Rodrigo GutiérrezPara el Gobierno de México ya no hay guerra contra el narcotráfico, pero para los estadounidenses la batalla contra los capos continúa y el líder del CJNG es el siguiente en la lista
“¡Culpable!”, sentenciaron en diez ocasiones cada uno de los 12 miembros del jurado en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el capo criminal más importantes de los últimos 25 años y exlíder del Cártel de Sinaloa.
El caso estaba hecho. Con más de 14 mil páginas de documentos, miles de audios, videos, fotografías y 53 testigos, las evidencias contra del narcotraficante sinaloense era abrumadora. Eso lo sabía muy bien el gobierno de Estados Unidos, por ello, incluso antes de que se dictara veredicto contra Guzmán Loera, ya tenían a la mira al siguiente objetivo.
Desde el primer día de deliberaciones del jurado para definir el veredicto de “El Chapo”, dos de los fiscales estadunidenses del caso ya trabajaban en un nuevo expediente contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de Andrea Goldbarg y Anthony Nardozzi. Ambos fiscales tienen en sus manos las investigaciones contra “El Mencho” que datan desde el 2014.
A finales agosto del año pasado, el gobierno de Donald Trump y la administración saliente de Enrique Peña Nieto comenzaron una cacería contra Oseguera Cervantes.
E incluso, “El Mencho” casi fue capturado. La madrugada del pasado 15 de agosto, la colonia La Manga, del municipio de San Julián, Jalisco, fue escenario de un duro enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La balacera terminó luego de que los criminales huyeran del lugar, el saldo: dos muertos, tres detenidos, tres militares más heridos y un fuerte arsenal decomisado, del cual destacaba un lanzacohetes, ocho fusiles Barret y 47 armas largas, así como 30 pistolas de diferente calibre y más de 60 mil cartuchos.
Versiones extraoficiales de los hechos aseguraron que Oseguera Cervantes era el objetivo de dicho enfrentamiento y que apenas había alcanzado a escapar con unos cuantos de sus hombres, abandonando vehículos y armas.
Desde entonces, la Procuraduría General de la República (PGR, actualmente Fiscalía General de la República) aumentó la recompensa en contra de «El Mencho» de 2 millones a 30 millones de pesos.
El aumento de esta recompensa ponía al líder del CJNG en el mismo nivel de peligrosidad que a Ismael “El Mayo” Zambada o Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, ambos viejos capos y fundadores del Cártel de Sinaloa, junto con “El Chapo”.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa por la captura de Oseguera Cervantes por 10 millones de dólares, cifra que las autoridades estadunidenses han puesto sobre la mesa por capos como Rafael Caro Quintero y el mismo Zambada García.
En único obstáculo del gobierno de Estados Unidos en su cacería contra “El Mencho” sería la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El recién llegado presidente de México ha reiterado que la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha terminado y que la estrategia de “descabezar” a los cárteles de la droga neutralizando a los principales capos de la droga no continuará.
“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos, lo que queremos es reducir la inseguridad atendiendo las causas”, dijo el presidente mexicano en una de sus conferencias mañaneras el pasado 30 de enero.
Y sus razones son entendibles. Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se realizó una lista de 122 objetivos prioritarios, líderes de los cárteles de la droga, para ser neutralizado.
Seis años después, la mayoría de estos objetivos prioritarios fueron detenidos o abatidos por las Fuerzas Federales, sin embargo, en lugar de disminuir la violencia, esta se disparó a niveles históricos.
Los últimos dos años, 2017 y 2018, fueron los más violentos en la historia reciente del país, de acuerdo con datos oficiales, dejando un saldo de 62 mil 199 asesinatos.
Sin embargo, López Obrador ha iniciado otro combate, ahora contra el robo de combustible, llamado “huachicol”, un crimen que en 2018 significó una pérdida por 66 mil millones de pesos y que aumentó en un 45% tan sólo en el último año.
Irónicamente, gran parte de este crimen es controlado por cárteles de la droga que diversificaron sus actividades delictivas durante la “guerra contra el narcotráfico”, incluso en entidades claves del robo de combustible también aumentó la violencia como Guanajuato, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Estado de México.
En cuatro años los asesinatos incrementaron 243.7% los asesinatos en Guanajuato, 129% en Puebla, 173.4% en Veracruz, 45.5% en Hidalgo y 15.15% en Estado de México.
Los otros Guzmán en la mira de EU
Luego de la caída de Joaquín Guzmán Loera, existe descendencia de “El Chapo” que está en la mira del gobierno de Estados Unidos.
“Los Chapitos” son los primeros. Se trata de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de la primera esposa de “El Chapo”, Alejandrina María Salazar Hernández.
Considerados los líderes máximos del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre, “Los Chapitos” pelearon a muerte su herencia criminal con Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, y Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, compadre y ahijado, respectivamente, de Guzmán Loera.
En medio de la disputa por el cártel, los Dámaso fueron detenidos, ambos terminaron en Estados Unidos.
En septiembre del año pasado, Jesús Alfredo Guzmán Salazar fue incluido en la lista de los 10 criminales más buscados de la DEA.
Mientras que el 21 de febrero de este año, unas semanas después de que “El Chapo” fuera declarado culpable el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.
Ovidio Guzmán López
Ambos son hijos de Guzmán Loera y de su segunda esposa identificada como Griselda López.
El perfil de estos dos últimos narcotraficantes ha sido bajo, hasta ahora que el gobierno norteamericano los puso en su mira.
