y es que una serie de irregularidades manchan la “verdad histórica”.
En FrojiMX te presentamos los pilares fundamentales de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa de la PGR y las irregularidades en las mismas, para ello nos adentramos a documentos de la propia procuraduría y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La llamada anónima
El teléfono sonó en las instalaciones de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la agente ministerial Diana Elizabeth Guerrero Ruiz respondió la llamada. Eran las 23:15 horas del 26 de octubre del 2014, exactamente un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La voz de un hombre de alrededor de los 45 años aseguraba, del otro lado de la bocina, que los normalistas desaparecidos ya estaban muertos y sus restos habían sido tirados en el basurero de Cocula, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de dicho municipio y a 34 kilómetros de Iguala.
Sin dar más detalles, ni ofreciendo su identidad por temor a represalias, el informante colgó el teléfono. Junto con Diana Elizabeth, dos elementos de la SEIDO fueron testigos de la llamada, Aurelia Urzúa Domínguez y Luis Manuel López Mendieta.
Otro agente de la SEIDO, Francisco Cuauhtémoc Mauriño Cubas, ya en las primeras horas del 27 de octubre y tras conocer la llamada anónima, ordenó que se acudiera al basurero de Cocula con personal ministerial, peritos, así como con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Elementos de la PGR y del EAAF llegaron a las 10:00 horas del 27 de octubre al basurero de Cocula, trabajaron en la zona hasta las 17:40 horas, quedándose resguardado el lugar por alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del capitán Fernando López Valenzuela.
Durante días anteriores, la SEIDO había recibido más llamadas anónimas sobre el caso Ayotzinapa sin que estas tuvieran efecto en la investigación, solo tomaron acciones –y de una forma muy particular– tras recibir el telefonazo mencionado.
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Las detenciones oportunas
En octubre de 2014 se hicieron varias detenciones de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo, las realizadas el 27 de dicho mes, unas horas después de la llamada anónima, fueron fundamentales para armar el caso.
A las 4:00 horas del 27 de octubre, a las pocas horas de la llamada anónima, Benito Vázquez y Salvador Reza fueron detenidos. Durante su traslado a las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México, Reza Jacobo, entre lágrimas, aseguró que no tenía nada que ver en el caso Ayotzinapa, que él solo era un halcón de “Guerreros Unidos”.
Salvador Reza confesó, contradictoriamente, la versión de la llamada anónima: los estudiantes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, sin embargo, dio un nuevo aporte a la investigación: las cenizas habrían sido tiradas en bolsas al río Cocula.
El detenido menciona a varios miembros de “Guerreros Unidos” que sí participaron directamente en la desaparición de los estudiantes, entre ellos Agustín García Reyes, “El Cheje”, quien casualmente fue detenido 10 horas después de la captura de Reza Jacobo, a las 14:00 horas.
En el Acuerdo de Retención, “El Cheje” es acusado de participar en la ejecución de los estudiantes de Ayotzinapa, quemar sus restos en el basurero de Cocula y tirar las cenizas en el río San Juan, no en el río Cocula como lo había detallado Reza Jacobo.
A las 3:00 horas del 28 de octubre, Agustín García Reyes presentó su declaración ante el ministerio público, donde confirmó la versión de la llamada anónima y de Salvador Reza, confesando su participación.
Cabe mencionar que la orden de presentación por la cual detuvieron a Benito Vázquez y Salvador Reza, piezas claves en los primeros pasos para darle forma a la “verdad histórica”, nunca fue integrada al expediente.
La mano de Zerón
Al día siguiente, el 29 de octubre, “El Chereje” acudió junto con el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, al basurero de Cocula, así como al río San juan, donde dio detalles de los lugares donde supuestamente sucedió el asesinato y quema de los normalistas.
Ese mismo día, elementos de la Semar encontraron en el fondo del río una bolsa con restos humanos, los cuales –tras indagatorias en la Universidad de Innsbruck en Austria– eran de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmando así el destino de los 42 normalistas restantes y la “verdad histórica”.
Sin embargo, un día antes, el 28 de octubre, Tomás Zerón acudió con García Reyes al basurero de Cocula y al río San Juan, hecho que no fue registrado en el expediente, pero sí dados a conocer por el GIEI, lo que dio inicio a señalamientos de siembra de pruebas por parte del titular del AIC.
Al respecto, Zerón de Lucio dio su versión de los hechos, donde aseguró que llegó con “El Cheje” a Cocula a las 15:00 horas, donde fue conducido por el detenido por el basurero hasta el río.
Ambos estuvieron en ahí una hora, abandonaron el lugar bajo el argumento de que los peritos convocados no llevaban consigo todo el equipo adecuado debido a la urgencia del llamado, solo hicieron entonces reconocimiento de la zona para comenzar los trabajos al día siguiente.
Pero, los trabajos en el lugar habían comenzado desde las 10:30 horas, cuatro horas y media antes de la llegada de ambos, además continuaron hasta las 17:50 horas, quedando posteriormente resguardados por elementos de la Marina.
Tomás Zerón defendió la transparencia de sus actos asegurando que la prensa fue invitada al lugar, así como representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Al respecto, la ONU aceptó haber estado en el lugar, pero rechazó haber llegado hasta el río San Juan, por lo que desconoció las diligencias que ahí se realizaron.
El jefe de la AIC también presumió que miembros de la EAAF estuvieron presentes, pero estos reviraron a Zerón de Lucio, señalando que fueron limitados en su participación, que los trataron de forma violenta e incluso cuestionaron su temprana presencia en la zona.
Las sospechas sobre las pruebas sembradas aumentaron cuando el día del hallazgo de los restos de Alexander Mora, el Equipo Argentino negó haber estado presente en el momento en que la bolsa con los restos humanos fue sacada del río San Juan por buzos de la Marina.
Además, como jefe de la AIC, no estaba en las facultades de Tomás Zerón haber encabezado las indagatorias en el basurero y en el río San Juan, pues debió haber actuado bajo la conducción del Ministerio Público.
Zerón de Lucio tampoco poseía la competencia para llevar a “El Chereje” al lugar de los hechos, pues la AIC careció de documentos para hacerlo el día 28 de octubre, aunque sí lo hizo para el 29 de octubre, el día del hallazgo de los restos.
Sin detallar que los derechos de “El Cheje” fueron violados al no estar en compañía de su abogado defensor en el recorrido en Cocula, también el día 28 de octubre, siendo más, de importancia porque se encontraba confesando un crimen.
Es decir, la AIC se comportó de acuerdo a la ley durante su visita al basurero y al río el 29 de octubre, pero el 28 –día que en un principio se aseguró no se estuvo en Cocula con García Reyes– carecieron de toda legalidad.
El testimonio de un ausente
La principal línea de investigación de la PGR en el caso Ayotzinapa señala que los normalistas fueron asesinados por miembros de “Guerreros Unidos” al ser confundidos gente de “Los Rojos”, banda criminal enemiga de los primeros.
Una de las principales piezas para sostener dicha línea de investigación es Gildardo López Astudillo, “El Gil”, considerado jefe de sicarios de “Guerreros Unidos”, detenido el 17 de septiembre de 2015, casi un año después de la desaparición de los normalistas.
“El Gil”, ante la PGR, sostuvo que “halcones” de “Guerreros Unidos” le habían informado que los estudiantes eran “contras” que venían armados y que estaban peleando por la plaza, nunca le dijo que eran normalistas.
López Astudillo, sosteniendo que los normalistas eran de “Los Rojos”, temió que hicieran “desmadres” en la ciudad y que “calentaran la plaza”, por lo que se comunicó con Sidronio Casarrubias Salgado, líder de “Guerreros Unidos”, quien le ordenó que se encargara de ellos.
Por ello, “El Gil” dio la orden –como jefe de sicarios– de parar a los estudiantes de forma violenta.
En sus declaraciones, López Astudillo señaló a los subdirectores de las policías municipales de Cocula e Iguala como los encargados de orquestar el ataque y llevarse a los estudiantes a bordo de patrullas para luego entregarlos a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.
“El Cepillo” –por órdenes de “El Gil”– fue quien orquestó, junto con otros miembros de “Guerreros Unidos”, el asesinato y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En sus declaraciones ante la PGR, Rodríguez Salgado y Patricio Reyes Landa, “El Pato”, relatan que interrogaron uno a uno a los normalistas, quienes eran asesinados tras responder las preguntas. Sin saber con precisión, ambos recordaron entre 30 y 35 víctimas.
Ambos aseguraron que uno de los normalistas, Bernardo Flores Alcaraz, apodado como “El Cochiloco”, era un infiltrado de “Los Rojos” en la escuela de Ayotzinapa.
Los miembros de “Guerreros Unidos” –de acuerdo con la verdad histórica– hicieron una cama de piedras en el basurero de Cocula, la llenaron de neumáticos, colocaron los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa y le prendieron fuego.
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“El Cepillo” dejó el basurero, encargando el incendio a sus subordinados. Regresó la tarde del 27 de septiembre llevándoles comida y alcohol a quienes se habían quedado a resguardar la quema, les dijo que se fueran, se bañaran, quemaran sus ropas y entonces regresaran a levantar los restos.
Rodríguez Salgado, y demás miembros de “Guerreros Unidos”, empezaron a recoger las cenizas con unas palas, recolectándolas dentro de unas bolsas grandes de material de plástico, las llevaron hasta el río San Juan y ahí las tiraron.
“El Gil” –según la versión de la PGR– siempre estuvo al tanto de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en su declaración señaló sobre el ataque a un camión que confundieron con el de los estudiantes, donde viajaba el equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo y fallecieron ocho personas.
También supo que uno de sus “hombres”, junto al compadre de este, acorralaron y asesinaron a Julio Cesar Mondragón, el normalista que apareció desollado en las calles de Iguala. Incluso detalla que fueron estos quienes lo desollaron y no la fauna local como autoridades lo sostuvieron.
“El Cepillo” le hizo saber a “El Gil” que el “trabajo” estaba hecho, López Astudillo a su vez informó a Sidronio Casarrubias Salgado lo que había sucedió a través de un mensaje telefónico: “Los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar”.
Así, miembros de “Guerreros Unidos”, según siempre la versión oficial de la PGR, así como policías municipales de Iguala y Cocula, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, plagiaron a los sobrevivientes, los torturaron, los asesinaron, incineraron sus cuerpos y los tiraron al río.
Sin embargo, en su primera declaración “El Gil” rechazó haber participado en la desaparición de los estudiantes; la PGR usa únicamente la ampliación de declaraciones, no las originales, de acuerdo con el GIEI.
“Quiero precisar que como ya dije, yo no di la orden de nada, ni mucho menos estuve presente en ningún lugar, ni prive de la libertad a ningún estudiante, ni mucho menos ataque ni ordene atacar a nadie”, refirió “El Gil” en su primera declaración.
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Por su fuera poco, la segunda declaración de López Astudillo se hizo sin presencia de su abogado, ni de representante del GIEI, quienes sí estuvieron en su declaración inicial donde se dijo inocente.
Además, López Astudillo no es testigo presencial de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, es testigo referencial, es decir, refiere los hechos porque otras personas que participaron se los habrían narrado, nunca estuvo presente.
Por otra parte, las declaraciones de “El Gil” mencionan que el grupo asesinado de estudiantes habían sido divididos en dos, unos llevados al basurero de Cocula y otros a un lugar desconocido, siendo asesinados y lanzados sus restos al río San Juan, un número menor de los 43 normalistas.
En caso de ser cierta las palabras de “El Gil”, no todos los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula.
La tortura
Varios de los detenidos por el caso Ayotzinapa habrían sido torturados y violados sus derechos humanos por la PGR, incluso han salido de prisión por violaciones a su debido proceso. Tanto “El Gil” como “El Chereje” habrían sido torturados tras sus capturas.
Entrevistado por el GIEI, López Astudillo aseguró que fue víctima de tortura por parte de elementos de la PGR. Al respecto, tras su detención, se desconoce el contenido del informe de posibles lesiones contra “El Gil”, mientras que en el segundo informe se detallaron ocho lesiones.
Cuando “El Chereje” fue detenido, un médico le detectó sólo una equimosis en hipocondrio izquierdo. Sin embargo, la madrugada del 28 de octubre, al día siguiente de su captura y a unas horas de su primera visita al basurero de Cocula y el río San Juan, García Reyes tenía 30 lesiones.
Posteriormente, en su declaración de las 3:00 horas del mismo 28 de octubre, “El Chereje” aseguró que fue torturado, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo golpearon y le dieron toques.
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El informe médico del 29 de octubre es exactamente igual al de su declaración, a tal grado que está redactado con las mismas palabras y hasta puntuación. Para el 31 de octubre, “El Cheje” presenta siete nuevas lesiones, entre ellas eritemas en ambas muñecas.
Durante noviembre y diciembre, en sus evaluaciones médicas, García Reyes va presentando nuevas lesiones. Las autoridades argumentan que estas se presentaron por actos de sometimiento, inmovilización y traslado con forcejeo y resistencia, pero no de tortura.
Esto sugiere que “El Gil” y “El Chereje” pudieron haber sido torturados para cambiar sus declaraciones sobre lo sucedido en el caso Ayotzinapa y la “verdad histórica”.
