No solo le entregó el municipio al narcotráfico, también dinero del presupuesto. Cuando fue alcaldesa de Rosarito, en Baja California, la hoy diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Guerrero le dio contratos y apoyos sociales a Candelario Arcega Aguirre, presunto operador político del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos soltó una bomba. Lo que parecía un listado más de personas y empresas sancionadas por sus ligas con el narcotráfico fue más bien la exhibición de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.
A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses informaron sobre la inclusión en su lista negra de 20 objetivos –cinco personas y 15 empresas– por sus nexos con “Los Mayos”, fracción del Cártel de Sinaloa ligada a Ismael “El Mayo” Zambada. A la vez que la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Entre los señalados destaca Hilda Araceli Brown Guerrero, actual diputada federal de Morena. El Departamento del Tesoro la acusa de haber permitido que “Los Mayos” controlaran el gobierno cuando fue alcaldesa de Rosarito, en Baja California, nombraran a su gente en puestos de alto nivel y operaran con total impunidad.
La administración de Brown Guerrero fue infiltrada por el narcotráfico a través de Candelario Arcega Aguirre, con quien la morenista mantiene una estrecha relación personal y que es señalado como “agente político” del Cártel de Sinaloa trabajando para los hermanos Alfonso y Rene Arzate García, “El Aquiles” y “La Rana”, líderes de “Los Mayos” en Baja California.
Ahora sabemos que Hilda Araceli Brown Guerrero no solo le entregó el control del gobierno de Rosarito al Cártel de Sinaloa, sino también su presupuesto. Durante sus dos trienios al frente del municipio, la morenista le dio cuando menos un contrato millonario y cientos de miles de pesos en apoyos sociales al propio Candelario Arcega Aguirre.
Compran patrullas al Cártel de Sinaloa
El 23 de enero de 2024, unas semanas antes de dejar la presidencia municipal de Rosarito, Araceli Brown firmó el contrato OM/CCV/FORTAMUN/001/2024 por la adquisición de patrullas.
Se trató de ocho camionetas Dodge Ram 1500 por las que el municipio desembolsó un total de 11.9 millones de pesos.
El dinero se entregó en dos partes: los primeros 5.9 millones de pesos en los primeros diez días hábiles tras la firma del contrato y los 5.9 millones de pesos restantes diez días hábiles después de la entrega de las patrullas.
En el documento el nombre y la firma del contratista viene testado, sin embargo, en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia señalan que se trata de Candelario Arcega Aguirre.
Esto quiere decir que al menos ocho patrullas de la Policía Municipal de Rosarito fueron pagadas a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa.
Pero no se limita a eso, sino también a una persona muy cercana a la entonces alcaldesa morenista.
Por lo que esto no solo evidencia la colusión entre el gobierno y un grupo criminal, sino también un conflicto de interés.
No solo contratos, también apoyos sociales
Candelario Arcega Aguirre no sólo recibió contratos de Araceli Brown, sino también dinero de programas sociales.
A principios de 2021, cuando terminaba su primer trienio al frente de Rosarito, el gobierno de Brown Guerrero entregó recursos públicos a Arcega Aguirre.
De acuerdo con el documento “Montos pagados por ayudas y subsidios”, el “agente político” del Cártel de Sinaloa recibió 150 mil 471 pesos del ayuntamiento bajacaliforniano.
En ningún lado del documento se precisa el motivo por el cual Arcega Aguirre recibió el dinero, únicamente se define como “ayudas sociales a personas”, sin dar mayor explicación.
En menos de tres años, Candelario Arcega Aguirre pasó de ser beneficiario de programas sociales a ser contratista gubernamental, todo cuando gobernaba Araceli Brown, con quien mantiene una estrecha relación personal.
