Rodrigo GutiérrezEn tan sólo 35 segundos, un estudiante de 15 años cambió su vida, la de su familia, compañeros y maestra, además, estremeció el país entero. Sucedió en al Colegio Americano del Noroeste en Monterrey, Nuevo León, en la mañana del pasado 18 de enero, cuando Federico atacó a cuatro personas con una pistola calibre 22 y posteriormente se disparó en la boca. Todo registrado por una cámara de vigilancia ubicada en un ángulo superior del aula.
La profesora Cecilia, de 24 años, así como los menores Luis Fernando y Ana Cecilia, ambos de 14 años, sufrieron lesiones de arma de fuego en la cabeza, la primera murió, los dos restantes evolucionan favorablemene. Mientras que Manuel, de 15 años, otro de los alumnos del plantel, recibió un impacto en un brazo sin complicaciones mortales. En tanto, Federico falleció.
Los hechos sucedidos en la capital nuevoleonense han causado un gran impacto e indignación en la opinión pública. Sin embargo, casos con la crueldad y alevosía, así como las cortas edades tanto de la víctima y de los victimarios no son nuevos en México.
El 14 de mayo del 2015, cinco jóvenes chihuahuenses de entre 15 y 11 años asesinaron a Christopher, de seis años, mientras “jugaban” al secuestro.
De acuerdo con la confesión de los mismos menores -todos vecinos, conocidos e incluso tres de ellos primos de la víctima-, invitaron al menor a jugar en un arroyo cerca del fraccionamiento Laderas de San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua.
Ahí, le propusieron el “juego” a Christopher, quien sin poder negarse fue atado de pies y manos para posteriormente ser golpeado con troncos y piedras. Después, lo sofocaron con una vara en el cuello, provocándole desvanecimiento.
Al verlo desfallecido, los jóvenes pensaron que había muerto. Cavaron un hoyo, lo colocaron boca abajo y antes de enterrarlo fue apuñalado en la espalda. Tras sepultarlo, taparon el lugar con maleza y colocaron un animal muerto para no provocar sospechas.
Christopher fue reportado como perdido por la madre y encontrado muerto por la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas tras interrogar a los cinco menores, señalados como los últimos vistos en compañía de la víctima, quienes cayeron en contradicciones y finalmente confesaron como fue torturado, asesinado y sepultado.
Al rendir declaración, se presentaron cargos penales contra los niños. Durante las audiencias, las autoridades estales aseguraron que estos no mostraron arrepentimiento.
Cuatro de los cinco menores fueron sentenciados por el delito, sólo uno de ellos permanecerá nueve años y seis meses recluido en el Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores (Cersai), mientras que los otros tres menores vivirán tres años y seis meses de libertad asistida en permanente a disposición del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En cuanto al quinto adolescente implicado, fue absuelto debido a que sufre un retraso mental moderado, lo cual le provoca un lenguaje y razonamiento de un niño de cinco años.
Otro de los casos que más causó revuelo en la sociedad mexicana sucedió el 3 de diciembre 2010 cuando Édgar Jiménez Lugo, conocido como “El Ponchis”, de 14 años, fue detenido en el aeropuerto Mariano Matamoros del municipio de Xochitepec, al sur de Morelos, acusado –y posteriormente confeso- de torturar y decapitar a por lo menos cuatro personas, bajo órdenes del Cártel del Pacífico Sur.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el último asesinato sucedió dos meses atrás de su captura, un hombre cuyo cadáver fue encontrado en la autopista Cuernavaca-Acapulco, al cual le sacaron el cerebro y en su lugar le pusieron carne molida.
Además de los cuatro homicidios que confesó, las autoridades lo responsabilizaron de otros delitos, como el secuestro de tres personas, transporte de mariguana y portación de arma. Sin embargo, tres años después de su detención, el 26 de noviembre de 2013, fue liberado.
Casos como los mencionados han provocado cuestionamientos: ¿Cuál fue la razón de semejante acto?
Se culpa en gran medida a la descomposición del núcleo social, el cual se ha acrecentado desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco”, en 2006, encabezada por el entonces presidente Felipe Calderón.
Desde que comenzó la lucha en México, los homicidios a menores han ido en aumento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1995 a 2005, nueve mil 897 menores de edad fueron asesinados, mientras que de 2006 –año en el que se inició dicha guerra- a 2015, se registraron 11 mil 437, lo cual significa mil 540 casos más en el mismo lapso. En tanto, en los últimos cinco años, el número de casos aumentó en un 33%.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) publicó un comunicado en el que hacía referencia al caso en Monterrey, en el cual definió el hecho como grave, pero no generalizado y lo señaló como “el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia, así como la nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia”.
Asimismo, exigió al Estado Mexicano a realizar una fuerte inversión -no militar, ni policiaca- en aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado donde la violencia extrema es cotidiana.
Cuando sucedió el caso de Christopher, la misma asociación civil aseguró que éste era un claro ejemplo de “la normalización de la violencia y de la presencia del crimen organizado”.
En su último recuento anual, en 2015, el INEGI registró mil 57 homicidios a menores de edad en todo el país siendo el Estado de México, Guerrero y Chihuahua las entidades que encabezan la lista de decesos mencionados. Dichos datos ejemplifican perfectamente la situación de manera nacional pues diez estados ubicados en el centro, occidente y norte de México abarcan el 66% de los casos.
Tendencia a la destrucción
En entrevista con FrojiMx Jaime Arturo Suárez Viaña, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que el comportamiento violento es totalmente normal: «así como hay una tendencia en el ser humano hacia la sexualidad, al erotismo y a la vida; también existe una tendencia a la destrucción, a aniquilarse, a la muerte».
«La agresividad es la bronca con el semejante, es la competencia, es a quien envidio, con quien rivalizó es muy parecido a mí», y agrega: «tiene que ver con un acto de vivencia».
Para Suarez Viaña es fundamental no condenar del todo a los perpetuadores de este tipo de casos, más tratándose de menores, e invita a considerar el contexto.
En cuanto al tratamiento a los niños infractores implicados en situaciones de violencia, el académico se inclina por hacer conscientes de sus actos a los culpables, por medio del autoanálisis, en vez de sólo condenarlos a prisión.
«Si pensamos que hay en el niño esta tendencia tanto a la vida como a la muerte y le sumamos toda la cuestión cultural, de lo que se vive en el ambiente, de lo que se habla en la radio, de lo que se transmite en la televisión; esto sería únicamente un detonante de lo que ya está ahí […] los niños reproducen lo que está flotando en el aire, digamos que ese es su código, del cual pueden agarrarse para expresarse en los mismos términos que los rodea», insiste.
Para Arturo Suarez Viaña, no es que la misma cultura engendre la violencia, si no que sus actos fueron un «desfogue» de su realidad, es decir, los menores que manifiesten una violencia marcada, únicamente “realizaron un acto de adaptación para una sociedad violenta como la del norte del país».
