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Lozoya y El Marro

Lozoya y El Marro: los beneficios del delincuente de cuello blanco

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Emilio Lozoya y José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, tienen algo en común: ambos dañaron como nadie a Pemex y están detenidos por hacerlo; sin embargo, el primero se encuentra en casa y el segundo en una cárcel de máxima seguridad ¿por qué?

 

“Le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco, que la delincuencia organizada, porque yo sostengo, desde hace mucho tiempo, que el principal problema de México es la corrupción política”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera a finales de enero pasado.

La actual administración federal ha sido muy clara, por lo menos en los dichos, su objetivo es el combate a la corrupción, antes que al narcotráfico, como se hizo concretamente en los dos últimos sexenios. “Ya no hay guerra […] ni corrupción”, ha vociferado el presidente. 

¿Realmente así ha sido? Ni una, ni otra. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, 15 mil 732 personas por cada 10 mil habitantes tuvo contacto con un servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción. Dicha corrupción costó 12 mil 770 millones de pesos solo el año pasado.  

La tasa, por cierto, más alta que la registrada en 2017, al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto que fue, según el mismo Inegi, del 14 mil 635.

En tanto, la cifra de víctimas de homicidios dolosos en el país ha repuntado de forma histórica. El mismo 2019 ha sido el año con más asesinatos del que se tenga registro, más de 35 mil casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Violencia
FOTO: FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO.COM

La detención de capos ya no es prioridad, al menos que sea con una orden de extradición a Estados Unidos. Y aún así puede que no sea cumplida. Tal es el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien fue liberado cuando ya estaba en manos de las fuerzas federales por amenazas del Cártel de Sinaloa

Sin embargo, dos casos en particular evidencian el trato diferencial que reciben los capos del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco. 

Lozoya, ni un pie en prisión

El 17 de julio, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue extraditado a México proveniente de España, donde lo detuvieron en febrero pasado. Es acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

Lozoya Austin es señalado de recibir sobornos millonarios de empresas como Odebrecht y Altos Hornos de México a cambio de jugosos contratos gubernamentales que terminaron dañando a Pemex, la petrolera mexicana que actualmente está al filo de la quiebra.

Por ejemplo, el exdirector de Pemex compró a Altos Hornos de México la planta Agronitrogenados, la cual tenía 14 años sin operar y costó 275 millones de dólares, más 485 millones de dólares para rehabilitar, es decir, un total de 760 millones de dólares del erario por una empresa chatarra, así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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FOTO: ESPECIAL

“En conclusión, la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad”, concluyó el informe de la ASF. 

La caída de Lozoya, como uno de los principales altos funcionarios del gobierno peñanietista, era un triunfo en el combate a la corrupción de la administración de López Obrador. 

Sin embargo, a su llegada a México, Emilio Lozoya no fue enviado a prisión, sino a un lujoso hospital privado en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que presentaba anemia, por ello su hospitalización.

 

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Pasaron más de 10 días y no pisó la prisión, siguió en el hospital, desde donde participó en su primera audiencia. Un juez lo vinculó a proceso, pero no le dictó prisión preventiva, lo dejó seguir su proceso en libertad con la condición de que utilizara un brazalete, le quitaron su pasaporte y no pisará la cárcel ni para firmar el libro de procesados, lo hará por correo.

Aunque no podrá vivir en su casa de 38 millones de pesos en el fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, ni en la lujosa residencia de Ixtapa, Guerrero, con vista al mar y playa privada; tampoco lo hará dentro de una celda. 

Hay un beneficio marcado a Emilio Lozoya por parte de la FGR, la razón: se apegó al criterio de oportunidad, una especie de testigo colaborador, es decir, colaborará con las autoridades para señalar a altos funcionarios que formaron parte de la trama de corrupción. 

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De lo poco que se sabe es que Lozoya dará los nombres de los legisladores que fueron sobornados para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto, varios de ellos que hoy forman parte de la oposición del gobierno de López Obrador. 

El presidente incluso ha afirmado este hecho: “hay información de que para obtener los votos de la reforma energética hubo sobornos”, dijo en la conferencia matutina del pasado 15 de julio, dos días antes de la llegada de Lozoya al país. 

Por eso, el propio Andrés Manuel ha validado los privilegios que Lozoya, como ningún otro detenido: “Vale la pena (los privilegios) por todo lo que va a decir», mencionó el 20 de julio, añadiendo que la vida del exdirector de Pemex podría correr peligro, por lo que había que cuidarlo. 

El Marro, una dura prisión para el huachicolero más buscado

Dos semanas después de la extradición de Emilio Lozoya, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Antonio Yépez Ortíz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenido.

“El Marro” era considerado el principal huachicolero del país, es decir, se dedicaba al robo de combustible. Yépez Ortiz transformó a Guanajuato en la entidad más violenta del país y en el top de tomas clandestinas de ductos de Pemex. 

El boom del robo de combustible comenzó en 2016, justo cuando Lozoya dejó la dirección de Pemex. 

De acuerdo con un informe interno de la Policía Federal y de Pemex, dado a conocer por la Revista Proceso en enero del año pasado, la organización criminal de “El Marro” extraía en sus mejores años 6 mil 100 barriles de hidrocarburos con un costo de 15 mil 900 millones de pesos.

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Los duros embates del gobierno federal y estatal contra el Cártel Santa Rosa de Lima, la guerra contra sus principales rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero sobre todo la pandemia de covid-19, mermó el poderío criminal de “El Marro” que terminó en su captura.

Tras su caída, Yépez Ortiz fue recluido sin dudar al penal de Puentecillas en Guanajuato, estado que tiene uno de los mejores sistemas penitenciarios en el país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Luego, “El Marro” fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del “Altiplano” en el Estado de México. Ahí, este 9 de agosto, el líder huachicolero fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado y tentativa de homicidio.

 

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Yépez Ortiz, que también ha dañado al erario y lo ha hecho con complicidad de las autoridades, no ha sido cuestionado por dichos nexos. 

En marzo del año pasado, elementos de la Sedena señalaron a policías municipales de varias ciudades de Guanajuato de recibir dinero del Cártel Santa Rosa de Lima por protección. 

El mismo informe de la Policía Federal y de Pemex, dado a conocer por la Revista Proceso, señala a un hombre dentro de la organización de “El Marro” identificado como Felipe de Jesús Vega Cano, como el que recolecta información y corrompe autoridades.

Este poder corruptor del líder del Cártel Santa Rosa de Lima también fue mencionado por el presidente tras su captura. 

“¿Cómo creció tanto ´El Marro´ al grado que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país?», preguntó el mandatario y respondió: «Por la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales».

Con marcadas diferencias, José Antonio Yépez Ortiz y Emilio Lozoya lastimaron a Pemex con una red de corrupción en la que involucraron a funcionarios de varios niveles.

La diferencia es que uno de ellos está en una de las prisiones más duras del país con todo el peso de la ley y el otro en su casa disfrutando de los beneficios del sistema judicial mexicano.

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