Rodrigo GutiérrezAbraham Rodríguez se encontraba en su casa cuando un amigo le avisó que su hijo y su sobrino habían sido detenidos por elementos del Ejército Mexicano.
Era la noche del 27 de enero del 2016, alrededor de las 21 horas, en Tepetitlán de Morelos, Jalisco, cuando el señor salió rumbo a casa de hijo, llamado también Abraham, de 20 años, para averiguar qué fue lo que sucedía.
A uno metros del lugar, se percató que alrededor de 10 militares rodeaban la casa de su hijo, mismos quienes le dijeron que no podía entrar, que se retirara, sin embargo, Abraham se quedó ahí.
Estuvo dos horas escuchando como salían gritos de dolor del inmueble, mientras se oían las voces de los uniformados preguntando por el paradero de unas drogas.
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Alrededor de las 23 horas, los soldados sacan de la casa a tres jóvenes: al hijo de Abraham; a su sobrino, Luis Enrique Machuca Martí y a Juan José Gutiérrez, al parecer amigo de los dos primeros.
Los militares se los llevaron del lugar, así como dos vehículos propiedad de Abraham Junior y de Francisco Javier, un cuarto joven, en muletas, que estuvo en el lugar y que fue liberado por los soldados.
Francisco relató que había ido a un chequeo médico cerca de la casa de Abraham Junior, por lo que decidió visitarlo. No tenía mucho en el inmueble, cuando los militares irrumpieron el lugar.
Abraham pensó que su hijo y sobrino habían sido presentados ante alguna autoridad ministerial, por lo que comenzó a dirigirse a diferentes agencias del Ministerio Público, tanto local como federal, pero en ninguno supo del paradero de los jóvenes.
El 28 de enero, acudió al auditorio público municipal “Miguel Hidalgo”, donde elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional estaban instalados desde hace un año. Ahí preguntaron sobre el paradero de Abraham Junior y Luis Enrique, pero tampoco sabían de ellos.
Sin embargo, Abraham se percató que en el lugar se encontraban estacionados los vehículos de su hijo y de Francisco Javier.
Al respecto, los uniformados les dijeron que se llevaron los automóviles porque tenían reporte de robo.
Por ello, Abraham levantó una denuncia por la desaparición de los jóvenes ante el Ministerio Público, cuando llegaron los militares con los vehículos de Javier y Abraham Junior, diciendo a las autoridades civiles que detuvieron a unas personas pero se les escaparon.
La denuncia no sirvió de mucho, pues al día siguiente encontraron a los tres “detenidos”.
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En un sembradío de la carretera Tepatitlán-Tototlán, Abraham Junior y Luis Enrique fueron hallados sin vida, semidesnudos y con huellas de tortura. Junto a ellos, Juan José estaba aún vivo.
El caso de los jóvenes torturados, golpeados y asesinados por presuntamente elementos del Ejército Mexicano, fue documentado y dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las torturas relatadas por los sobrevivientes
Tras ser valorado por un hospital de Tepetitlán, Juan José relató a la CNDH que aquel 27 de enero de 2016, salió de su trabajo entre las 20:30 y 21:00 horas de la noche, cuando acudió a visitar a dos amigos, “El Junior”, como le decían al hijo de Abraham y “El Quique”, es decir, Luis Enrique.
Ahí estaba también Francisco Javier, a quien no conocía pero identificó como el que tenía muletas.
Llevaban media hora en el lugar cuando, continúa Juan José, los militares tocan la puerta, por lo que los otros jóvenes suben a la azotea a resguardarse y él va a abrir la puerta.
Sin embargo, al ir a la mitad de las escaleras vio a varios soldados ya dentro de la casa. Lo someten de forma inmediata e inmediatamente lo comienzan a golpear a tablazos en las nalgas.
“[Los uniformados] me bajan los pantalones a las rodillas y me dan más de 100 tablazos, al tiempo que me aplican toques eléctricos en todo el cuerpo colocándome, además, agua, sal, cloro, fabuloso (jabón) en los ojos y todo el cuerpo”.
Por las torturas, Juan José se desmayó varias veces, pero eso no hizo que los militares pararan.
“Me patearon en todas partes, me pegaron con una tabla con clavos en la planta de los pies […] gritaba para que me dejaran en paz”, mencionó el joven ante la CNDH.
Los militares revisaron la vivienda, encontrando así a Abraham Junior y a Luis Enrique, a quienes bajaron de la plata alta para golpearlos con tablazos, toques eléctricos, patadas y tablas con clavos en los pies.
Al mismo tiempo que los flagelos, los soldados preguntaban acerca de armas, drogas y grupos delictivos a los jóvenes, ellos negaban los vínculos y recibían mayor castigo.
De acuerdo con Juan José Gutiérrez, la tortura militar duró alrededor de dos horas.
Sobre Francisco Javier, Gutiérrez no da detalles de lo que le sucedió. Sin embargo, el joven en muletas aseguró que lo soltaron por su lesión y debido a que ellos vieron que llegó al lugar, es decir, estuvo en un mal lugar en un mal momento.
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Luego de no encontrarles ilícito alguno, señala Gutiérrez, los militares se los llevaron, en un vehículo oficial de la Sedena, a un lugar desconocido.
Durante el viaje, los golpes continuaron y con ellos los constantes desmayos, así como los interrogatorios: “¿Dónde tienen la droga y armas?, ¿A qué cártel pertenecen?”.
Al paso de unas horas, los militares quisieron hacerle una “llave china” a Juan José, para romperle el cuello, pero como es “muy corpulento y gordo”, no pudieron. Luis Enrique y Abraham no tuvieron la misma “suerte” a ellos sí les “torcieron el cuello”.
De tanto golpe, se desmayó y ya no supo nada. Cuando despertó, ya era de madrugada, volteó a ver a sus amigos pero no se movían, como no podía levantarse se arrastró, entonces, para acercarse a ellos.
Juan José intentó mover a “El Quique” y a “El Junior”, pero solo sintió sus cuerpos tiesos, ya estaban muertos.
Trató, de nuevo, de levantarse pero no pudo, por lo que intentó gritar, tampoco podía, volvió a perder el conocimiento. Cuando despertó nuevamente, ya estaba en el hospital.
De acuerdo con la CNDH, mientras que los militares dentro del inmueble aseguraron primero que nunca se llevaron detenidos a los jóvenes aquel 27 de enero y luego se contradijeron aceptando que se los llevaron, pero se escaparon; otros elementos uniformados declararon que sus compañeros golpearon y se llevaron a los sujetos aprehendidos.
La Revista Proceso informó que sólo se sabe el nombre de un responsable de los hechos que culminaron en la muerte de Abraham Junior y Luis Enrique: se trata del teniente de infantería paracaidista José Martín Graciano González.
El documento, señala el semanario, está firmado por el juez militar, teniente coronel Pablo Raúl Dávila Pérez, donde señala a Graciano González “y otros” por “desobediencia e infracción por deberes comunes a todos los militares que están obligados a servir en el Ejército, con motivo de los hechos suscitados en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el 27 de enero del año en curso, donde fallecieron dos personas y una más quedara gravemente lesionada».
4 mil militares cometieron más de 2 mil delitos en menos dos años
4 mil 483 soldados fueron sentenciados por cometer 2 mil 70 delitos, tan solo de enero de 2015 a octubre de 2017.
Es decir, en ese lapso, uniformados cometieron, en promedio, 730 delitos al año, 60 al mes, dos al día.
Así lo señalan datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por FrojiMX a través de transparencia.
Deserción, desobediencia, delitos contra el honor militar, abandono de servicio y abuso de autoridad, son los crímenes que más cometieron los uniformados en 34 meses.
Mientras que los soldados, cabos, sargentos segundos, tenientes y subtenientes, fueron los cargos militares con más delitos cometidos en poco menos de dos años.
La instancia detalló que no tiene más información debido a que ésta no se encuentra dentro de las funciones de la secretaría.
La «Guerra contra el Narco» y la Ley de Seguridad Interior
Desde el inicio de la llamada «Guerra contra el narco» en 2006, diferentes instituciones nacionales como internacionales se han referido a lo preocupante que es la inmersión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por lo que han exigido el regreso paulatino de las mismas a los cuarteles.
Ante tal presión, el Gobierno Federal ha propuesto la Ley de Seguridad Interior, la cual, aseguran, es un primer paso hacia el regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles.
Sin embargo, las mismas organizaciones no gubernamentales, desde la CNDH, Amnistía Internacional Human Right Watch y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han mostrado su rechazo a la legislación realizada por la actual administración, ya que aseguran únicamente legaliza la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
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Pese a los dichos de los organismos nacionales e internacionales, así como a la posición en contra de expertos y de la sociedad civil, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la ley.
Actualmente, la legislación se encuentra en el limbo, pues el presidente Enrique Peña Nieto mandó la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que definiera si la Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional o no y así siga o sea desechada.
