Heiji MorimotoNo había ninguna explicación, nadie le decía la razón del por qué lo detenían, ni tampoco su familia habría recibido alguna notificación de lo que estaba pasando. Ahí estaba José Adrián de 14 años, originario de la comunidad X-Can ubicada en el Estado de Yucatán, esposado y rodeado de policías quienes sin prueba alguna, lo acusaban de haber agredido una unidad.
La fecha que marcaba el calendario era la de 25 de febrero del 2016. El hermano de José había visto unas calles cerca de casa la escena de un altercado que por las rocas y piedras que ya hacían tiradas en el piso a un lado de una patrulla que por lo vidrios quebrados y los golpes que lucía el vehículo, daban a entender que momentos antes habría sucedido un conato de bronca entre personas y uniformados.
Y al ver tal suceso lo primero que vino a su mete fue que su hermano a esas horas salía de la escuela y la ruta que tomaba todos los días para regresar a casa, era cerca de donde ya hacía la unidad policíaca. Preocupado y sin pensarlo dos veces, decidió acelerar el paso e ir su hogar en busca de su hermano, esperando encontrarlo en dicho lugar y cerciorarse así de su bienestar.
Pero no fue así, a unas cuantas cuadras de llegar a su destino, vio que José Adrián ya había sido sometido por unos agentes, quienes sin alguna prueba y sin testigos que secundaran las acusaciones lo acusaban de ser el responsable de la riña.
José Adrián quien llevaba ya unos minutos detenido por los agentes, nunca le explicaron del por qué lo tenían ante dicha situación, y su familia se enteró gracias a que su hermano lo encontró, ya que en ningún momento los oficiales le permitieron dar aviso con alguien de su familia.
Y previo a que lo subieran a un vehículo, el chico de 14 años, quien padece de una discapacidad auditiva que no le permite escuchar adecuadamente, ya había sido golpeado, despojado de sus zapatos y de su camisa, lo aventaron contra el suelo y le pisaron el cuello, inmediatamente después fue esposado y se lo llevaron a la población llamada Chemax.
Una vez ahí, utilizaron la cadena de las esposas para colgarlo en la parte alta de la pared para amenazarlo y golpearlo con tal de que terminara declarándose como responsable de los hechos ocurridos aquel día.
Agresiones que derivaron en varias lesiones que tardaron días en sanar y además el gobierno se valió de ignorar tales hechos y no dio atención médica para José.
Horas más tarde sus padres llegaron y fueron obligados a firmar un convenio ante un Juez de Paz. Ante dicho documento se comprometían a dar un pago de $2 mil 500 pesos por los daños causados a la patrulla, más una multa de $700 pesos.
Los padres de José Adrián fueron amenazados diciéndoles que si no firmaban, su hijo iría a la cárcel. Sin embargo, solamente pudieron juntar el dinero de la multa, y acordaron que el pago de los supuestos daños de la patrulla se cubriera gradualmente.
Posterior a esto, la familia del joven de 14 años interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía del Estado, pero no se ha investigado, por lo que han hecho caso omiso.
Así como es el caso de José Adrián, a lo largo y ancho de la república se presentan a diario distintos casos de personas que han llegado a ser arrestadas sin motivo alguno y sin que desde un inicio mínimamente se les informe las razones de la detención.
El caso del joven yucateco, fue un hecho documentado e investigado por Amnistían Internacional, quienes en el informe “Falsas Sospechas”, hablan acerca de las prácticas que utilizan los policías del país para detener a alguna persona arbitrariamente.
Dicha organización ha declarado que en México, los hombres y mujeres que son arrestados cuando comenten un supuesto delito, no suelen funcionar como una respuesta que dé resultados a favor de la seguridad. Sino mejor dicho, es una técnica que utilizan los agentes de forma ilegal, principalmente en contra de personas que vienen de un extracto social pobre y que históricamente han sufrido discriminación.
En la república mexicana un oficial tiene la facultad de arrestarte siempre y cuando esté establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como por ejemplo:
La Orden de Aprensión es cuando el arresto ocurre en cumplimiento de una orden emitida por un juez penal, solicitado por el Ministerio Público. También existen los Casos Urgentes, el cual se presenta cuando el MP, considera que no tiene la aun las credenciales suficientes para solicitar una orden pero existen un riesgo real de que la persona sospechosa huya del país o se oculte.
Mientras que los arrestos en flagrancia es cuando un policía sorprende a un ciudadano cometiendo un supuesto acto delictivo. Éste tipo de arresto es el que más utilizan los policías para ejecutar detenciones arbitrarias.
En los distintos casos que se hablan en el informe presentado por Amnistía Internacional, se ha podido ejemplificar que estas detenciones que usualmente realizan los agentes de todas las corporaciones, son para extorsionar a las personas que son privadas de su libertad, o son pagados por terceros para que detengan a determinado sujeto.
La misma organización ha dicho que prácticamente en todas las detenciones de todos los niveles policiacos, cuando efectúan un arresto, no informan y por ende violan los derechos básicos de los ciudadanos.
Cuando una persona es arrestada, los agentes no respetan la integridad del detenido y es golpeado y torturado. Tampoco se les asigna o se les permite tener un abogado, ni se les informa las razones de la detención y no se les lee sus derechos. En muchos casos, los policías llevan a otros lugares a las personas y no son llevadas inmediatamente ante la autoridad competente.
Algo que resalta el informe es que en México, las autoridades fabrican lo hechos de algún delito inexistente, para después pasar a otros asuntos y así sucesivamente. Los agentes siembran evidencia, para generar una falsa flagrancia para después detener a una persona.
Según el Barómetro de las Américas, en el top 10 de países en lo que se confía más en su sistema de justicia, México ocupa el noveno lugar, con una confianza del 48%. En cuanto al listado de países donde la policía tiene una mejor reacción ante algún delito, nuestro país simplemente no figura, teniendo por encima a países como Costa Rica y Panamá.
El Inegi, a través de La Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana: el 72% de los ciudadanos cree que la ciudad en la que viven es insegura. Mientras que el Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM, dio a conocer que al menos mil 200 personas en el 2016 fueron víctimas de extorsión y de agresión física o psicológica, por parte de algún agente.
Un estudio realizado el año pasado: “Ser Policía en México”, arrojó resultados en los que se dieron a conocer que el 35% de la población asocia a los agentes con la corrupción; el 13% con inseguridad y el 19% con cuestiones negativas como: miedo y desconfianza.
