Denise Jiménez MondragónEn la mañanera del 16 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para el 1 de diciembre de ese año México tendría un sistema de salud similar al de Dinamarca, Canadá o Reino Unido.
Sin embargo, en su plan de transformar la atención médica en el país no contempló las diferentes condiciones y necesidades de salud de la población de estos países, ni menos la pandemia que se declararía un par de meses después.
La promesa del mandatario parecía sencilla: gratuidad en los servicios de salud para toda la población, sin importar afiliación o condición socioeconómica; servicios de calidad y eficientes. No obstante, la pandemia llegó a reiterar la falta de infraestructura hospitalaria y de personal médico que impera.
Dentro de estas medidas de cobertura universal, el gobierno federal también desapareció la implementación de los estudios de niveles socioeconómicos para acceder a servicios de salud, medida que, para algunos expertos, lejos de representar una ventaja podría significar una lucha entre los pacientes que definitivamente no pueden costear una atención médica y entre aquellos que sí y que, aun así, buscarán la gratuidad por conveniencia. Como dicen por ahí, “todo para todos” tiene un riesgo.
Pero bien, en los sistemas de salud de Islandia, Dinamarca y Suecia toda la población tiene acceso a servicios salud (cobertura universal) y realiza pequeños gastos de bolsillo.
En México, la cobertura está segmentada, es decir, la población de menos recursos es atendida por médicos generales y pequeños hospitales dispersos y poco regulados, mientras que la población de mayores recursos es atendida en grandes hospitales y por médicos especialistas.
Sin mencionar la poca relación que existe entre instituciones públicas y el sector privado, situación que ha fortalecido la presencia del gasto de bolsillo (el costeo de una enfermedad con dinero del propio paciente).
Mientras que en Dinamarca, Suecia e Islandia su gasto de bolsillo está entre 13 y 16 por ciento, el de México es de 41 por ciento, es decir, casi la mitad del gasto de salud del país sale del bolsillo de las familias, de acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con relación a la prestación de servicios públicos y privados, estos países nórdicos concentran sus servicios de manera pública, mientras que en México, 29% de las camas y 44% de las consultas son privadas.
En cuanto al financiamiento de la salud, en Islandia el régimen del seguro de salud se financia a través de los impuestos; en Dinamarca está financiado por el impuesto sobre la renta, además de que los medicamentos del hospital son gratis; por su parte, Suecia se financia mayoritariamente de impuestos regionales y estatales y se complementa con algunas participaciones federales; en México, el financiamiento se realiza a través de aportaciones tripartitas, impuestos, gasto de bolsillo y aseguramiento privado.
Para que México tenga un sistema de salud nórdico tendría que trabajar de la mano el sistema público y privado; contar con suficientes médicos y enfermeros que, a su vez, reciban capacitación continua; regular la atención médica, cuidar que sea segura, eficiente y de calidad, en sitios avalados por las autoridades sanitarias; crear programas encaminados a la prevención y no a la cura de padecimientos, para así desahogar la demanda de atención por enfermedades crónicas no transmisibles.
Diferencias poblacionales, tasas de mortalidad dispares, economías en diferente desarrollo, atención a distintas enfermedades, situaciones que dificultan la tarea del gobierno de llevar al sistema de salud mexicano al nivel de los europeos.
Los nórdicos promueven la salud tanto en la política como en la educación, el sistema mexicano prefiere curar que prevenir, cuando en algunos casos, ya no haya mucho que hacer.
Mi familia tuvo tres casos covid, solo uno fue contado: el subregistro de la pandemia
