Diana Mariela Sánchez VelascoDespués de meses de protestas, el pasado 30 de julio millones de venezolanos fueron llamados a elegir a los miembros de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que tendrá la tarea de redactar una nueva constitución.
Durante el proceso electoral pasado se vivieron varias irregularidades. Las votaciones fueron unas de las más controversiales de toda Latinoamérica.
¿Por qué una Asamblea Constituyente?
El pasado 2 de mayo, y en medio de una crisis política marcada por un mes de manifestaciones casi diarias, el presidente Nicolás Maduro anunció que se convocaría esta nueva Asamblea, lo cual, evidentemente, provocó un sinfín de reacciones en la nación bolivariana y en la comunidad internacional.
No obstante, y a pesar de las críticas y múltiples rechazos de varios países alrededor del mundo, las votaciones se llevaron a cabo.
En términos de cambios, todavía no está claro lo que está por venir.
Maduro ha hablado de la Asamblea Constituyente como una iniciativa que resolverá los desafíos políticos y económicos, incluso afirmó que será una «mejora» del plan revolucionario de Hugo Chávez.
No está claro cuáles serán las reformas. Los críticos temen que la Asamblea Constituyente intente anular la Asamblea Nacional, el único órgano gubernamental no controlado por el partido de Maduro. Incluso, se ha dicho que podría cancelar las elecciones presidenciales del próximo año.
¿Qué pasó en las votaciones?
Maduro lo llamó una victoria. No obstante, el sufragio no se llevó de una manera “pacífica”, al menos 10 personas murieron, incluyendo un aspirante delegado nombrado en la boleta electoral.
A la par, el gobierno anunció que más de 8 millones de venezolanos habían participado en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, su conteo fue puesto en duda por al menos una encuesta de salida independiente, mostrando que la participación fue menos de la mitad de ese número.
Se ha dicho que las reglas de la elección fueron fuertemente sesgadas a favor de la actual administración. En lugar de «una persona, un voto», el gobierno apiló las elecciones a su favor, organizándolo para que el constituyente atrajera a un delegado de cada municipio, lo que favoreció desproporcionadamente las zonas rurales poco pobladas donde Maduro es más popular.
Aunado a ello, no hubo observadores electorales u otras medidas estándar para salvaguardar la autenticidad del voto, y según algunos informes, muchos centros estuvieron prácticamente desiertos durante el día de la votación.
¿Qué países han apoyado este proceso y qué países no lo han hecho?
Según un artículo publicado por el portal de noticias “CNN en Español”, los países que anunciaron que se negaban a reconocer esta Asamblea fueron: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Guatemala y la Unión Europea. Y, por otro lado, los países que mostraron su apoyo fueron: Nicaragua, Bolivia y El Salvador.
¿Y el encarcelamiento de Leopoldo López y Antonio Ledezma?
Sin duda, el encarcelamiento de López y Ledezma tomó por sorpresa a muchos. Los líderes de oposición fueron acusados por el Tribunal Supremo del gobierno de violar los términos de su arresto domiciliario, y posteriormente fueron recluidos.
“Con el encarcelamiento de Leopoldo López y de Antonio Ledezma no sólo se ha vuelto a privar de libertad a dos ciudadanos por el solo hecho de pensar distinto que el poder dominante, de alzar su voz en contra de un régimen opresor.
Con su detención, se les ha secuestrado a ellos y con ellos a toda una nación. A la República hermana de Venezuela” afirma el exministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, en una tribuna publicada por el periódico español “El Mundo”
El Tribunal dijo que había recibido «informes de fuentes oficiales de inteligencia» de que López y Ledezma planeaban escapar.
López había sido liberado de la prisión militar de Ramo Verde el 8 de julio después de cumplir tres años de una sentencia de 13 años por incitar a la violencia en manifestaciones de la oposición.
Ledezma, por su parte, fue detenido en 2015 por presunta conspiración contra el gobierno, y había estado también bajo arresto domiciliario. Muchos grupos de derechos humanos los consideraron presos políticos.
“La reacción internacional debe ser rotunda y sin vacilaciones. No basta con condenar unas detenciones arbitrarias e ilegales.
Es la dictadura quien debe ser excluida del espacio de las naciones libres y democráticas. Y con sanciones a sus dirigentes, no a los ciudadanos que antes que responsables son víctimas de los ocupantes del poder”, expresó Ruiz-Gallardón, quien también es miembro de la defensa de Leopoldo López.
¿Qué se espera ahora?
A medida que el gobierno de Maduro ha ido consolidando su poder, la oposición ha luchado por adaptarse y mantener un frente unificado, ha tratado de presionar por el cambio dentro del sistema democrático y ha asegurado el respaldo de la mayoría de los venezolanos. Indudablemente, la presión de la oposición está aumentando, y actualmente ya constituye una fuerza política importante, un grupo que no va a desaparecer y seguirá haciéndole frente al presidente, y a quienes lo apoyan.
Por otro lado, el 4 de agosto los miembros electos de la Asamblea fueron juramentados como el nuevo cuerpo legislativo. Tendrán por lo menos tres meses para redactar el nuevo texto constitucional y se espera que concentren su trabajo en temas de justicia y económicos.
El texto final de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pasará a un referéndum abierto y libre (programado para el 19 de diciembre) donde todos los ciudadanos decidirán si se aprueba o no.
Dependiendo de lo que incluyan los constituyentes en el texto final, el país podría enfrentar elecciones generales para el Presidente de la República, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos elegidos.
Finalmente, y citando un artículo de Michael Shifter (presidente del Diálogo Interamericano) y Ben Raderstorf (asociado del Diálogo Interamericano) para la revista “Foreign Affairs”, en la práctica, la Asamblea Constituyente se asemeja a un nuevo “Supercongreso”, un órgano capaz de remodelar el gobierno como lo desea y deslegitimar a las otras instituciones del Estado sin reemplazarlas.
Incluso si nunca produce una nueva constitución, la existencia de la Asamblea podría proporcionar los medios para cerrar la legislatura, despedir al fiscal general (que recientemente ha surgido como una molestia para el gobierno) y posponer las elecciones futuras indefinidamente.
En otras palabras, la Asamblea podría destruir la Constitución de Venezuela sin necesidad de reemplazarla.
