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México, donde el Estado viola derechos y la justicia es una simulación

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado jueves una recomendación dirigida a Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina y a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), por 17 casos de violaciones a los derechos humanos.

A través de la recomendación 29/2018, la CNDH atribuyó dicha responsabilidad a 32 elementos de la Secretaría de la Marina, quienes durante el periodo del 2013 al 2017 transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de 4 mujeres y 13 hombres.

De acuerdo con el informe de la Comisión, los estados donde ocurrieron las agresiones fueron Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Dentro de los atropellos, la CNDH dio a conocer que de las 17 personas que fueron agredidas, 11 son víctimas de violencia sexual, además de otros actos violatorios como amarre de manos y pies, golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas, tablazos en los glúteos, espalada, pierna, espinillas y en las plantas de los pies.

Según el informe, las 17 víctimas habrían sido agredidas dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), donde permanecieron retenidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

Sin embargo, la Comisión detalló que la recomendación también fue dirigida a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, debido a que agentes del Ministerio Público Federalviolentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por probable delito de tortura.”

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Cabe mencionar de los 12 expedientes que se han integrado por los 17 casos de personas que fueron víctimas, solamente cinco han iniciado con la averiguación previa correspondiente.

De acuerdo con información de la CNDH, dichos casos se trataron de detenciones de fragancia o supuestas denuncias anónimas que derivaban en actos violatorios a derechos humanos: una practica que, de acuerdo con la Comisión, se ha hecho constante.

Y es que, según el informe “Situación de las personas defensoras de DH durante la Presidencia de EPN”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TCT), publicado en septiembre del 2017, asegura que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha respetado los derechos de la población.

Dando muestra de que ha sido una administración que ha “criminalizado la protesta social, ha atacado a quienes trabajan por la tierra y el territorio”, o por quienes luchan por las garantías de la comunidad LGBTTTI, y a todo aquel que defiende un derecho.

Mientras que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) constató en su informe Situación de los derechos en México”, en diciembre del 2015, que la “justicia” para las víctimas es una “simulación”.

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Sin cese a la violencia y sin acceso a los Derechos

Como parte de su discurso en su sexto y último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su administración no alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad en el país, además de asegurar que una de sus convicciones fue la de seguir creyendo a la “versión histórica” de la PGR, que asegura que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron ultimados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Sin embargo, un informe publicado en Dublín, Irlanda por la organización Front Line Defenders, titulado “Basta de Asesinatos” da cuenta de que México sigue teniendo un grave problema de violencia y de ataque a los derechos humanos de la población, por parte del Estado y del crimen organizado.

Front Line Defenders asevera que del 2016 al 2017 se registraron en México 4 ataques diarios contra defensores de los derechos humanos, y del 2013 al 2018, 114 asesinatos.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran periodistas, activistas de los derechos LGBTI, religiosos, ambientalistas, pueblos indígenas, mujeres y migrantes.

Quienes, según el informe, son víctimas de actos de intimidación, acoso judicial, detención arbitraria, amenazas de muerte, agresión física, desapariciones forzadas y asesinatos como consecuencia de sus actividades.

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Datos de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) señalan que entre 1995 y 2014 fueron asesinado mil 218 personas de la comunidad LGBTI: de los cuales 976 fueron hombres, 16 mujeres y 226 personas transgénero.

En tanto que la organización IM Defensoras documentó que del 2013 al 2016 fueron agredidas mil 360 defensoras de los derechos humanos: muchas de las cuales se encontraban investigando casos de mujeres que han sido víctimas de violación, homicidio y desaparición.

Mientras que datos la organización Article 19 registra desde el año 2000, 119 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 45 han sido ultimados durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Comunidades indígenas: las más vulnerables y la más afectadas

De acuerdo con el informe “Basta de Asesinatos” la estrategia socioeconómica impuesta por el Gobierno mexicano en las comunidades indígenas, es una de las causales que más al vulnerado las garantías de dichas poblaciones.

Según Front Line Defenders, la estrategia económica del gobierno se centra en la necesidad de maximizar los beneficios del mercado: aumentar el beneficio para el Estado del mercado ilegal y limitar los derechos de los trabajadores, sus salarios y sus días de descanso, es decir:

“Cuando esto se combina con la privatización de bienes y servicios básicos como los alimentos, el agua y la electricidad, indispensables para un nivel de vida digno, estas políticas no solo privan a la población de sus recursos naturales y territoriales, sino que convierten estos servicios en productos comerciales a los que solo pueden acceder las personas con dinero. En relación con los derechos humanos, el objetivo claro del Gobierno es tildar a las personas que se oponen a su agenda neoliberal de «enemigos del desarrollo»”.

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Asimismo, el informe detalla que la constante autorización del gobierno a concesiones para las empresas privadas, vulnera su derecho a la consulta previa: lo que orilla a los indígenas a luchar por sus tierras, pero son criminalizados por el Estado.

Aunado a que en los últimos 2 años, el 37% de los asesinatos cometidos contra los defensores, correspondieron a activistas indígenas.

Una cuestión que en el 2017 fue calificada por Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígena como una situación de exclusión y discriminación, debido a que es un sector que no tienen acceso a la justicia, y que durante su proceso se ven vulneradas sus garantías.

Front Line Defenders asegura que si bien en México ya existen mecanismos a nivel federal y local, que buscan proteger a los defensores y a los periodistas, esto no han sido efectivos en la prevención de los ataques, y en la protección de las personas.

“La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos: al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores, el Gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados, convirtiéndose básicamente en cómplice de los crímenes.”

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Periodista independiente, graduado de la Maestría de Periodismo Político, en La Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha trabajado como reportero y editor web, en medios como: Revista Variopinto, y Revolución 3.0.

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