Rodrigo GutiérrezPese a los dichos de todos las mañanas, el México gobernado por Andrés Manuel López Obrador no es muy diferente a los anteriores en materia de seguridad: asesinatos, masacres, desapariciones, militarización y olvido a policías, siguen
“Ya no manda la delincuencia organizada como era antes; ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable
sea quien sea”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Las palabras del presidente, sin embargo, están lejos de la realidad que viven los mexicanos cada día. Los asesinatos, las masacres, las desapariciones, continúan, mientras la presencia de la militarización, que tanto criticó cuando era opositor, crece, a la par que los policías quedan en el olvido.
Masacres: tanto de criminales como de gobierno
La sangre sigue corriendo en las calles mexicanas, el número de asesinatos, ya sea según datos del mismo gobierno federal o de organismos autónomos, va al alza.
En 2019 se registraron 35 mil 632 víctimas de asesinatos y feminicidios en el país, la cifra más alta de la que se tenga registro, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) -órgano autónomo- detalló, de forma preliminar, 36 mil 476 homicidios en 2019, cifra ligeramente menor a la registrada en 2018. Ambos años los más violentos en la historia del país.
Con los asesinatos, siguen las masacres, a pesar de los dichos de López Obrador.
De acuerdo con un documento realizado por la organización civil “Causa en Común”, en México ocurrieron 368 masacres tan solo en el primer semestre del 2020. El organismo califica como masacre al asesinato de tres individuos o más.
Las masacres, en el actual gobierno federal, siguen, ya sea perpetrada presuntamente por criminales o por fuerzas del orden.
Una de las masacres que más ha marcado a la actual administración federal ha sido la de la familia Lebaron, cuando presuntos miembros de “La Línea”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, asesinó a nueve personas, tres mujeres y seis menores de edad.
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Otra masacre perpetrada en julio pasado fue el asesinato de 26 personas en un centro de rehabilitación de Irapuato, en Guanajuato, como parte de la guerra por el control del huachicol en la entidad. El crimen fue orquestado presuntamente por miembros del Cártel Santa Rosa de Lima.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también se han visto envuelta en masacres en el actual gobierno federal.
El 15 octubre de 2019, miembros del Ejército abatieron a presuntos miembros de “Guerreros Unidos”, en un enfrentamiento que generó dudas debido a la enorme diferencia entre criminales y uniformados: 14 de un lado, sólo uno del otro. Por si fuera poco, fueron abatidos por un solo soldado que, por cierto, se encontraba herido.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en su momento que realizaría una investigación en su contra. Sin embargo, tras la llegada de Rosario Piedra Ibarra, señalada por su cercanía a Andrés Manuel y a su movimiento, a la CNDH, no se han dado actualizaciones de dichas indagatorias.
Otra masacre realizada a manos de la Sedena sucedió el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde los uniformados mataron a 12 personas, entre ellas tres jóvenes que estaban secuestrados. En un video difundido por El Universal se muestra que los militares dispararon contra una de las víctimas cuando se encontraba herido, aún con vida. Al respecto el presidente llamó a la Sedena a investigar la presunta ejecución extrajudicial.
Desaparecidos y fosas clandestinas, continúan
Los desaparecidos y las fosas clandestinas en el México de López Obrador también continúan.
De acuerdo con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde que inició la actual administración federal se han reportado 27 mil 871 desaparecidos.
“Si vamos al análisis del periodo del 1 de diciembre de 2018 al día de hoy, tenemos que se han reportado como desaparecidas 63 mil 523 personas, de las cuales el 44%, 27 mil 871 personas, se mantienen como desaparecidas y no localizadas, pero el 56%, 35 mil 652, han sido localizadas”, dijo el pasado 13 de julio.
En cuanto a las fosas clandestinas, Encinas detalló que en la actual administración se han localizado mil 143 de las cuales se han exhumado mil 682 cuerpos. Cabe mencionar, que estas fosas clandestinas no necesariamente ocurrieron durante los dos primeros años de administración lopezobradorista.
Más poder militar, menos poder civil
Durante sus años como oposición, López Obrador criticó el uso de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública y en su campaña presidencial prometió regresarlos a sus cuarteles, pero al llegar al poder hizo todo lo contrario, les dio más poder.
Primero, con la creación de la Guardia Nacional, un organismo que reuniría a policía Federal, Militar y Naval, se ideó con un mando civil en una histórica discusión en el Senado de la República, sin embargo, al presidente poco le importó y puso como jefe del nuevo órgano de seguridad al general Luis Rodríguez Bucio.
López Obrador se justificó diciendo que Bucio estaba en proceso de retiro y que, en todo caso, la Guardia Nacional recae en la SSPC que lidera Alfonso Durazo, un mando civil. La Guardia Nacional terminó siendo militares y marinos con nuevos uniformes.
A Andrés Manuel no le bastó y el 11 de mayo publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que ordena la militarización de la seguridad pública por cuatro años, hasta el 27 marzo de 2024, es decir, prácticamente lo que resta de su gobierno.El presidente se justificó de nuevo diciendo que el problema de los gobiernos anteriores era que se hacía fuera de la ley.
Por su fuera poco, López Obrador ahora se encuentra militarizando los puertos del país bajo el argumento que son controlados por el crimen organizado. Ahora, la Secretaría de Marina se encargará de su vigilancia. Esta decisión incluso provocó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien estuvo desacuerdo.
Si bien, los puertos son lugar de entrada de precursores químicos para la fabricación de drogas y de las mismas drogas que son traficadas por cárteles mexicanos a Estados Unidos, la presencia de la Marina no garantiza una mayor seguridad y una disminución presencia del narcotráfico en éstas, como tampoco lo ha hecho el Ejército en las calles.
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En contraste, las policías han sido olvidadas por la administración de Andrés Manuel. Primero con la desaparición de la Policía Federal, causando varias movilizaciones de los uniformados inconformes con esta decisión.
También, en materia de presupuesto, el dinero destinado a la seguridad de estados y municipios ha ido a la baja.
Por ejemplo, en el Paquete Económico 2021 que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados, desaparece el programa de Fortalecimiento para la Seguridad Municipal (Fortaseg), que es un apoyo que llega a 300 municipios para el reclutamiento, capacitación y armamento de las policías municipales.
Por otra parte, para el programa de Fortalecimiento a Municipios (Fortamun), el gobierno de López Obrador propone destinar 85 mil 882.1 millones de pesos, un 4.5% menos que en 2020.
Mientras que para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que es para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública, se prevé un presupuesto de 7 mil 695.6 millones de pesos para 2021, unos 3.8 millones menos que este año.
Esto mientras los policías que son asesinados en México van al alza. De enero a agosto de este año se han registrado, según Causa en Común, el asesinato de 388 uniformados. El año pasado, los policías abatidos alcanzaron los 446 y en 2018 los 452.
El promedio mensual de policías asesinados pasó de 37 en 2018 a 48 en lo que va del 2020, un alza del 29.7% en dos años.
