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Los niños invisibles: en las huellas del feminicidio

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A veces recuerdo su dulce voz, sentía como tocaba mi cara con sus manos suaves, mi abuelita me dice que la ve en mis ojos. Un día la vi salir y ya no regresó. La esperé muchas veces sentado frente a la puerta. Ya no quiero ir a los festivales, casi nunca va nadie, cuando van mis tíos o mi abue siempre lloran, ya no quiero que lloren, me pongo triste  y recuerdo a mamá. 

El 10 de mayo me dicen que tengo que ver al cielo para encontrar a mi mamá. Cada vez que cierro mis ojos puedo verla un poquito. Sé que me extraña y yo a ella, la verdad no sé cómo se fue, pero sé que no soy el único que ya no tiene a su mamá. 

Mi abuela está cansada, siempre habla por teléfono y yo veo la tele o hago tarea, ya no salgo a jugar, dice que es peligroso.

Estos son recuerdos borrosos de uno de los niños que viven bajo la sombra de convertirse en un fantasma, en un ser invisible. Tan solo en México 238 huérfanos por feminicidio reciben atención por parte del Estado como víctimas de violencia, aunque se reconoce que cada año, en la última década, hay por lo menos 3 mil niños y niñas cuya madre fue víctima de homicidio por odio. 

En la práctica, la respuesta es desigual y deficiente, como es el caso de Magdalena Velarde cuyo hecho de perder a su hija significó entrar a un mundo completamente desconocido, desde el primer instante que descubrió que su yerno era el femicida, inició un largo camino por la justicia que va más allá de papeles, de abogados, que le respetaran su dolor y sobre todo que ella pudiera responsabilizarse de su  nieto.

Entre otros datos, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México existen 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad a causa del fallecimiento de los progenitores, por migración o crimen organizado, de los cuales no se sabe qué es lo pasa con ellos. 

El conteo sobre víctimas indirectas que lleva cada estado es distinto, ya que de las 32 entidades sólo un tercio lleva un control formal de los casos, el resto presume no tener registro alguno de los huérfanos por feminicidio. A nivel nacional las cifras son inexactas, no hay una ley que obligue a llevar un control sobre las víctimas.

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Infografía informativa

Dentro de las entidades federativas con mayores índices por feminicidio se encuentra el Estado de México, donde 11 de sus municipios cuenta con Alerta de Género y en los que corren mayor riesgo de tener niños desamparados, uno de los cientos de casos es de Magdalena Velarde, ella recuerda a las autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli (el cual está dentro de esta categoría) como ineficientes, arrogantes, insensibles. 

En el Ministerio Público le impedían que investigara sobre el caso de su hija, además de decirle que no podía mover ninguna carpeta de investigación, al poco tiempo los tratos fueron peores. 

“Hay que esperar, son muchos casos, también el Ministerio te pone muchas trabas”,  Magdalena Velarde, madre de Fernanda, víctima de feminicidio. 

En todos los casos  prevalece una cuestión, la falta de apoyo por parte del Estado  hacia los huérfanos, de acuerdo con expertos, además de ser violencia feminicida es violencia institucional, ya que las autoridades omiten pistas, pruebas, datos que desatan la impunidad, las víctimas dicen que la situación es desgastante, tediosa.

Proceso tardío

Los hijos de  víctimas de feminicidio son huérfanos olvidados, afectados por ola de violencia en el país, ellos y sus madres son víctimas de la indiferencia de la fiscalía y el Estado.

Cuando pierden a su madre, pierden todo, su estabilidad se ve afectada en varios sentidos, el vicio de la burocracia los abraza.

Procedimiento legítimo

Una de las personas primeras con quienes llegan los menores después de que se hace la denuncia del asesinato, es el perito criminólogo, que se encuentra en el área de victimología infantil y recibe un aproximado de 130 niños y adolescentes de entre 4 y 12 años diariamente. 

Andrea Olguín, especialista en el área de victimología, se encarga de realizar un historial clínico para evaluar al menor; ya sea porque este llegue con sentimientos de rencor, venganza, odio o remordimiento; o lo contrario, no sepa qué es lo que pasa en realidad y se encuentra en un momento de shock.

En su caso, Olguín sigue una serie de pasos para poder tener un primer acercamiento: 

“Primero hay que distraer su mente utilizando recursos como juegos de mesa, libros para colorear, juguetes, etcétera, para después platicarle algo acerca de mí, y después preguntarle qué fue lo que pasó y si tiene miedo, preguntarle el por qué”

Este proceso no es seguido por todas las estancias que se encargan de recibir a los huérfanos,  cada estancia supone una serie de procesos diferentes que en general deberían cubrir todos los aspectos a evaluar. 

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Fotografía  de internet

Dentro de una utopía, cada niño huérfano debería recibir atención psicológica, al igual que las personas que se queden a su cuidado, aprender a llevar su duelo y trabajar en conjunto para superar la realidad, pues en muchos de los casos los menores son testigos de los homicidios dolosos de sus madres.

Cuando se habla de atención psicológica nos referimos a un tratamiento específico para cada caso, por eso la importancia de tener no solo un conteo oficial de víctimas indirectas, si no de cada caso, de cada niño y familia, ya que de esto dependerá la ayuda especializada que se le proporcione. En el caso de un menor presencie el acto, es indispensable brindarle atención inmediata pues de lo contrario esta huella será difícil de superar. 

En la etapa en que  los menores se encuentran en la transición de niñez a adolescencia es de suma importancia llevar un programa para evitar futuras consecuencias a raíz de la pérdida de su madre. Cada feminicidio lleva consigo una historia detrás, por eso deja de ser un asesinato más, y se vuelve una marca muy grande para cada víctima indirecta.

Omar Cortés Colín, penalista alude a que tiene que existir un proceso para dictar la permanencia del menor en su entorno,  quienes se encargan de determinar la custodia es, en primera instancia, un psicólogo perito, seguido de un trabajador social, ellos evalúan las condiciones óptimas para la estancia de los huérfanos.

Las condiciones psicológicas, sociales y económicas en las que el menor se encuentra y lo que es más conveniente para su bienestar, cómo se ha mencionado esto solo sucede en el imaginario de la burocracia, pero en la práctica el proceso es nulo, usualmente la custodia no se tramita o tarda meses o hasta años y los niños quedan en un “desamparo legal”.

Gracias a las denuncias de  Sandra Soto, familiar de una víctima de feminicidio, abogada y creadora de la página en la red social de facebook “Los machos nos matan en México”, actualmente 18 niños en Coahuila reciben un apoyo bimestral de 4 mil pesos, además de atención psicológica y legal necesaria. 

“Tengo alrededor de 100 quejas de los diferentes estados, pero no se ha llevado a cabo el encuentro con ningún gobernador”, Sandra Soto.

¿Qué sucede con los niños?

La posibilidad de Magdalena de acercarse a su nieto se limitaba a una visita quincenal y parte de sus vacaciones, pero el acuerdo se rompió desde hace medio año, situación que preocupa a la familia ya que cuando tenían oportunidad de verlo lo encontraron golpeado.

La situación con los niños es difícil, en primer lugar por la incertidumbre sobre lo que va a pasar con ellos mientras inicia la investigación, en segundo por que   atraviesan un duelo y ante la situación es complicado explicarles que su madre ya no volverá a estar con ellos, además de decirles quién fue la persona que le quitó la vida.

Un niño puede tener diferentes destinos, el primero es quedar en manos de una institución pública, en este caso en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargado del cuidado de los niños, su estancia dependerá de la determinación  de las autoridades correspondientes.

Una vez asentada la custodia, ya sea con los familiares de la madre o del padre, en el ideal, el infante deberá ser llevado a terapias psicológicas así como un seguimiento del caso particular, en este proceso la familia puede perder de nuevo la custodia debido a que el menor presente conductas irregulares o no progrese.

El último camino: la adopción

En caso de que ninguna de las dos  familias posea las condiciones para estar con el  menor, existe la posibilidad de la adopción. Aunque este proceso no siempre es amparado por las instituciones oficiales sino también existen organizaciones gubernamentales y asociaciones civiles que se dedican a dar opciones de protección. A pesar de esto es complicado que puedan ser adoptados ya que no todos los posibles adoptantes califican las pruebas correspondientes. 

Miguel Ángel Aparicio García es especialista en derecho laboral, él menciona que uno de los factores que puede influir sobre los posibles padres adoptivos es la falta de compromiso  de cuidar a un niño con secuelas psicológicas importantes como el haber vivido situaciones de violencia en su núcleo familiar cercano o hasta el ser testigo directo de la muerte de su madre. Además de que los nuevos tutores no puedan cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 

Dichos infantes terminan en institutos u orfanatos públicos de los que se encarga el DIF. Pese a que  se encuentran en un ambiente diferente de su primer vínculo cercano, los niños viven estigmatizados por sus historias de vida, por lo que no es tan sencillo que puedan ser acogidos por una familia. 

“Tal vez ocultando la historia podrían llegar a ser adoptados”, Miguel Aparicio. 

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Fotografía de internet

Además de que el tener un desarrollo sano son parte de los derechos de las víctimas indirectas ya que ellos no fueron los que cometieron el delito.  El proceso de adopción para los niños con esta historia familiar puede llegar a ser diferente debido a que se les proporciona un régimen de terapias psicológicas, un seguimiento muy cercano  y un cuidado prácticamente de por vida para que se pueda determinar la formación integral del menor, aunque muchas veces limitado. 

En el Estado de México el año pasado hubo una modificación en el Código de Procedimientos Civiles en el que se reformó la ley llamada “Ley de las familias fuertes” especializada en adopción. En dicho procedimiento el niño que vive en una institución pública y mientras exista una familia o persona interesada en adoptar, la solicitud de adopción será más ágil sin tanto papeleo ante un instituto. 

Como parte de la petición el futuro adoptante tiene que ser partícipe de una serie de estudios psicológicos, psicométricos, económicos, y sociales para determinar si es apto,  para después ponerlo en un periodo de prueba posteriormente de haber pasado dichos exámenes se convierte en alguien viable, se le otorga la custodia del menor pero de manera temporal lo que comprende de seis meses a un año. 

Dentro de ese tiempo un trabajador social visita constantemente al niño y está evaluando la adaptación del pequeño al nuevo entorno y de la familia o tutor hacia él. Una vez terminado este periodo de prueba si los trabajadores sociales no tienen suficiente información o tiene dudas acerca de la adaptación se puede prolongar la duración de la evaluación. Si se logra pasar por estas pruebas se les otorga la adopción.

En dado caso que el padre del menor sea el feminicida, el niño  tiene derecho de ver a sus padres aunque hayan infligido el delito de feminicidio, sin embargo, esto es determinado por quien se hace cargo del seguimiento psicológico del menor, por supuesto que esta decisión varía de un caso a otro. Aunque el recluso realmente no tiene ningún derecho sobre ver a su hijo. 

La verdad para los niños

Es cierto que existen miles y miles de testimonios sobre esta grave situación incluso hay personas como la  activista Sandra Soto quien también se han vuelto parte de las historias de las víctimas indirectas ya que ella se quedó a cargo de su sobrino, Romeo. Y para él quien es hijo de Serimar víctima de feminicidio, saber que su madre ya no estaba viva fue un proceso complicado, sus abuelos al principio no podían decírselo de ninguna forma, pero el pequeño tenía una conexión muy especial con su madre que permitió que la noticia fuera menos compleja de explicar y dejó a la familia sin palabras.

“De alguna manera Serimar y él estaban conectados, sabía que algo le estaba pasando a su mamá. Nos sorprendía cuando nos decía -Mi mami me dice que me vaya con ella por que se va a ir a otro mundo- ¿De dónde un niño de tres años saca eso?”

Después de las declaraciones de Romeo a sus tíos y abuelos, ellos decidieron decirle la verdad, después de que le ocultaran todo desde que Serimar ingresó al hospital, ahora, sabe que su mamá murió, que Jorge la atropelló. Su conexión es algo que hasta la  fecha no saben como explicar.

Cuidar de estos niños es volver a empezar una vida como padres, su salud,  integridad, educación y la convivencia es distinta a la que llevarían con sus madres

Maria Margarita Alanis Rosales es parte de estas historias así como Magdalena Velarde. Margarita quien también es madre de una víctima por feminicidio  y es adulto mayor junto con su esposo, disfruta de cuidar a sus nietos, ella los llama, les canta, los lleva a las escuela, se encarga de su hogar.  Sin embargo, reconoce que su energía no es la misma como la que pudo haber tenido su hija, esto le ha impedido a ella y a su pareja brindar a sus niños algunas atenciones como lo pueden ser los juegos en casa  y actividades escolares.

“Sobre todo eso la energía, yo siempre pensé cuando niña casarme joven para poder bailar con mis hijos cuando estuvieran grandes, poder jugar con ellos, yo jugaba con ellos ajedrez, yo jugaba con ellos muchas cosas, ahora el niño quiere jugar ajedrez conmigo y ya no es lo mismo” 

Margarita, en sus dos años de lucha,  ha recibido del gobierno de dos a tres despensas, que ha tenido que buscar por su cuenta, Para ella lo más importante es la educación de sus niños por esto ha decidido buscar la manera de tenerlos en una escuela particular.

“Hubo una trabajadora que me dijo que teníamos derechos, que el gobierno tiene la obligación de pagar los gastos de las víctimas sobre todo los hijos, cosa que no han hecho. Lo que más pido para mis niños son becas”

La ayuda para los dos nietos de Margarita se queda sólo en promesas. Margarita espera que sus nietos tengan un futuro prometedor, que estudien y se preparen, todo lo que hace es por ellos. 

“El gobierno hace como que me da ayudas,  que me van a tramitar una beca, no he visto nada hasta ahoritaque me van a tramitar despensas y el pretexto es que están en escuela particular,  se supone que la ayuda es por ser huérfano de una mujer víctima de feminicidio”

En tanto los cambios de voz en Magdalena al contar su historia son evidentes, ella afirma que no ha podido ver a su nieto desde hace cinco meses, ha vivido con incertidumbre y preocupación. Para ella ha resultado una pesadilla el hecho de que la familia de Led esté al cuidado del menor.  

“A mí me preocupa mucho mi nieto porque, de por si, cuando lo veía lo encontraba golpeado, con moretones,  el niño cambió un 100 % de cómo era él y de cómo su mamá lo tenía acostumbrado” 

Magdalena recuerda las últimas veces que vio a su nieto actuaba de manera violenta. Poco a poco aquel niño tierno y cariñoso que jugaba con su madre se ha ido perdiendo, ahora se encuentra a la defensiva, enojado, pero qué se puede esperar si es con lo que vive y aprende. No sabe cómo lo trata su familia paterna, si va a la escuela. No está segura si tiene atención, tampoco si tiene amor.

 “Mi mayor temor de que esté a manos de esa familia es que un día me lo entreguen como me entregaron  a mi hija y que digan que el niño se suicidó”, Magdalena Velarde.

Los feminicidas también son padres 

La condena para un feminicida va desde los 15 hasta los 40 años. En el Estado de México la menor condena va desde los 40 años hasta la condena máxima  que es de 70 años. Existe toda una tipificación para poder determinar si efectivamente es un feminicidio tales como la violencia que termina en homicidio, la exposición del cuerpo en lugares públicos, la necrofilia y una de las más específicas es si la víctima tenía un vínculo afectivo con su asesino. 

Tomando en cuenta en si existía una relación amorosa entre la víctima y su agresor, algunos de los feminicidas son los mismos padres de los niños, quienes por diversas razones deciden sobre la vida de la mujer con la que alguna vez compartieron una vida. Es a veces la misma familia del criminal quien encubre, protege y se queda con los menores aunque el padre esté en la cárcel con tal de poder tener un control sobre ellos.   

Para muchas familias es claro que tienen pruebas para atestiguar lo anterior, sin embargo, son diversos los casos y difícilmente esto es comprobado. Los familiares de la víctima no tienen los recursos para poder pagar abogados ni la disposición de tiempo que demanda el caso, y en último lugar ir en contra de la escasa investigación. 

En muchos casos a la hora de levantar las pruebas, no hay el material suficiente para hacerlo, transcurren varias horas antes de la movilización del Ministerio Público, se hacen conjeturas de las autoridades antes de levantar el acta,  también parece ser que la familia del feminicida llega antes a la escena el crimen que las víctimas indirectas. Además de que se cuenta con pocas máquinas para trabajar o simplemente no hay personal disponible.

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Fotografía de Sharon Suataita

Desde 2011 hay órdenes de aprehensión que no han sido cumplidas, personas violentas quedan en libertad mientras se demuestre lo contrario. La condena para estos sujetos es parte del cierre de un ciclo desgastante, lleno de impunidad e insatisfacción, que para muchos solo se queda en un supuesto.

El miedo es un sentimiento general para las víctimas indirectas, el acoso y el sofocamiento están presentes en todo momento, por parte del feminicida o de su familia, principalmente son los padres quienes encubren, esconden, protegen y amenazan, a su vez ejercen violencia contra quien señala y culpa a su hijo.

Lejos de la ley

Las autoridades buscan razones para cerrar el caso  y cesar la investigación, cuando se trata de mujeres menores de edad hay una justificación por parte de las autoridades en donde afirman que las jóvenes “se fueron con el novio”, otro  de los errores más graves es no activar la alerta amber en el momento oportuno, horas después son encontradas asesinadas.

Existen casos de feminicidio que mágicamente desaparecen de las carpetas de investigación, la decisión de las familias ante la nula acción de las autoridades por otorgarles justicia ha provocado que se desplacen a otras comunidades, no quieren saber nada de leyes, desaparecen llevando consigo a los menores y buscando rehacer su vida lejos de los asesinos de sus mujeres.

El feminicidio es un problema que se ha agravado en los últimos años. Según datos de la investigación “Asesinatos de mujeres en México”, del 2000 al 2015 se han cometido más de 5 mil feminicidios, la mayoría de ellos continúan en la impunidad. No obstante, el 2016 fue uno de los peores años para las mujeres pobres, quienes son las principales víctimas, puesto que la cifra alcanza más de siete feminicidios por día, de acuerdo al último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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Infografía informativa

Son pocas las leyes mexicanas que amparan a una víctima o víctima indirecta de un delito grave, una de ellas es la Ley General de Víctimas  que se encarga de casos severos. 

De acuerdo con esta ley dicta que el Estado Mexicano deberá estar obligado a que todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas, velen por la protección de las víctimas y proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral. Así como se pronuncia que las mismas brindarán atención inmediata en materia de salud, educación, y asistencia social. 

Dentro de esta misma ley se habla de las víctimas indirectas en las que cuentan los huérfanos por feminicidio pero al no estar claramente tipificados se vuelve un término ambiguo.  

Las cifras no cuadran

Aunque no todas las mujeres asesinadas son madres, la probabilidad de que aumente la cifra de huérfanos es alta. No siempre los datos son exactos,  pero hay activistas, y organizaciones que se han dado a la tarea de contabilizar a los menores.

Entre ellas está la activista María Salguero, quien también se ha encargado de realizar un registro sobre los huérfanos por estos casos. Es importante resaltar que Salguero menciona en entrevista que aunque ya hay cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los huérfanos, muchos de estos delitos contra las mujeres o sus madres son catalogados como homicidios sin la perspectiva de género. 

Por lo que existe un problema con la tipificación ya que en algunas fiscalías de México siguen ocultando las cifras al respecto; o de lo contrario, dentro de la clasificación de feminicidios prefieren mandarlos a homicidios culposos, quitando toda validación posible. Estos datos se pueden contrastar a través del INEGI. Debido a esto no se les podría considerar a estos niños como víctimas indirectas a lo que la Ley General de Víctimas  no puede responder por ellos ni realizar una reparación integral del daño.

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Mapa de niños en orfandad por feminicidio tomado de https://feminicidiosmx.crowdmap.com/

El trabajo de María Salguero ha demostrado que hace falta una nueva clasificación del feminicidio dentro de su mapa,  ella se basa en el artículo 325 del Código Penal Federal pese a que entre entidades federativas no es clara la definición de feminicidio, incluso Chihuahua ha sido de los últimos estados en legislar sobre el tema ya que considera como agravante que los menores sean testigos del asesinato de su madre. 

Por lo que no tener claridad en que sí es feminicidio y que no, tampoco ayuda a tener cifras más exactas. También la activista se apoya en el Protocolo Americano Por Muertes Violentas Por Razones de Género para la tipificación. 

Entre otras fuentes que utiliza se encuentra el trabajo periodístico, mejor conocido como “nota roja”; el periodismo de seguridad y justicia, y uno más que se enfoca en la historia de vida de las víctimas como es el periodismo de investigación. A pesar de esto Salguero menciona que no todos los reportes de la prensa nacional citan si la víctima tenía hijos o no.

Entre otras de las conjeturas de María Salguero son las casi nulas capacidades del gobierno para realizar estas tareas y la situación actual de los huérfanos, ya que las autoridades están rebasadas ante una problemática tan grande. A su vez que no cuentan con el personal ni el presupuesto, y tampoco están coordinados con los tres niveles de gobierno, ni siquiera con el Ministerio Público. 

Contando también que los policías de investigación hacen omisiones, como  levantar incorrectamente un acta o un cuerpo. También se debe cuestionar como es el funcionamiento de dichos Ministerios Públicos. 

“A los huérfanos no los hemos considerado ni las activistas, ni el gobierno, ni nadie. Hay que tomarlos en cuenta y no sabemos si están siendo atendidos, los que se quedan con los huérfanos en muchas ocasiones son los papás de la mamá en el mejor de los casos, resulta que son personas de la tercera edad, ¿y cómo los mantienen?, ¿Cómo los sacan adelante?”, María Salguero. 

Lo que hace el Estado

Dentro del marco legal existe la CEAV (Comisión  Ejecutiva de Atención a Víctimas) que tiene como objetivo el reconocimiento a las víctimas, la recuperación de una memoria colectiva de los hechos violentos y consecuentemente, la promoción de la confianza cívica y el fortalecimiento del Estado de derecho mediante el establecimiento de garantías de no repetición. 

Se encarga de atender y apoyar  a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos, así como de que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro.

Asimismo, la Comisión se ocupa de la reparación del daño, esto  no es específico para los hijos de las víctimas indirectas de feminicidio, si no que engloba a otro tipo de víctimas.  Lo que el Estado no ha hecho, es crear un programa por municipio destinado a restituir los derechos de los huérfanos y hacer una partida presupuestal.

Las instituciones de cuidado alternativo tienen firmados convenios con el DIF y con las procuradurías para que se lleve su registro y con base en ello se realicen supervisiones; pero esto no sucede con regularidad. En ocasiones reciben supervisiones por parte de la Secretaría de Salud de forma casi consecutiva o a veces pasan años sin que éstas tengan lugar. 

Las personas que no sigan el proceso para recibir esta ayuda, renuncian a este apoyo, sin embargo no se tiene un registro claro de lo que sucede con los recursos designados a  esta comisión. 

El gobierno tiene todas las posibilidades de brindarles:

  •  Clínicas para atención médica, postraumática (IMSS, ISSTE, ISSEMYM)
  • Atención alimentaria especiales para su edad (Secretaria de Salud)
  • Atención psicológica (DIF o en otro caso la institución encargada de brindar el respectivo apoyo)
  • Educación (Lejos del  entorno de los hechos donde ocurrió el feminicidio)
  • Manutención (Un monto especial para cada menor que van desde los 330, hasta los 2 mil 40 pesos al mes, sin contar el apoyo de la CEAV)

Nada de lo anterior existe, el Estado no tiene sensibilidad ante la situación de los menores, “si no les importa la muerte de una mujer, menos si dejó hijos” cada año la cifra de feminicidios aumenta y con esto los niños en orfandad. 

La muerte de una mujer implica consecuencias en la salud de sus hijos e hijas, generalmente relacionados con la salud mental (depresión, estrés, hipertensión), consumo excesivo de sustancias tóxicas como drogas o alcohol en la adolescencia y en algunos casos, repercute en sus conductas, provocando el seguimiento de patrones familiares o la delincuencia.

Otra ley ignorada

De acuerdo con la Ley General de Víctimas en su artículo 2° de su primer capítulo, el Estado es quien está obligado a reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, sumando la debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella. Además, el artículo 5° ve por la asistencia de niños y adolescentes en los que la toma de decisiones se hace de acuerdo a sus derechos. 

Ambos artículos parecen ser olvidados por las autoridades y aunque existan no pueden ser aplicados a la ley que marca castigos a servidores públicos negligentes, hay total impunidad pese a que ya está construido un marco legal para acompañar a las víctimas indirectas. Pero a su vez dentro de esta ley no se encuentran referencias claras de los niños huérfanos por feminicidio. 

Hay avances al respecto de otros años, pero no podemos olvidar que en México asesinan a 10  mujeres al día lo cual aumenta las probabilidades de casos de niños en esa situación. 

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Foto de Cuartoscuro

Los niños no son invisibles 

Para Sandra Soto, después de años difíciles de lucha, contra activistas, el Estado y las autoridades, consiguió justicia para su sobrino y para su hermana.

A ella no le importa lo que digan sobre su persona, pueda muchas veces la señalan de quererse aprovechar del feminicidio de su hermana.

Para ella se volvió una forma de vida, menciona que es desgastante, pero siente la necesidad, por el lazo que la une, de ayudar a los familiares y sobre todo lograr esa justicia para los huérfanos del feminicidio.

Desafortunadamente Velarde no ha conseguido justicia, aún sigue en la búsqueda. Para ella el camino ha sido más complicado, cuando todo pasó no sabía nada de leyes ni de protocolos, tampoco pudo señalar las irregularidades que había en el caso.

Las secuelas de la orfandad

Estos 3 mil 300 niños,  los olvidados por el estado, no volverán a tener una vida normal, estén con sus tíos, abuelos, o padres adoptivos, la marca quedará para siempre. Algunos tratarán de llevar una vida normal, otros tendrán conflictos con la sociedad, y unos más repetirán patrones de conducta.

Para Romeo, hijo de Serimar, fue un proceso largo, cuando su madre fue asesinada, sólo tenía cuatro años, él la veía en sus sueños, con un vestido blanco, bailando con los angelitos, ¿Cómo le dices a un niño que no volverá a ver a su madre? que no sabes en donde vivirá, si tendrá comida todos los días, no hay palabras, no podemos regresar a nadie de la muerte.

Lo mismo sucede con el nieto de Magdalena, su destino es incierto tanto o más como su estabilidad emocional, económica y académica. La lucha no sólo es con las autoridades, el gobierno, las instituciones, la lucha es con todos aquellos que siguen creyendo que no pasa nada. Que no existe violencia para las mujeres, para los menores; que no se violan los derechos y que “se hace lo que se puede”

También para Margarita es difícil sentir un apoyo real porque además de las becas que ella busca, comenta que los diferentes gobiernos de las entidades del país no están conectados para poder saber qué es lo que pasa con los niños si es que cambian de domicilio de donde ocurrió el asesinato de sus madres. 

“Cuando me dicen no estás sola, yo me pongo a llorar así me lo digan mil gentes, porque para cuando mis hijos necesitan pan, no están para darmelo”, Margarita Alanis.

A ellos hay que demostrarles que sí pasa, pero que todavía puede haber justicia, que aún se puede hacer algo, y que no es cualquier cosa, es luchar, para conseguir que esos niños,  los huérfanos invisibles ahora sean visibles ante todos, que recuperen un poco de lo que les ha sido arrebatado.

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Fotografía de Sharon Suataita

Iniciativas como Spotlight, para eliminar la violencia contra mujeres y niñas la cual está aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en conjunto con la Unión Europea, que apoya la idea de que la violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta, ligada a la agenda 2030 en la cual el actual presidente de México  ha hecho hincapié desde el inicio de su gobierno, tiene como fondo inicial un total, hasta el momento, de 500 millones de euros. 

Sin embargo, esta iniciativa es de orden mundial y toma como principal foco de atención la violencia contra la mujer, es una forma de erradicar estos actos de abuso, pero, de nuevo, no toma en cuenta a las víctimas indirectas como son los huérfanos.

Con lo anterior podemos deducir que el estado tiene la facultad y las posibilidades del último escalón, la parte económica, con lo cual queda demostrado una vez más que los huérfanos  son ignorados y segregados de los programas de apoyo. No se demerita la intención de erradicar la violencia de la mujer, lo que se señala es la indiferencia gubernamental para atender una de las secuelas que deja el feminicidio.

Por otro lado, la iniciativa  “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México” del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) , pretende que haya políticas públicas exprofeso para los niños que son víctimas indirectas de homicidio y feminicidio. 

Con esto se abarcaría los casos que aún no han sido tipificados como feminicidio y podría pedir el apoyo sin restricciones. Anudado a ello este mismo instituto está trabajando sobre un registro de los huérfanos aunque primero se tendría que tener clara una descripción sobre este delito.

El objetivo es que niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio y feminicidio no queden desprotegidos, la intención es que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, los proteja con ayuda económica, médica y psicológica, para que ellos continúen con sus estudios, tengan un desarrollo emocional menos traumático y lleven una vida social sana, sin repetir patrones violentos cuando sean adultos o al menos disminuir esa posibilidad.

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Foto tomada de la web

Al respecto podría decirse que la iniciativa cumple con las demandas que necesita un menor, el rezago está en la propuesta como tal, no hay una cifra determinada para el apoyo económico, tampoco indica instituciones, es decir, la propuesta está por escrito y misma que se presentó en  mayo de 2019 al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hasta la fecha no tiene una respuesta concreta. El primer paso ya está, la iniciativa por hacer algo, no hay una resolución, por esto no se puede avanzar y mucho menos empezar a trabajar sobre los estipulados presentados.

Aunque existen leyes que amparen a las víctimas indirectas, no son aplicadas en el territorio nacional, es en parte desconocimiento de las mismas autoridades por el proceso. La falta de interés en la tipificación de los feminicidios, a su vez es la falta de recursos y programas para la detección de estos casos. 

Si bien la Ley General Víctimas aprobada por el Senado en 2017, podría considerarse como la mejor opción para responder a los niños, ni siquiera están considerados dentro de la ley, por lo que su aplicación deja lagunas legales que fácilmente las administraciones en turno se puedan deslindar del problema.  

Ya que dicha legislación menciona que si es muy urgente se puede recurrir a asistencia de  particulares pero no todas las víctimas son capaces de cubrir esta clase de gastos ya que la mayor  parte de los tutores de los menores son los abuelos quienes ya no cuentan con la misma fuerza de trabajo para sacar a sus nietos adelante.

Además existen voces dentro de la causa que defienden los derechos de los niños huérfanos y tratan de darles un espacio como es el caso de Sandra Soto y María Salguero a quienes la actual administración ha buscado para trabajar en conjunto por su labor. Aunque por situaciones burocráticas no se les ha dado la oportunidad de participar dentro de los programas que tiene el gobierno para mejorar la situación.

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Foto tomada de la web

Algunos de los programas que se han implementado son tardíos ya que se tienen registro de 23 mil niños en situación de orfandad por feminicidio los últimos 10 años, los cuales no se sabe su situación actual y cómo es que se lograron desarrollar en una sociedad en la cual la figura de la familia es muy importante.

No todos los testimonios son escuchados e incluso la gran mayoría son ignorados hasta por la opinión pública, la cual se ha encargado de plagar  con un discurso oficial esta situación que pareciera no tener ni un alto, ni una respuesta clara ni siquiera el interés de la prevención del delito tanto como un apoyo real para los infantes, que al final se convierten en los niños invisibles del Estado mexicano.

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