Rodrigo GutiérrezPobreza, familias rotas, machismo y demás violencia patrocinada por el contexto, llevarían a un niño a tomar cualquier arma y lastimar al otro.
A las 8:40 horas del viernes 10 de enero del 2019 un menor de 11 años perpetró una tragedia en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. Armado con dos pistolas disparó en al menos nueve ocasiones contra maestros y alumnos, para luego acabar con su vida. El saldo del tiroteo fue de dos muertos y seis heridos.
Prácticamente dos años antes, el 18 de enero del 2017, otro menor, en esta ocasión de 15 años, disparó contra los compañeros y su profesora en el Colegio Americano de Monterrey, Nuevo León, suicidándose posteriormente. El caso dejó dos fallecidos y tres lesionados.
Un día antes de la tragedia en Torreón, en la Ciudad de México fue detenido Alexis, un menor de 14 años, por secuestro; señalado además de controlar algunos puntos de venta al sur de la capital, es hijo del extinto líder del autonombrado cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”.
Este caso también recuerda al que sucedió el 14 de mayo del 2015, cuando cinco jóvenes de entre 15 y 11 años asesinaron a Christopher, de apenas seis años, mientras “jugaban” al secuestro, en Aquiler Serdan, Chihuahua.
Los incidentes ya mencionados ponen sobre la mesa el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué un niño mata?
El contexto: un acto de adaptación
No sólo es una, son varias las razones por las que un menor ejerce la violencia a tal grado, siendo su contexto el principal motivo.
Entrevistado en abril del 2017 para la publicación “Niños en México: Crecer entre violencia”, publicado por FrojiMX, Jaime Arturo Suárez Viaña, catedrático de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que cuando sucede un caso donde el perpetrador es un menor, invita considerar el contexto.
“Los niños reproducen lo que está flotando en el aire, digamos que ese es su código, del cual pueden agarrarse para expresarse en los mismos términos que los rodea”.
Para el experto, los menores que manifiesten una violencia marcada, únicamente “realizaron un acto de adaptación para una sociedad violenta como la del norte del país”.
“La guerra contra el narco”
En los cuatro casos mencionados, los menores crecieron en un contexto de violencia marcada principalmente por la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, comenzada en diciembre del 2006 y que sigue hasta la fecha a tal grado que, desde 2017, cada año es “el más violento desde que se tiene registro”.
Esta fallida estrategia de seguridad de más de una década ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a éstas por parte de niñas, niños y adolescentes, aseguró la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) tras darse el caso del Colegio Cervantes.
En el caso de Coahuila, durante muchos años “Los Zetas” se apoderaron de la entidad, presuntamente bajo el visto bueno de los gobiernos de los hermanos Moreira.
Ahí “Los Zetas” perpetraron la llamada masacre de Allende, cuando el cártel atacó a un pueblo entero dejando de forma oficial 42 desaparecidos, aunque se habla de alrededor de 300 víctimas. La misma entidad zona en la que se hicieron los mandamás de las prisiones como en Piedras Negras, que se convirtió en su campo de exterminio zeta.
Misma situación la de Nuevo León, donde también “Los Zetas” tenían uno de sus principales bastiones criminales.
En dicho estado cometieron el atentado contra el Casino Royal, el 26 de agosto del 2011, cuando incendiaron el lugar dejando un saldo de 52 muertos y 10 heridos. El móvil del crimen habría sido el nulo pago de una extorsión por parte de los dueños del casino a “Los Zetas”.
Chihuahua vive hasta la fecha los estragos de la narcoviolencia, principalmente de larga guerra que se disputan el cártel de Sinaloa y el de Juárez. Sin mencionar la época en la que Ciudad Juárez era el epicentro de los feminicidios en todo el país.
Las consecuencias de la guerra. FOTO: RASHIDE FRIAS.
Por su parte, Alexis creció en un seno familiar inmiscuido en la violencia y el narcotráfico: su padre, hermanos, medios hermanos y demás familiares están inmiscuidos en el crimen organizados.
Familias rotas
Karina García Reyes, profesora e investigadora de la Universidad de Bristol, entrevistó a 33 exnarcotraficantes para entender las razones detrás de su inmersión en el crimen organizado.
En los resultados de esta investigación, la profesora expone como una tendencia la mala relación que estos excriminales tuvieron con sus familias, principalmente con sus padres. La gran mayoría de ellos tenía un enorme rencor contra sus padres, a tal grado que fantaseaban con asesinarlos.
“La violencia doméstica y de género son las primeras experiencias de vida de estos participantes. Todos coinciden en que su mayor frustración era ver cómo sus padres golpeaban y abusaban de sus madres constantemente”, detalla García Reyes.
De enero a noviembre de 2019 se denunciaron 220 mil 296 casos de delitos contra la familia en todo el país, como violencia intrafamiliar o violencia de género, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).
Esto significa un promedio de 28 casos de delitos contra la familia cada hora, 667 diarios, más de 20 mil al mes, en todo México.
Así, estos niños buscan refugio en la calle, donde impera la “ley de la selva” y se acercan a pandillas -con la que se intenta suplir a la familia- para sobrevivir a la violencia a cambio de perpetrarla.
Pobreza, el cultivo para la violencia
Todos los entrevistados de la investigadora comparten una constante: la pobreza.
“El discurso del narco produce un significado de la pobreza tajante. Se asume que la gente pobre no tiene futuro y por lo tanto no tiene nada que perder”, refiere García Reyes.
Y añade: “Las experiencias de vida diaria de aquellos que viven en pobreza son el caldo de cultivo para todo tipo de violencia”.
En México, la mitad de los niños y adolescentes se encuentran en pobreza, así lo señala el “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Coneval detalla que existen alrededor de 40 millones de menores en México, de los cuales 20.7 millones viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza.
La situación empeora en el caso de los menores indígenas, donde casi el 80% se encuentra en condiciones de pobreza.
Machismo, incentivar la violencia
Otro de los hallazgos de la investigación de la profesora Karina García Reyes es la presencia del machismo, particularmente la masculinidad tóxica, en los perpetradores de la violencia.
“El discurso del narco también produce la idea de que ‘un hombre de verdad’ tiene que ser agresivo, violento y mujeriego […] que no puede mostrar sus miedos, sus emociones y debilidades”, explica la investigadora.
Para García Reyes el machismo no solo justifica la violencia, la incentiva.
La responsabilidad del Estado
El Estado no puede esquivar sus responsabilidades en materia, mismas de las cuales pareciera no hacerse cargo.
La Redim lamenta la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia, y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia escolar.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha apostado por a mantener activos a los jóvenes, ofreciéndoles las becas “Benito Juárez” para estudiar y opciones para realizar sus prácticas profesionales con “Jóvenes Construyendo el Futuro”, políticas públicas que han sido señaladas como clientelares.
Mientras su administración busca reclutar 50 mil jóvenes a las filas de la recién creada Guardia Nacional, mandarlos a la “guerra”.
¿Hay solución?
La solución, claro está, de uno o dos factores. García Reyes propone atacar las necesidades de forma particular y no generalizar.
“El problema de la violencia únicamente se puede minimizar y evitar si se entiende y ataca localmente. Cada región, cada barrio, tiene problemas y necesidades específicas. Las políticas públicas diseñadas en masa no funcionarán”, sentencia la profesora.
Sin embargo, este tipo de soluciones, lamente la investigadora, no ofrece grandes recompensas a los políticos.
En tanto, alrededor de 21 mil jóvenes han sido asesinados desde el año 2000 hasta finales del 2019, según datos de la Redim.
