Luis Alberto HernándezDiversas organizaciones del sur del municipio de Ensenada, en Baja California, han denunciado que son perseguidos, e incluso amenazados, por el titular de CONAPESCA, Mario Gilberto Aguilar Sánchez, quien les ha pedido renunciar a sus productivas áreas de trabajo.
Según los pescadores, la falta de apoyo de las autoridades competentes, quienes además buscan que las zonas pesqueras sean entregadas a grupos de pescadores dedicados al blanqueo o tráfico ilegal de especies marinas, concretamente la langosta roja de mar y abulón, especies que generan de forma anual importantes ganancias económicas al sector pesquero.
En palabras de los pescadores, el hostigamiento inicia con el retraso u obstaculización de trámites de trabajo, así como con la constante negativa de otorgar licencias para la pesca de nuevas especies, incluyendo la renovación de los permisos ya existentes; muchos de los afectados han tenido que llegar incluso hasta los tribunales gastando sus recursos económicos para destrabar los trámites, y lograr que los mismo avancen.
De acuerdo con información proporcionada en el último año y medio, la CONAPESCA ha expedido más de un centenar de permisos a un reducido grupo de pescadores u organizaciones, cuyos antecedentes en materia pesquera se encuentra estrechamente ligado al saqueo y tráfico ilegal de especies marinas.
A pesar de la resistencia que el sector formal de la pesca ribereña ha realizado de forma directa al comisionado de pesca y a sus colaboradores, quienes de forma por demás irregular, han expedidos permisos informales en áreas donde tradicionalmente se ha realizado la pesca responsable por parte de los habitantes de las comunidades establecidas en las mismas.
La situación de esa región es apremiante, pues una gran cantidad de comunidades, que por generaciones se han dedicado a la pesca legal, están en peligro de quedarse varadas dentro de muy poco tiempo con la consecuente responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Asimismo, reportes por separado señalan que la CONAPESCA será investigada por personal de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Federal, debido a que existen decenas de expedientes en los que se exponen casos de corrupción, no sólo en el norte, centro y sur de Baja California, sino también en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit.
