Rodrigo Gutiérrez“El Gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones de la República Bolivariana de Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determina quién será su próximo presidente”, dijo el canciller Luis Videgaray.
Lo declarado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es sólo una más de una serie de confrontaciones que ha tenido con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, sobre todo, desde la llegada de Videgaray a la cancillería en enero del año pasado.
El @gobmx no reconoce la legitimidad de las elecciones de #Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será su próximo Presidente: @LVidegaray pic.twitter.com/LhxdgQrWsD
— SRE México (@SRE_mx) 21 de mayo de 2018
La postura del Gobierno Mexicano se da luego de la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, donde no sólo fue México el que desconoció los resultados, sino todo el Grupo de Lima, formado además por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Es decir, se trata de una presión internacional o por lo menos regional. Sin embargo, ¿cómo Videgaray podría exigirle a Maduro acatar recomendaciones internacionales cuando México ha rechazados los informes extranjeros sobre las violaciones a los derechos humanos?
Tan sólo en este sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desacreditado al menos cinco informes de organismos internacionales.
El más reciente fue el pasado 15 de marzo, cuando Gobierno mexicano rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos durante la investigación del Caso Iguala, principalmente torturas y detenciones arbitrarias en los presuntos implicados en el crimen.
La Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SRE sostuvieron que el informe no ofrece nada nuevo, ya que aborda las irregularidades anteriormente señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además, se dijeron preocupados porque el Caso Iguala es actualmente objeto de investigación.
Un año antes, en mayo del 2017, también la SRE y la Segob, descalificaron un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), el cual colocaba a México como el segundo país más letal del mundo.
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Las dependencias calificaron la metodología del informe como “incierta” y señalaron que las cifras que utiliza son de origen “desconocido”. Descalifica también la existencia de un “conflicto armado (no internacional)” en el país, pues, pese a existir la presencia de grupos criminales y el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden, “no es criterio suficiente”.
Cabe mencionar que los 22 mil 573 asesinatos de acuerdo con cifras oficiales registrados en 2016, año en el que se realizó el informe, no se alejan de los 23 mil citados en el informe del IISS.
En 2015, el Gobierno Mexicano y la ONU protagonizaron una serie de descalificaciones cuando el Relator Especial contra la Tortura, Juan Méndez, aseguró que en México la tortura era una práctica generalizada, esto luego de presentar su informe anual de actividades.
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Las autoridades mexicanas rechazaron en varias ocasiones los dichos de Méndez, principalmente la SRE a través de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, quien señaló que el documento de la ONU no correspondía con la realidad.
El mismo año, un informe “Situación de los derechos humanos en México 2015” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba los niveles alarmantes de violaciones a los derechos humanos, con casos sintomáticos como desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Al respecto, la en ese entonces titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, repudió el informe y reiteró que no compartían la metodología, ya que no refleja la situación del país e ignora más de cincuenta años de avances en materia, sin mencionar que calificó las conclusiones de dicho documentos como “sin fundamento”.
Luego, en enero del 2016, Amnistía Internacional publicó el documento “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, donde asegura que hay una crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas.
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En respuesta también alegó fallas en su metodología, así como omisiones en los avances de Gobierno Mexicano en materia, por lo que el informe no es un referente para evaluar la magnitud de la desaparición de personas en el país.
En contraste, México exige a países como Venezuela acatar recomendaciones internacionales presionando con “medidas de carácter diplomáticas”. Candil de la calle oscuridad de la casa.
