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ONU preocupada por las leyes que buscan la censurar Internet

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Los Estados tienen la obligación de garantizar, entre otras cosas, la diversidad y la dependencia de los medios de comunicación y el acceso a la información, así como la de promover el acceso universal a Internet, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la última edición del informe We Are Social y Hootsuite en este 2018, detalló que el número de usuarios de internet ha aumentado de manera importante, ya que en 2017 reportó a 3 mil 750 millones de personas, mientras que en el presente reporte se informó de 4 mil 21 millones.

Según datos de la ONU, en el mundo existen un total de 7 mil 593 millones de personas, lo que quiere decir que el 53% de la población de todo el planeta tiene presencia en el mundo digital.  

Siendo Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Bermudas, Islandia, Noruega, Andorra, Luxemburgo y Dinamarca, los países cuyo más del 95% de la población está conectada.

La más reciente encuesta realizada por la empresa ESET, sobre usos y seguridad en el mundo digital, señaló que la gente en el planeta, en general pasan más de 6 horas en internet.

Incluso detalla que el 34% de los usuarios han sido víctimas de alguna amenaza, principalmente de engaños o de robos de identidades.

Por su parte, el estudio sobre Hábitos de los Internautas en México, trabajado por la Asociación de Internet. MX. Señaló que el tiempo promedio de conexión de los mexicanos equivale a una jornada laboral completa, es decir, 8 horas y un minuto.

En tanto que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizado por Inegi, asegura que en México se registraron 71.3 millones de usuarios de internet en 2017.

Un estudio hecho por Asociación de Internet. MX. Indica que el 38% del tiempo, los usuarios navegan por las redes sociales, siendo Facebook la más utilizada, seguido de WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram.

Pero la ONU asegura que pocas empresas de internet tienen en cuenta los principios de derechos humanos en sus operaciones, considerando que la mayoría tiene limitada su capacidad de respuesta a las amenazas y las exigencias de los gobiernos.

Aunado a que internet también ha sufrido intentos de censura por parte de gobiernos, y las empresas privadas velan por su bienestar individual.

Hace un año, la Universidad de Oxford dio a conocer que 29 gobiernos en el mundo, utilizan cuentas en las redes sociales como “bots”, además de blogs, portales de internet y vídeos, con la intención de manipular las tendencias.

Actividades que la misma ONU condenó recientemente a través de su informe sobre la “promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión”, donde se detalla que las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos han afirmado que los estos fuera de “línea se aplican igualmente dentro”.

Solo por mencionar algunos ejemplos, durante el primer trimestre del 2018, surgió uno de los más grandes escándalos en lo que se ha visto envuelto Facebook y la consultora Cambridge Analytica.

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Según información difundida por medios de comunicación a nivel mundial, la empresa privada adquirió de forma ilegal la información personal de 50 millones de usuarios de dicha red social, violando así el derecho a la privacidad de las personas.

En su informe la ONU, asevera que muchas empresas de internet, han convertido sus plataformas en espacios fundamentales de discusión y debate, de acceso a la información, de comercio y de desarrollo humano.

Sin embargo, advierte que dichos portales también reúnen y conservan datos personales de miles de millones de personas, “información sobre sus hábitos, sus movimientos y sus actividades.”

En tanto que Google anunció recientemente que se encuentra desarrollando una aplicación de agregación de noticias apegados a las leyes de censuras establecidas por el Gobierno de China, incluyendo éste mismo plan al lanzamiento de una versión censurada y controlada del buscador.

Esto a pesar de que en el 2004, Google se manifestó diciendo que su “ambición” era la de hacer cosas “buenas” para el mundo, inclusos hasta dijeron estar dispuestos a renunciar beneficios de corto plazo. 

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Mientras que, en México, el pasado mes de abril el Senado de la República aprobó las modificaciones a los artículos 213 bis y 215 de la Ley General de Derecho de Autor, las cuales introdujeron la figura de “medidas precautorias”, que permiten que los tribunales puedan ordenar, tan solo cuando haya sospecha o riesgo de violación de derechos de autor.

El entonces presidente de la Comisión de Cultura del Senado, el ex panista Javier Lozano defendió la decisión de la cámara alta argumentando que dichas modificaciones permiten otorgar medidas precautorias, ordenas por el Tribunal.

“La acción de la autoridad se realizará a solicitud de los creadores, autores, compositores y titulares de derechos patrimoniales o de las Sociedades de Gestión Colectiva que los representen.”

En respuesta, organizaciones como la Red en Derecha de los Derechos Digitales, R3D y Articulo 19, expresaron su rechazo ante dicha aprobación, ya que consideraron que atenta contra el derecho a la libertad de expresión en internet.

“Que cualquier tribunal tendrá la facultad de ordenar que una comunicación pública —por ejemplo, un video en internet, sea censurada o que los servidores, enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión sean asegurados, sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viole el derecho de autor”.

En otro caso similar, hace poco menos de un mes, el pleno del Parlamento Europeo votó por una propuesta directiva sobre los derechos de autor, una iniciativa que causó mucha polémica, ya que fue considerada como perjudicable a mundo abierto que representa internet.

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Incluso Wikipedia como forma de protesta mostró durante el pasado 4 de julio, una pantalla en negro con un mensaje rechazando dicha ley:

“En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web. Si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet; la misma Wikipedia estaría en riesgo”

Protestas que tuvieron eco entre los parlamentarios, quienes al final la rechazaron. Sin embargo, se espera que el texto vuelva al pleno de la Eurocámara en el mes de septiembre, para un nuevo debate.

Todos estos ejemplos y otros casos que desde hace años llevan resonando a nivel mundial, gobiernos y empresas han buscado constátenme imponer leyes que afectan la libre expresión y los derechos humanos de los usuarios en internet.

Pero la ONU advierte que existen casos donde no se vela tanto por la libertad de expresión como nos hacen pensar, ya que, la organización advierte que mientras los gobiernos quieren controlar el contenido de internet, las empresas impugnan por su acceso individual a sus plataformas mediante acuerdos y condiciones.

“Extremismo, la blasfemia, la difamación, el discurso “ofensivo” las “noticias falsas” y la “propaganda” suelen servir como pretexto para exigir que las empresas supriman la expresión legítima”, se detalla en el informe sobre “promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión”.

Según la ONU, tanto las empresas como los gobiernos están generando propaganda y leyes que afectan a la libertad de expresión en internet, señalando que muchas de ellas son muy ambiguas y criminalizan a la sociedad:

“Las prohibiciones que se imponen a las empresas de ensalzar o promover el terrorismo66, apoyar o elogiar a los dirigentes de organizaciones peligrosas y albergar contenidos que promuevan actos de terrorismo o inciten a la violencia, son al igual que la legislación contra el terrorismo, excesivamente vagas. En las políticas de las empresas con respecto al odio, el acoso y los abusos no se indica claramente qué constituye un delito.”

Por lo que, en su informe, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a la transparencia, en rendición de cuentas y un verdadero compromiso con la reparación con el fin de proteger la capacidad de las personas para utilizar las plataformas en línea, como foros libres de expresión.

“Los Estados y las organizaciones intergubernamentales deberían abstenerse de promulgar leyes o concertar acuerdos que requieran la vigilancia o el filtrado “activo” del contenido, que es incompatible con el derecho a la privacidad y puede ser equivalente a la censura previa a la publicación.”

“Las empresas deben adoptar enfoques de la transparencia radicalmente distintos en todas las etapas de sus operaciones, desde la elaboración de normas hasta la recopilación y aplicación de “jurisprudencia” que enmarque la interpretación de las normas privadas.”

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Periodista independiente, graduado de la Maestría de Periodismo Político, en La Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha trabajado como reportero y editor web, en medios como: Revista Variopinto, y Revolución 3.0.

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