Diana Mariela Sánchez VelascoLos diamantes pueden ser el mejor amigo de una mujer, pero la realidad es que también se están convirtiendo en un aliado cercano del crimen organizado.
Encontrados sólo en ciertas regiones del mundo, son un recurso natural finito. La abundancia limitada, combinada con la fuerte demanda que tienen, los convierte en un producto altamente valorado.
El deseo de los criminales de aprovechar esta riqueza a través de medios ilícitos, ha alentado el crecimiento del robo y el fraude en la industria del diamante. Además, estos suelen utilizarse en ciertas partes del mundo para financiar actividades como el tráfico de drogas y armas.
Según un documento del Instituto de Criminología de Australia, las joyas tienen numerosas características que los hacen mercancías muy atractivas para el comercio ilegal, entre ellas podemos mencionar que son pequeños y duraderos (por lo tanto, fáciles de ocultar y cómodos para el contrabando), y, además, pueden intercambiarse fácilmente por dinero en efectivo u otras mercancías, por ejemplo, drogas y/o armas.
A estas características debemos sumarle otra que resulta bastante interesante: son imperceptibles, lo cual facilita su transporte. En otras palabras, los diamantes no pueden ser detectados por la alarma del aeropuerto y los perros no pueden percibirlos con el olor ni sus instintos, y esto significa que pueden entrar y salir de diferentes países prácticamente sin ningún obstáculo.
Aunado a todo esto, tenemos que muchas veces las exportaciones ilícitas están vinculadas a grupos armados que minan y comercian con empresas importantes para financiar su movimiento, y muchas veces esto se realiza en flagrante violación de los derechos humanos más fundamentales. Estos son los llamados “diamantes de sangre”.
Es por ello que, en el año 2000, y mediante una iniciativa conjunta entre los gobiernos, las industrias y la sociedad civil, se acordó el “Proceso Kimberley”.
Este comenzó cuando varios países se reunieron en Kimberley, Sudáfrica, y ahí se establecieron los requisitos para controlar la producción y el comercio de diamantes en bruto. Hasta la fecha, dicho proceso está integrado por 54 miembros que se han sometido a las especificaciones que contiene el “Esquema de Certificación del Proceso Kimberley”, y en él encontramos exigencias amplias a sus miembros para que puedan aprobar los envíos de diamantes en bruto como «libres de conflictos» y de esta manera impedir que los diamantes de la guerra entren en el comercio legítimo.
Lo triste de esto es que, aunque se han realizado importantes esfuerzos para regular y evitar este tipo de acciones, aún no ha habido una erradicación completa de las mismas; esto se debe a que el mercado ilícito de joyas en bruto no consiste sólo en conflictos y diamantes de sangre, sino que también está relacionado (como se mencionó anteriormente) con el crimen organizado.
Estos grupos criminales los pueden comprar procedentes de territorios ricos en materia, en diversas regiones de conflicto alrededor del mundo, porque son útiles para financiar sus inversiones criminales.
Desde 2014, el tamaño de la industria se representó en 81.400 millones de dólares, empleando a más de un millón de personas en todo el mundo, en el que el mercado ilícito juega un papel importante.
Y a pesar de que debiera ser lo contrario, muchas veces la regulación interna de ciertos países ha facilitado este tipo de operaciones, y por ello, las estrategias que se utilizan resultan verdaderamente sencillas de implementar.
Por ejemplo, algunas personas asociadas con grupos criminales llegan a buscar empleo en operaciones mineras con la intención de robar diamantes una vez dentro; y como las legislaciones y/o revisiones no representan impedimento alguno, es fácil que consigan su cometido.
Lo cierto es que este mercado ha financiado movimientos insurgentes a lo largo del todo mundo, y los criminales implicados en ello controlan sus negociaciones asesinando y destruyendo a cualquier persona y cualquier cosa que obstaculice su trabajo.
Aunado a ello tenemos los débiles esfuerzos que se han hecho para impedirlo, y, además, muchas veces, la corrupción del propio gobierno se ha dedicado a facilitarles las vías de acción.
La comunidad internacional debe prestar más atención en esto, porque en un futuro podría convertirse en un problema que podría resultar todavía más difícil de controlar.
