El Instituto Politécnico Nacional (IPN) asegura públicamente que ya comenzó a pagar prestaciones pendientes a personal jubilado. Pero documentos oficiales de la propia institución muestran otra realidad: el IPN reconoce que no cuenta con presupuesto suficiente para cubrir los adeudos acumulados y que la insuficiencia presupuestaria se arrastra desde enero de 2024.
La Dirección de Capital Humano del IPN, encabezado por Isaac Godinez Matinez , informó, mediante una respuesta de transparencia identificada con el folio 340021800197426 y el oficio SAD-DCH-6286-2026, que al 15 de julio de 2026 existían 1,197 personas que habían solicitado gratificación por jubilación y permanecían pendientes de pago. La misma respuesta institucional señaló que el tiempo promedio de espera es actualmente superior a un año.
Para el ejercicio 2026, la partida 15301, denominada “Prestaciones de Retiro”, recibió originalmente un presupuesto de apenas 1 millón 892 mil 940 pesos. Sin embargo, la dirección de Capital Humano del IP reportó que, a junio de 2026, el importe pendiente de pago ascendía a aproximadamente 874 millones 886 mil 728.97 pesos. La diferencia es de alrededor de 872 millones 993 mil 788.97 pesos respecto del presupuesto autorizado.
El IPN dice que paga, pero sus documentos reconocen falta de recursos
La contradicción está en la propia información institucional, ya que, una tarjeta informativa fechada el 6 de agosto de 2026, el IPN afirmó que, conforme a un análisis de disponibilidad presupuestaria, iniciaría los procesos de pago para atender el rezago del personal en situación de jubilación, comenzando con casos del ejercicio fiscal 2024.
Después, en una nueva tarjeta informativa fechada el 24 de agosto de 2026, el Instituto sostuvo que ya se estaban realizando pagos de personal en situación de jubilación y que continuaría con acciones institucionales para cumplir sus obligaciones.
Sin embargo, la respuesta oficial del IPN reconoce que el problema no es únicamente operativo, y admite que necesita recursos adicionales a los autorizados para Servicios Personales en 2026 y que no cuenta con un programa o calendario que permita regularizar los pagos pendientes. También señala que no tiene información para establecer una fecha estimada de solución.
Una prestación previsible, pero sin dinero suficiente
Es preciso señalar que las prestaciones por jubilación, fallecimiento, renuncia o término de nombramiento no son gastos inesperados. Son obligaciones laborales previsibles, y aun así, la documentación obtenida muestra que el presupuesto autorizado para 2026 fue muy inferior al monto requerido.
Ante esto el IPN solicitó una ampliación presupuestaria desde el 9 de enero de 2026, mediante el oficio SAD-DCH-0112-2026, para cubrir prestaciones de defunción y retiro. En ese documento se reportaba una presión de gasto cercana a 749.59 millones de pesos, frente a un presupuesto de apenas 1.89 millones, por lo que se pedía gestionar una ampliación líquida de aproximadamente 747.70 millones de pesos.
Esto confirma que la magnitud del déficit era conocida institucionalmente desde principios de 2026. El dato coloca al IPN ante una pregunta de fondo: ¿cómo pudo presupuestarse menos de dos millones de pesos para una obligación laboral que, a mitad del año, ya representaba casi 875 millones de pesos pendientes?
Falta de calendario, criterios y trazabilida
La falta de presupuesto no es el único problema. También hay dudas sobre la trazabilidad de las gestiones y sobre los criterios de selección de quienes ya habrían recibido pagos.
Los documentos emitidos por el instituto señalan que la Dirección de Programación y Presupuesto informó que durante 2025 se realizó una gestión ante la Secretaría de Educación Pública para obtener una ampliación de 581 millones 709 mil 084.38 pesos en el capítulo 1000 de Servicios Personales, solicitada en octubre de 2025 y respondida el 29 de diciembre de ese año. Para 2026, a la fecha de su respuesta, no se contaba con gestiones de esa naturaleza.
De acuerdo con los extrabajadores del IPN, al consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el expediente relacionado con el oficio SAD-0781-2025, la SHCP informó que no localizó soporte documental ni comunicaciones SHCP-IPN relacionadas con la autorización, ampliación, liberación o seguimiento de recursos destinados específicamente al pago de gratificaciones por jubilación.
Este punto no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero sí abre una brecha de información que requiere aclaración: ¿dónde quedó registrado el trámite presupuestario?, ¿qué dependencia recibió la solicitud?, ¿qué recursos fueron autorizados específicamente para jubilaciones?, ¿cuándo fueron liberados y cómo fueron aplicados?
En protestas previas, el director de Capital Humano, Isaac Godínez Martínez, reconoció ante manifestantes que existía un rezago en pagos por jubilaciones, pensiones, renuncias y términos de nombramiento. También dijo que se habían iniciado pagos y que la intención de la Dirección de Capital Humano, la SEP y el propio IPN era cubrir la totalidad de los adeudos. Sin embargo, cuando se le preguntó por fechas concretas, no ofreció una respuesta individual ni un calendario general.
La inconformidad de los jubilados se mantiene porque, hasta ahora, los comunicados oficiales no han dado una garantía verificable de pago para las 1,197 personas reconocidas como pendientes.
El contraste con los ingresos del director general
El caso ocurre mientras FrojiMX ha documentado previamente información patrimonial e ingresos del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.
En una investigación publicada el 15 de junio de 2026, FrojiMX reportó que Reyes Sandoval declaró ingresos por 4.9 millones de pesos durante 2025, de los cuales 1.6 millones provenían de su sueldo como funcionario público al frente del IPN. Esa cifra es apenas alrededor de 293 mil pesos menor al presupuesto originalmente autorizado para 2026 en la partida de Prestaciones de Retiro, que fue de 1 millón 892 mil 940 pesos.
La misma investigación documentó que el director del IPN reportó una “nómina extraordinaria” de 2.8 millones de pesos y la compra de un terreno de 45 mil 388 metros cuadrados por 319 mil 985 pesos, equivalente a siete pesos por metro cuadrado, según su declaración patrimonial.
En otra investigación, publicada el 25 de mayo de 2026, FrojiMX documentó que Reyes Sandoval compró una casa con valor de 10 millones 600 mil pesos en 2022 y que la reportó hasta su declaración patrimonial de 2025, lo que implicaría que la propiedad no apareció en sus declaraciones de 2023 y 2024.
Estos antecedentes no prueban una relación directa con el rezago en el pago a jubilados, pero sí colocan el conflicto en un contexto de exigencia de rendición de cuentas hacia la dirección general del IPN. Mientras cientos de jubilados reclaman pagos pendientes, la institución enfrenta cuestionamientos sobre el manejo presupuestal y sobre la ausencia de respuestas públicas de su máxima autoridad.
También sigue sin conocerse con soporte documental completo cuántos expedientes han sido revisados, cuántos fueron validados, cuántos presentan observaciones, cómo se priorizan los pagos, qué bloques existen y qué fecha de pago corresponde a cada bloque
