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Violencia de género contra las mujeres y las políticas de drogas

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Siete de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud están vinculados al delito de posesión de drogas, según datos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Aunado a que en el 41% de las personas que se encuentran en un proceso federal por delitos contra la droga, el valor de la sustancia era menor a de $500 pesos.

Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su Programa de Políticas de Drogas, ocho de cada 10 mujeres que se encuentran presas en penales federales, son señaladas por delitos vinculados con las drogas.

En México, señala el CIDE, los consumidores son criminalizados y equiparado a narcomenudistas.

Foto: Reproducción

De acuerdo con la ONU y la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social, mujeres y niñas mexicanas se encuentran vulnerables ante el problema mundial de las drogas en su doble faceta: como consumidoras o como narcomenudistas.   

En abril del 2016, en la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, se instó a los países del mundo a reconocer la importancia de incorporar las perspectivas de género y de edad en los programas y políticas relacionado con las drogas.

Según el informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México” trabajado por la organización “Equis, Justicia para las mujeres”, en México existen muchos casos de mujeres que fueron privadas de su libertad por delitos contra la salud, quienes en su mayoría no tienen ningún vinculo de grupos delincuenciales, sino que traían posesión de alguna sustancia ilegal.

Datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, señala que existen 176 mil 339 personas recluidas en un centro por delitos del fuero común, de las cuales 14 mil 321 son mujeres.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en 2016 que mil 911 mujeres fueron procesadas por delitos de narcomenudeo, por posesión simple, posesión con fines de venta o suministros.

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Mientras que por el delito del fuero federal ingresaron 32 mil 121 personas al sistema penitenciario estatal, de las cuales 2 mil 704 son mujeres que fueron procesadas por delitos contra la salud, por producción, transporte, tráfico, comercio, posesión y suministro.

Las mujeres que se encuentran recluidas sufrieron experiencias de discriminación y de violencia antes de ser encarceladas, detalla el informe “Mujeres, Políticas de drogas y encarcelamiento”. 

Señala, además, que la mayoría de las mujeres recluidas lo “hicieron por necesidad”.

El documento fue realizado por La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, así como la organización Dejusticia y la International Drug Policy Consortium.

Es decir, que muchas de las jóvenes que hoy son señaladas por consumir, transportar o vender sustancias ilícitas, lo hicieron porque no encontraron otro trabajo u otra manera de general capital.

Las mismas organizaciones y dependencias del gobierno, han marcado la importancia de que es necesario conocer y entender la condición de todas ellas.

Jóvenes que han sido vinculadas a proceso por delitos contra la salud, en su gran mayoría se trata de mujeres embarazadas, y madres solteras que una vez encarceladas también hay consecuencias en las familias y en los hijos.

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Y aunque los datos del Inegi señalan que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encarcelamiento de las mujeres esta creciendo más rápido, señala el informe.

De acuerdo con el perfil de las mujeres encarceladas, en su mayoría tuvieron poca o nulo acceso a la educación, y viven en condiciones de pobreza, además de que muchas son responsables del cuidado de dependientes, ya sean niños, personas de la tercera edad o que tengan alguna discapacidad.

Pero también existen quienes, han dicho que se involucraron de su propia voluntad al mundo de las drogas, sin embargo, en su gran mayoría fueron persuadidas por su pareja.

Otra problemática que denuncian organizaciones de la sociedad civil, es que, a pesar de que la mayoría de las que son procesadas, no son consideradas una amenaza para la comunidad, y aunque realizaron trabajos de “bajo perfil” son recluidas con condenas excesivamente largas.

Mujeres Indígenas recluidas por delitos contra la salud

Un sector de la sociedad que de por si históricamente han sido discriminados y que además no cuentan con oportunidades de educación y de empleo, son las mujeres que pertenecen a comunidades étnicas.

Según el CIDE el 99% de estas mujeres son encarceladas por primera vez y que nunca antes habían cometido un delito; y cuando se trata de mujeres indígenas, el 43% esta presa por transportar drogas en una situación de necesidad económica o violencia.

De acuerdo con datos de la autoridad federal, existen 18 mujeres indígenas encarceladas por delitos contra la salud, sin embargo, se tiene certeza de que 61 se encuentran recluidas en Chihuahua: 48 corresponden a delitos del fuero federal y 13 del común.  

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Según el informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México” trabajado por la organización “Equis, Justicia para las mujeres” destacaron que en Chiapas y Oaxaca se tienen identificadas a 10 mujeres indígenas privadas de su libertad.

Sin embargo, activistas y organizaciones han denunciado que el gobierno de México cuenta con una escasa información de dichos casos, por lo que han sentenciado que dichas cuestiones evidencian la necesidad de que las autoridades refuercen sus políticas para proteger los derechos de las mujeres.

De las mujeres que la organización “Equis” entrevistó, se pudo saber que la mayoría de ellas no saben cuáles son sus derechos y las circunstancias de su encarcelamiento.

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Y aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal dicta que, en el internamiento de personas indígenas, se debe ponderar su relación con su comunidad y se deben respetar sus usos y costumbres, sucede todo lo contrario.

Aunado a que son personas que no tuvieron opciones escolares, y que además hablan una lengua étnica, cuando son arrestadas no cuentan con un interprete certificado que les ayude a saber de qué las acusan.

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Periodista independiente, graduado de la Maestría de Periodismo Político, en La Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha trabajado como reportero y editor web, en medios como: Revista Variopinto, y Revolución 3.0.

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