Cárteles del crimen organizado se han beneficiado de cientos de millones de pesos en dinero público otorgados por gobiernos de todos los colores a través de contratos, programas sociales y hasta condonaciones de impuestos.
La existencia de los cárteles no se explica sin la complicidad del Estado y así lo hemos evidenciado en FrojiMX.
Desde 2023 hemos publicado 15 casos de gobiernos de todos los partidos y niveles beneficiando a empresas y personas ligadas al crimen organizado por más de 300 millones de pesos.
A través de contratos públicos, programas sociales y condonaciones fiscales, los bolsillos de las dos principales organizaciones criminales del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se han llenado de estos millones provenientes de nuestros impuestos.
Este recopilatorio, publicado con motivo de nuestro noveno aniversario, es un mapa de la traición, un testimonio del poder corruptor del narcotráfico y de la complicidad, por acción y omisión, de la clase política.
Empresa del hijo de un exgobernador y ligada al CJNG recibe contratos y condonaciones
El gobierno de Jalisco, durante los sexenios del priista Aristóteles Sandoval y el emecista Enrique Alfaro, benefició con más de 244 millones de pesos a una empresa del hijo de un exgobernador jalisciense y ligada al CJNG, según consta en documentos oficiales consultados por FrojiMX.
Se trata de Solugas Soluciones en Gasolineras, una compañía de venta de combustibles con sede en Zapopan, Jalisco, que forma parte de la red empresarial de Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco, el priista Carlos Rivera Aceves.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Rivera Miramontes de tener un “largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes” y a dicha empresa de formar parte de una red de fraudes del CJNG.
En seis años, Solugas Soluciones en Gasolineras recibió al menos 127.2 millones de pesos por la venta de combustible al gobierno de Jalisco a través del Organismo Público Descentralizado Servicios y Transportes, que se encargaba de la operación de rutas de transporte público en el estado.
La gran mayoría del dinero se entregó en el sexenio de Sandoval: 114.9 millones de pesos de junio de 2014 a junio de 2018. El resto, 12.2 millones de pesos, ocurrió de enero de 2019 a mayo del 2020, ya durante el gobierno de Alfaro.
Por si fuera poco, el 2 de diciembre de 2022, Solugas Soluciones en Gasolineras solicitó que le condonaran dos montos de impuestos, el primero de 1.1 millones de pesos y el segundo de 115.8 millones de pesos. Un mes después fueron aprobados.
Lo más extraño: el monto correspondía a impuestos federales, cuya jurisdicción serían del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, fue la Secretaría de Hacienda de Jalisco la que aprobó las condonaciones.
Laboratorio de “Los Chapitos” ganó más de 30 millones de 9 gubernaturas
Sumilab, una compañía de equipos de laboratorio y productos químicos con sede en Culiacán, fue acusada por el Departamento del Tesoro por participar en el suministro y envío de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.
A su vez, esta empresa ha recibido más de 30 millones de pesos por compra de equipo, material y suministro para laboratorios, así como servicios de reparación y mantenimiento de los mismos de gobiernos de cinco estados del país, a través de 18 dependencias, durante nueve gubernaturas de los tres principales partidos del país: Morena, PRI y PAN, de acuerdo con datos obtenidos por FrojiMX vía transparencia.
El estado que más dinero pagó a Sumilab fue Sinaloa con 21.3 millones de pesos, entre 2015 y 2023. Primero, en el sexenio del panista Mario López Valdez, recibió poco más de un millón de pesos. En el gobierno del priista Quirino Ordaz sumó 9.9 millones. Y al inicio de la gubernatura del morenista Rubén Rocha el monto superó los 10.3 millones.
La segunda entidad que más recursos públicos destinó a la empresa ligada a “Los Chapitos” fue Sonora, a través de dos gubernaturas. Con la priista Claudia Pavlovich recibieron 7.5 millones de pesos en todo su sexenio y al principio del gobierno del morenista Alfonso Durazo el dinero ascendió apenas a poco más de 42 mil pesos.
En la lista sigue Baja California Sur, que facturó más de 1.2 millones de pesos a favor de Sumilab cuando el gobernador era el panista Carlos Mendoza Davis y poco más de 18 mil pesos al comienzo del sexenio morenista de Víctor Manuel Castro Cosío.
El dinero restante que llegó a manos de la compañía ligada al Cártel de Sinaloa, poco más de 30 mil pesos, provienen de dos entidades: Chihuahua y Puebla. Durante el gobierno del ex panista y hoy morenista Javier Corral, recibió 23 mil 628.52 pesos. Mientras que el sexenio morenista del difunto Miguel Barbosa ganó 9 mil 368.80 pesos.
También EPN y AMLO contrataron al laboratorio de “Los Chapitos”
El gobierno federal, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, también contrataron los servicios de Sumilab, el laboratorio ligado al Cártel de Sinaloa, pagando 5.4 millones de pesos, de acuerdo con datos también obtenidos por FrojiMX vía transparencia.
La empresa recibió el dinero de tres dependencias: El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a través de tres centros de investigación; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto, Sumilab recibió 1.9 millones de pesos por materiales, accesorios y suministro de laboratorio. Mientras que en la primera mitad del sexenio de López Obrador la misma compañía se hizo de 3.5 millones de pesos.
SAT condona impuestos a empresas del CJNG
Al menos cuatro empresas ligadas al CJNG por el Departamento del Tesoro recibieron importantes condonaciones fiscales durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, de acuerdo con registros públicos del SAT.
Este cuarto de compañías –Servicios Administrativos Dantwo, Servicios Administrativos Fordtwoo, Integración Badev y JM Providers Office– han sido acusadas por formar parte de la red de fraudes encabezada por esta organización criminal.
El caso más relevante es el de la empresa Servicios Administrativos Dantwo, a quien el SAT le perdonó 24 adeudos por más 12.2 millones de pesos.
Todas las condonaciones se realizaron el mismo día, el 27 de septiembre de 2019, en el gobierno de López Obrador, cuando la titular del SAT era Margarita Ríos Farjat, quien después fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En cuanto a las tres empresas restantes ligadas al CJNG, en menos de dos meses el SAT de Peña Nieto le perdonó multas fiscales por más de medio millón de pesos.
Primero, el 9 de noviembre del 2016, le condonó una multa por 452 mil 640 pesos a Servicios Administrativos Fordtwoo.
Casi un mes más tarde, el 8 de diciembre del 2016, JM Providers Office se benefició con una condonación de 37 mil 720 pesos.
Y el último día del 2016, el 31 de diciembre, le perdonaron una multa por 75 mil 440 pesos a la empresa Integración Badev.
Tres años más tarde, el 5 de octubre del 2019, ya en el gobierno de López Obrador, esa misma empresa recibió otra cancelación del SAT por una multa de 47 mil 150 pesos.
En todos los casos la razón de las abultadas condonaciones fue prácticamente la misma: estas empresas, que presuntamente sumaban millonarias ganancias para el CJNG, no tenían cómo pagar sus obligaciones fiscales.
Morenista dio apoyos sociales y contratos a operador del Cártel de Sinaloa
Durante su paso por la alcaldía de Rosarito, en Baja California, la actual diputada federal Hilda Araceli Brown Guerrero le abrió la puerta de su gobierno al Cártel de Sinaloa, según una acusación del Departamento del Tesoro.
Pero no sólo eso, la morenista también le entregó millones de pesos, primero en programas sociales y luego en contratos públicos, a Candelario Arcega Aguirre, un personaje muy cercano a ella e identificado como operador político de la fracción de “Los Mayos” de dicha organización criminal.
A principios de 2021, cuando terminaba su primer trienio al frente de Rosarito, el gobierno de Brown Guerrero entregó 150 mil 471 pesos a Arcega Aguirre bajo el concepto de “ayudas sociales”, sin dar más detalles al respecto, según se lee en un documento del gobierno municipal obtenido por FrojiMX vía transparencia.
A inicios de 2024, ya en su segundo paso por la alcaldía bajacaliforniana, la misma Araceli Brown firmó un contrato por 11.9 millones de pesos –del cual este medio tiene copia– a favor del mismo operador del Cártel de Sinaloa para la adquisición de patrullas.
En menos de tres años, Candelario Arcega Aguirre pasó de recibir apoyos de programas sociales a ser contratista gubernamental, en un caso que no sólo evidencia la colusión entre el gobierno y un grupo criminal, sino también un conflicto de interés.
Empresas del CJNG recibe dinero de municipios de Jalisco
Otra empresa acusada por el gobierno estadounidense por sus nexos con el CJNG recibió dinero público, esta vez de gobiernos municipales, de acuerdo con documentos obtenidos por FrojiMX vía transparencia.
Se trata de Banlu Comercializadora, que presuntamente forma parte de la red de fraudes de dicha organización criminal.
Entre julio y agosto de 2019, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque le entregó una decena de contratos por la adquisición de herramientas de mantenimiento y equipo de seguridad por casi 850 mil pesos.
Al mismo tiempo, el gobierno de Guadalajara le entregó al menos 86 mil pesos a esta misma empresa ligada al CJNG.
Primero, un depósito sin explicación por 30 mil 44 pesos, según registros del estado de cuenta del municipio. Lugo, seis cheques a Banlu Comercializadora por un monto total de 56 mil 805.20 pesos por trabajos de reparación y mantenimiento a refrigeradores y lavadoras.
En aquel entonces, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque era María Elena Limón García y el alcalde de Guadalajara era Ismael del Toro Castro, ambos de Movimiento Ciudadano.
Segalmex le compró maíz al Cártel de Sinaloa
En al menos dos ocasiones, Segalmex, el organismo creado por López Obrador para la autosuficiencia alimentaria, le compró más de 500 toneladas de maíz a presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con documentos obtenidos por FrojiMX vía transparencia.
Alexis Vergara Meza y su hermano Edy fueron acusados por el gobierno estadounidense de proveer de fentanilo a la fracción criminal de “Los Mayos”.
En 2020 y 2021, Vergara Meza recibió más de 90 mil pesos de Segalmex por la compra de 352 toneladas de maíz.
El primer pago, por 54 mil 48.82 pesos, lo recibió el 7 de diciembre del 2020. Casi un mes después, el 4 de enero del 2021, al “Wini” –como lo apodan– le llegó el segundo inventivo de 16 mil 52.81 pesos.
Un caso similar pasó con Oscar Murillo Morgan, alias “El Chino”, acusado de trabajar junto a su sobrino Carlos Morgan Huerta, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora.
Registros de Segalmex señalan que compró casi 200 toneladas de maíz a “El Chino” por más de 787 mil pesos.
El primero se efectuó el 11 de septiembre del 2020. El organismo federal le compró 88.95 toneladas de maíz al presunto miembro del Cártel de Sinaloa por 31 mil 993.71 pesos.
El segundo pago fue el 11 de junio del 2023. En esa ocasión, Segalmex le compró más de 108 toneladas de maíz a Murillo Morgan por 755 mil 85.48 pesos.
En ambos casos, los presuntos miembros del Cártel de Sinaloa pasaron todos los filtros de Segalmex para que les compraran todas esas toneladas de maiz.
Empresa de Ovidio Guzmán abasteció de gasolina al gobierno de Sinaloa
Una empresa y una persona ligadas por el gobierno de Estados Unidos con Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, cabecilla caído de “Los Chapitos”, aparecen en un contrato del gobierno de Sinaloa.
Se trata de Operadora del Humaya y Ludmin Zamudio Ibarra acusados de desvíar precursores químicos para abastecer narcolaboratorios de fentanilo y metanfetamina del Cártel de Sinaloa. La primera aparece como la empresa contratada y el segundo como el representante legal de la compañía en la firma del acuerdo.
El 1 de febrero del 2019, durante el gobierno de Quirino Ordaz, el Centro de Ciencias de Sinaloa celebró el contrato –del cual FrojiMX tiene copia– por 660 mil pesos para abastecerse de gasolina con la empresa Operadora del Humaya.
En el contrato aparece el mismo Ludim Zamudio Ibarra como representante legal del proveedor, incluso en la última hoja del documento se anexó una copia de su identificación cuyos datos coinciden con los publicados por el Departamento del Tesoro en su comunicado: fecha de nacimiento, CURP y hasta dirección.
De acuerdo con el documento, la compañía ligada a Ovidio Guzmán entregaba un crédito de 30 mil pesos quincenales para la compra de gasolina magna, premium, diésel, aditivos, aceites y líquidos para frenos. Cada 15 días, se hacía un corte del crédito y cinco días después la dependencia sinaloense pagaba el adeudo.
La duración del contrato fue del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019, es decir, durante once meses el Centro de Ciencias de Sinaloa recibió combustible de una empresa ligada al narcotráfico.
De beneficiario de un programa social al Cártel de Sinaloa
La detención de Joel Medina Miyazaki, alias “La Morsa”, fue celebrada con bombo y platillos por el gobierno federal y no era para menos.
Calificado como un generador de violencia, era identificado como operador de Aureliano Guzmán Loera, el “Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa.
Además, “La Morsa” contaba con la protección de diferentes funcionarios públicos, entre ellos su hermana, María Eugenia Medina Miyazaki, quien fuera diputada local del PRI en Sinaloa y directora de la Unidad de Planeación Estratégica y Coordinaciones Estatales del IMSS-Bienestar.
Sin embargo, este no ha sido el único “apoyo” gubernamental que recibió el presunto operador del Cártel de Sinaloa, ya que registros del gobierno federal evidencian que también obtuvo dinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Sader) entregó al menos 375 mil 530 pesos a Medina Miyazaki. El pago ocurrió en 2013, en el primer año de gobierno de Peña Nieto y cuando el titular de la Sagarpa era Enrique Martínez, exgobernador de Durango y exembajador de México en Cuba
El dinero público se entregó a “La Morsa” como parte del programa “Componente de Tecnificación del Riego” cuyo objetivo es la mejora del uso del agua a nivel parcelario. Medina Miyazaki recibió el monto por utilizar un sistema de goteo en un terreno de 22.09 hectáreas –alrededor de 220 mil 900 metros cuadrados– ubicado en el municipio de Elota.
En esas mismas fechas, su hermana era parte del cabildo de Elota. No sólo eso, según fuentes federales, en ese mismo municipio ubicado al sur de Culiacán, Medina Miyazaki tenía laboratorios clandestinos de fentanilo y demás drogas sintéticas.
Gobierno de EPN “capacitó” a operador del CJNG
Una persona más que forma parte de la red de fraudes del CJNG se benefició de recursos públicos: Brayan Moises Luquin Rodríguez.
Documentos obtenidos por FrojiMX vía transparencia señalan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) impartió un curso de capacitación a Luquin Rodríguez del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible.
El programa estaba enfocado en educación ambiental, particularmente sobre la importancia de los ecosistemas y de las áreas naturales protegidas.
El curso regalado a Luquin Rodríguez tuvo un costo de 35 mil pesos y fue impartido en Bucerías, una localidad de Bahía de Banderas, en Nayarit.
Si bien, la documentación no señala en qué fecha exacta fue el curso, solo menciona que fue en 2017, el final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En aquel entonces el titular de la Conanp era Alejandro del Mazo Maza, hermano del ex gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo. Cabe mencionar que los hermanos del Mazo Maza son, a su vez, primos de Peña Nieto.
Del escaño al narco
No sólo contratos y apoyos sociales, en FrojiMX también descubrimos dos casos de un diputado y una aspirante a serlo con ligas documentadas con el crimen organizado.
El primer caso lo protagoniza José Alejandro Llanas Alba, quien fue diputado federal del PAN de 2012 a 2015, muy cercano al exgobernador de Tamaulipas –y actualmente prófugo de la justicia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y excolaborador de la candidata presidencial y ex senadora, Josefina Vázquez Mota.
Llanas Alba es fundador de Grupo Jala Logística, una empresa acusada por el gobierno de Estados Unidos de formar parte de una red de tráfico de drogas y robo de combustible del CJNG.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la empresa del diputado panista junto con otras consiguen el combustible sobornando funcionarios, chupando ductos y secuestrando camiones de Pemex.
Luego lo introducen a Estados Unidos a través de intermediarios que lo etiquetan como material peligroso para evitar revisiones, impuestos y regulaciones, finalmente se entrega a importadores que lo venden a precios bajos.
Esta red criminal la encabeza César Morfín, alias “El Primito”, señalado como uno de los líderes del CJNG en Tamaulipas.
La empresa Grupo Jala Logística fue dada de alta a finales del 2020 ante el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía con el principal objeto social de explotar y extraer hidrocarburos.
Grupo Jala Logística fue fundado solo con dos accionistas: María Concepción Saldívar Águilar y José Alejandro Llanas Alba. El panista aparece en los documentos oficiales como accionista mayoritario y administrador único de Grupo Jala Logística.
De la boleta al narco
El segundo caso lo protagoniza Melissa Pamela Urías Vázquez, quien incursionó en la política durante las elecciones del 2021, como candidata al Congreso de Sinaloa abanderada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, quedó en tercer lugar con el 6.1% de los votos. Siendo su debut y despedida.
Desapareció del ojo público hasta cuatro años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a su hermana y a su cuñado de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vázquez forman parte de una red de lavado de dinero ligada a la facción de «Los Chapitos».
El Departamento del Tesoro también incluyó en su lista negra a una decena de empresas con giro inmobiliario, hotelero, de construcción y hasta de belleza, a través de las cuáles esta pareja presuntamente blanquea el dinero del crimen organizado.
IMB 24 Siete es una de las empresas que las autoridades estadounidenses ligan con “Los Chapitos”. De acuerdo con el Registro Público del Comercio, se trata de una compañía inmobiliaria que se fundó en 2019 en Mazatlán, Sinaloa.
El documento “Constitución de Sociedad” precisa que la empresa comenzó solo con dos accionistas: Gilberto Núñez Fernández y José Raúl Núñez Ríos.
Casi cinco años después, en una asamblea extraordinaria celebrada a mediados de 2024, Melissa Pamela Urías Vázquez fue nombrada presidenta del Consejo de Administración. No solo eso, en esa misma asamblea su cuñado renunció a sus acciones y se las donó a Urías Vázquez.
El mismo día que el Departamento del Tesoro anunció las sanciones contra José Raúl, Sheila Paola y sus diez empresas por sus nexos con “Los Chapitos”, Melissa Pamela hizo referencia a una de estas compañías en sus redes sociales.
“Necesito un hydra –es decir, un hydrafacial–, un Carpe Diem Spa en Guadalajara ¡Urge!”, publicó Urías Vázquez en su cuenta de Instagram. Carpe Diem Spa es una de las diez entidades que fueron señaladas por autoridades estadounidenses por blanquear el dinero ilícito de los hermanos Guzmán. Se trata de un salón de belleza ubicado en Mazatlán, Sinaloa.
No es la única empresa a la que Melissa Pamela hizo referencia en sus redes sociales.
En varias publicaciones de Instagram, la excandidata al Congreso de Sinaloa modela distintos vestidos y etiqueta la cuenta de Venta y Renta de Vestidos Mue, la cual también está entre la decena de compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
