Heiji MorimotoHace unos días el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, admitió la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior que interpuso el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.
Esto porque consideran que la entrada de estar nueva ley, “violenta flagrantemente la autonomía del municipio”.
Y es que desde que los diputados y los senadores iniciaron con la discusión acerca de la llamada Ley de Seguridad Interior, muchos sectores de la población, así como organizaciones de la sociedad civil, y demás institutos que velan en pro de los derechos humanos, han alzado la voz en rechazo a lo que han llamado la militarización del país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que la ley “posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el equilibrio constitucionalmente establecido entre las entidades, instituciones, órganos del Estado y poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.
Mientras que la diputada del PRI, Carmen Guillén Vicente, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo el pasado 15 de diciembre del 217, cuando se aprobó en San Lázaro el dictamen previamente “debatido” que se trata de una ley “constitucional, que cumple con todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho, y que además no militariza al país.”
También en plena discusión gobernadores de estados como Jalisco, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Durango y San Luis Potosí, respaldaron a los senadores para que votara a favor. Así lo hizo el gobernador colimense José Ignacio Peralta, quien dijo que “la ley ofrece certeza y coordinación entre autoridades civiles y militares. La ley no militariza al país sino establece coordinación entre los tres ordenes de gobierno.”
Y ahora que ha sido aprobada por ambas cámaras, el presidente Peña Nieto, en medio de criticas y ataques por haber hecho oficial el decreto sobre la Ley de Seguridad, se limitó a aventarle la “bolita” a corte para que sean ellos quienes decidan si es inconstitucional o no.
Y aunque ya esta más que discutida y debatida por políticos y expertos que han hablado a favor y en contra, es importante saber cómo esta nueva ley, en el contexto de derechos humanos que vive México, y cómo ha actuado el estado cuando a los militares se les juzga en la corte.
El 22 de marzo del año pasado, en conferencia de prensa, el general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sentenció de que no existía evidencia para señalar que los militares del país violan los derechos humanos.
Mientras que el hoy ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se trataba de un “debate irresponsable” asegurar que las fuerzas armadas han atacado a la población civil.
Lo cierto, es que a días de que, en el año 2012, Peña Nieto tomó posesión como presidente de la república, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló a la SEDENA, por tercer año consecutivo, como la dependencia con la mayor cantidad de recomendaciones emitidas por violaciones de derechos humanos.
Y en enero del 2017, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció a las fuerzas armadas por ser la dependencia que “reiteradamente” más atropellos comete sobre los derechos humanos. Denunciando que existen soldados que comenten ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Del 2006 al 2016, la CNDH recibió cerca de 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del ejercito mexicano, incluyendo 2 mil durante la administración federal actual. Documentando casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa.
Además, acusaron al gobierno de no acatar las recomendaciones emitidas por HRH, y por otras organizaciones de derechos humanos.
Impunidad Militar
En noviembre del año pasado, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunció a través de un informe, la impunidad que existen en los procesos por violaciones de derechos humanos por soldados mexicanos.
De acuerdo con datos recabados por la WOLA, la Procuraduría General de la Republica investigó del 2012 al 2016, 505 casos por supuestas violaciones cometidas por militares, en su mayoría por tortura y desaparición forzada, pero durante esos 4 años, solamente se han efectuado 16 sentencias en contra de soldados.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, ha denunciado que existan casos, en los que militares cometieron atropellos fuera de su servicio.
Según las reformas del 2014, al código de justicia militar, las autoridades civiles tienen la facultad de investigar a soldados implicados con delitos, sin embargo, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano, ha dicho que existen por lo menos tres acciones relacionadas por las que autoridades militares impiden que las civiles investiguen:
1) El inicio de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles.
2) La dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil.
3) Casos en que soldados han llegado a alterar escenas del crimen o a declarar falsamente.
La WOLA ha denunciado que el ejército mexicano, protege a los “Superiores Jerárquicos” que han sido acusados por delitos que vulneran los derechos humanos, ya que, desde el 2009 a la fecha, solamente se han condenado a dos militares superiores.
En el año 2009, en el estado de Chihuahua se condenó a un teniente coronel, y en el 2012 a un subteniente de infantería, ambos por ser los responsables por haber ordenado la desaparición forzada de varias personas.
De acuerdo con datos de SEDANA, y SEMAR, las violaciones a los derechos humanos que mas cometen los mitrares son la tortura, el abuso de autoridad, la desaparición forzada, violencia sexual, entre otros.
Y aunque el año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, declaró que los militares no están obligados a seguir las ordenes sus superiores, cuando se trate de cometer un agravio a los derechos humanos. Así como las disculpas emitidas de por el General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, por los actos ilegales de soldados.
Organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como loa CNDH y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, han sentenciado que estas buenas intenciones de las autoridades no sirven como defensa a soldados acusados ni los eximen de sus delitos.
