Rodrigo GutiérrezLos gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador pagaron millones a empresa ligada a Luis Cárdenas Palomino -exfuncionario de seguridad detenido por tortura en México y acusado por narcotráfico en Estados Unidos- para cuidar aeropuertos y puertos
La empresa Adamantium Private Security Services recibió 16 contratos del gobierno federal por 519.7 millones de pesos para que se encargara de la seguridad de aeropuertos y puertos en 12 estados del país.
Los contratos -obtenidos por FrojiMX vía Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet- fueron entregados por el gobierno federal de 2015 a 2019, es decir, desde la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto y el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El director general de esta empresa es Luis Cárdenas Palomino, un alto exfuncionario quien fue parte de diversas dependencias de seguridad federal por cuatro sexenios, actualmente se encuentra en prisión acusado de tortura y tiene un señalamiento pendiente en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, particularmente el Cártel de Sinaloa.
Fue parte del Cisen de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, pasó a la Procuraduría General de la República y con Vicente Fox comenzó a combatir al crimen organizado, llegando a su apogeo en el sexenio de Felipe Calderón, con puestos importantes en la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal, pieza clave en la llamada “guerra contra el narco”.
De acuerdo con el perfil de LinkedIn de Cárdenas Palomino, llegó a la dirección general de Adamantium Private Security Services en enero del 2013, a días de haber dejado la función pública, y todavía aparece como “actualmente en el cargo”.
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Los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador dejaron a cargo de la seguridad de dos de las principales entradas de droga a México a una empresa cuyo director general es un alto exfuncionario acusado de nexos con el cártel más poderoso del país.
Trece de los 16 contratos que recibió Adamantium Private Security Services fueron otorgados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Los tres restantes fueron otorgados por la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo y Veracruz, que también estaba bajo control de la SCT y que el gobierno de López Obrador entregó a la Secretaría de Marina (Semar).
193.3 MDP POR LA SEGURIDAD DE SEIS AEROPUERTOS
La ASA desembolsó 193.3 millones de pesos para que la empresa de Cárdenas Palomino se encargara de la seguridad de seis aeropuertos del país.
Adamantium Private Security Services recibió más de 184 millones de pesos -el monto más grande- en tres contratos para que cuidara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El primer contrato fue por 2.1 millones de pesos, comenzó el 16 de agosto de 2015 y terminó el 31 de diciembre del mismo año; el segundo fue por 5.6 millones de pesos de 28 de enero al 31 de diciembre del 2016; y el tercero fue por 176.2 millones de pesos, inició el 1 de febrero del 2017 y terminó el 31 de enero del 2019.
La ASA pagó otros 2.8 millones de pesos en dos contratos a la empresa de Cárdenas Palomino para que se encargara de la seguridad del Aeropuerto Internacional de Campeche del 1 de abril al 31 de agosto del 2019.
También en Campeche, la empresa de Cárdenas Palomino recibió 2.1 millones de pesos para cuidar el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen del 1 de abril al 30 de julio de 2019.
La ASA dio dos contratos por 2.7 millones de pesos a Adamantium Private Security Services para que se hiciera cargo de la seguridad y vigilancia del Aeropuerto Internacional de Chetumal, en Quintana Roo, del 19 de marzo al 31 de agosto del 2019.
Finalmente, la empresa de Cárdenas Palomino recibió 829 mil 550.42 pesos y 808 mil 481.46 pesos para cuidar los aeropuertos de Colima y Tepic, del 1 de julio al 31 de agosto 2019.
123.6 MDP MÁS POR VIGILAR ESTACIONES DE COMBUSTIBLE
Adamantium Private Security Services también recibió 123.6 millones de pesos en tres contratos por “servicios de seguridad y vigilancia y estaciones de combustible de la red de la ASA”.
El primero de estos contratos de la ASA a la empresa de Cárdenas Palomino fue por 10.3 millones de pesos, comenzó el 13 de marzo de 2015 y terminó el 31 de diciembre del mismo año.
El siguiente fue por 59.2 millones de pesos y abarcó del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2016. De acuerdo con el fallo de la ASA, se le encargó a la empresa de Cárdenas Palomino la seguridad de los aeropuertos de Colima, en Colima; Tepic, en Nayarit; y Uruapan, en Michoacán.
También las estaciones de combustible en Manzanillo, en Colima; Morelia y Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Bajío, en Guanajuato; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco; Pachuca, en Hidalgo; y Querétaro, en Querétaro.
El tercer contrato fue por 53.9 millones de pesos, del 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2018. El fallo de la ASA detalla que se le encargaron los aeropuertos de Campeche y Ciudad del Carmen, en Campeche; y Chetumal, en Quintana Roo; más las estaciones de combustible de Cancún y Cozumel, en Quintana Roo; y Mérida, en Yucatán.
202.7 MDP POR LA SEGURIDAD DE PUERTOS
Adamantium Private Security Services no solo se hizo de la seguridad de aeropuertos, sino también la de Puertos, servicios por los que recibió 202.7 millones de pesos en tres contratos.
El primero fue por 99.3 millones de pesos y abarcó del 16 de agosto del 2015 al 16 de agosto del 2018, la empresa de Cárdenas Palomino se encargó de la seguridad de API de Veracruz, principal puerto del país y puerta de entrada y salida a Europa, Estados Unidos y Sudamérica, según la página oficial.
Los últimos dos contratos suman 103.4 millones de pesos y abarcó del 19 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, por cuidar el API de Manzanillo, en Colima, la principal puerta de entrada y salida de Asia a nuestro país.
SEGURIDAD DE AIRE Y MAR EN MANOS DE EXFUNCIONARIO LIGADO AL NARCO
Los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador dejaron la seguridad de aeropuertos y puertos a la empresa de un exfuncionario acusado por nexos con el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos asegura que Cárdenas Palomino, junto con su excolega Ramón Pequeño García -aún prófugo- y su exjefe Genaro García Luna -preso en Nueva York- fueron cooptados, a través de sobornos multimillonarios, por el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, la cooptación de Cárdenas Palomino por el Cártel de Sinaloa fue desde enero del 2001 al presente, es decir, siguió cuando la empresa de la que es director general se encargaba de la seguridad de aeropuertos y puertos.
Los aeropuertos y puertos funcionan constantemente como punto de llegada de cargamentos de droga proveniente de Sudamérica y Asia, misma que termina en su mayoría en territorio estadounidense, a través de las tres principales rutas del tráfico de drogas identificadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los aeropuertos del sureste del país -como los de Campeche, Quintana Roo y Yucatán- son entrada de sustancias ilícitas que provienen principalmente de Sudamérica y siguen la ruta del Golfo o del Pacífico para terminar en Estados Unidos.
Lo mismo con los puertos, al de Manzanillo, en Colima, llegan drogas sintéticas y precursores químicos provenientes de Asia, que utilizan la ruta del Pacifico para terminar en territorio estadounidense, lo mismo sucede con los aeropuertos de Jalisco, Nayarit y Michoacán.
Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también llega mercancía ilegal de varias partes del mundo y utiliza la ruta del Centro para terminar en Estados Unidos.
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La acusación, presentada en julio del 2020 por el Gobierno de Estados Unidos, señala que Cárdenas Palomino, García Luna y Pequeño García acordaron no interferir con los envíos de droga del Cártel de Sinaloa desde México a Estados Unidos.
Estos tres altos exfuncionarios también dieron acceso al cártel a información confidencial sobre operaciones policiales en su contra.
Cárdenas Palomino, García Luna y Pequeño García también entregaron información al Cártel de Sinaloa sobre organizaciones criminales rivales, y no solo eso, enfocaron sus esfuerzos para atacar y arrestar, con el poder del Estado, a miembros de dichos cárteles enemigos.
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Incluso, los tres mandos policiacos colocaron a funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento se desconoce si el gobierno estadounidense presentó una solicitud de extradición contra Cárdenas Palomino. De ser extraditado a Estados Unidos, le esperaría una sentencia mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.
