frojimxLa Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), que debería velar por las garantías individuales de los ciudadanos, está envuelta en diversos casos cuestionados por omisión en el cumplimiento de su función pública, falta de transparencia y una serie de irregularidades administrativas, advierten víctimas y expertos. Además, sólo el 3.2 por ciento de las quejas ciudadanas que recibe este organismo dan lugar a una recomendación en contra de las autoridades.
Por Plaza Pública*
El 31 de mayo de 2021, policías estatales de Coahuila irrumpieron en el hogar de María Luisa Lazarín Sierra en la ciudad de Torreón, robaron algunas pertenencias y golpearon a uno de sus hijos. Los elementos utilizaron el mismo argumento que han repetido más de 10 ocasiones desde 2013 y que nunca han comprobado: reporte de drogas.
“Ellos siempre dicen que les reportan que ahí hay droga, pero en todas las veces que han entrado no han encontrado nada”, contó Lazarín Sierra en entrevista con Plaza Pública.
Para ella todas las invasiones de elementos a su casa, tanto municipales como estatales, constituyen una violación a sus derechos humanos y son actos de intimidación derivados de su activismo como integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM).
Lazarín Sierra busca a su hijo Israel Torres Lazarín, quien desapareció el 18 de junio de 2009, y tiene razones para desconfiar de las fuerzas de seguridad y sentirse en peligro dentro de su propia casa.
En la desaparición de su hijo estuvieron involucrados policías municipales de Matamoros, Coahuila, quienes lo detuvieron junto a sus amigos después de una fiesta.
“Estos mismos policías siguen amedrentándonos (…) Quieren infundir miedo. Es intimidación. Lo que quieren decir es: ‘Si no te aplacas, te podemos desaparecer también a ti’”, puntualizó la activista.
¿A quién defiende la CDHEC?
Ante casos como el de María Luisa Lazarín cobra relevancia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), organismo encargado de “velar por los derechos de todos los coahuilenses”, según indica la leyenda de bienvenida que aparece en su página web.
Sin embargo, la Comisión le ha quedado a deber a la activista. Su testimonio es sólo un ejemplo de las irregularidades de la CDHEC expuestas por víctimas y expertos, y sustentadas en este reportaje mediante un análisis de datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En primer lugar, las más de 10 quejas que ha interpuesto Lazarín Sierra ante la Comisión se han cerrado mediante conciliación, tras un proceso del que se siente excluida, pues señala que simplemente le notifican cuando concluyen el caso de ese modo.
Si bien la conciliación es un acuerdo entre el quejoso y la autoridad señalada, previsto en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila como la principal opción para solucionar los conflictos y poner fin al procedimiento que inicia con la queja, no es aplicable a todos los casos.
La ley especifica en el artículo 118 que la Comisión debe buscar conciliar cada queja siempre y cuando ésta no se refiera a “actos u omisiones que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica u otras que se consideren especialmente graves, por el número de afectados o por sus posibles consecuencias” y sólo si es lo más favorable para la resolución del asunto y los intereses del quejoso.
Cuando un visitador recibe una queja que puede solucionarse por esta vía debe explicarle al quejoso en qué consiste la conciliación, su contenido y ventajas. Luego presentarla ante la autoridad o servidor público y darle cinco días para que responda, si éste manifiesta su conformidad, el expediente se cierra, pero puede reabrirse después de 90 días si el quejoso manifiesta a la Comisión el incumplimiento del compromiso asumido.
Además de que la Comisión emplea la conciliación para cerrar las quejas de María Luisa Lazarín, a pesar de que los abusos de autoridad atentan contra su integridad, estas resoluciones no han tenido ningún efecto, pues los allanamientos no han cesado.
La activista dijo que en las conciliaciones, firmadas por todas las autoridades involucradas, éstas se comprometen a parar las violaciones a sus derechos.
“Pero lo siguen haciendo. No respetan las conciliaciones que según ellos se hacen. Siguen año con año. Cada vez que a ellos se les antoja entran a la casa”, recalcó la integrante de FUUNDEC-FUNDEM.
Según el Centro Fray Juan, la Comisión Estatal ha documentado al menos 7 allanamientos a su casa, aunque hay otros que no fueron reportadas ante el organismo defensor.
Baja productividad en la CDHEC
De acuerdo con los documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia como respuesta a la solicitud de información 050309600009322, cada año acuden, en promedio, unas mil 900 personas a la CDHEC para denunciar desde faltas administrativas hasta crímenes perpetrados por instituciones o servidores públicos.
En su informe de actividades de 2002, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define a las recomendaciones como los instrumentos de mayor impacto para la defensa de las garantías irrenunciables. En ellas se comprueban los agravios sufridos por ciudadanos y se fundan acciones dirigidas a evitar la repetición de los hechos señalados; en ocasiones, se plantea la reparación de daños que deben cumplir las autoridades acusadas.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis de Plaza Pública a los informes anuales de la CDHEC, publicados en el apartado de transparencia de su portal web, de 2019 a 2022 se registraron 7 mil 833 quejas, de las que se derivaron 251 recomendaciones, es decir, sólo el 3.2 por ciento de las quejas que recibe este organismo dan lugar a una recomendación.
De acuerdo con datos extraídos de los informes anuales de Xavier Diez de Urdanivia y del apartado de Recomendaciones del portal de la CDHEC, en el periodo 2014-2018 se emitieron, en promedio, 109 recomendaciones anuales. Desde 2019, año de la transición en la presidencia de la Comisión, y hasta diciembre de 2022, se emitieron 251 recomendaciones, un promedio de 63 al año.
Esto representa una baja del 42 por ciento en la productividad anual de la CDHEC desde la llegada de Hugo Morales Valdés a la presidencia del organismo (2019).
En una entrevista que concedió a Plaza Pública, Morales Valdés negó que la baja sea de ese porcentaje, aunque no contaba con los datos exactos a la mano.
“No tengo las cantidades de recomendaciones que se emitieron antes, pero pudieran haber rondado las 100, así que no hay una reducción del 40 por ciento, es del 27, 28 por ciento”, declaró el presidente de la CDHEC.
Hugo Morales, quien antes de llegar a la CDHEC fungió como titular de la Fiscalía General de Coahuila Delegación Laguna I, rechazó que esté al frente de la Comisión para cuidar las espaldas de las autoridades estatales, como podría inferirse de los testimonios de quejosos y activistas, así como de la baja en el número de recomendaciones emitidas.
En contraparte, defendió su labor asegurando que están haciendo su trabajo y todo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, como reforzar el derecho de los afectados por abusos de autoridad, brindar un acompañamiento efectivo a las víctimas de delitos y apoyar más a las autoridades locales a través de cursos de capacitación.
Más allá de las declaraciones de Morales Valdés, llaman la atención algunas novedades que ha introducido en la CDHEC y que representan un retroceso en materia de transparencia.
En su informe de 2021, por ejemplo, eliminó los desgloses de quejas recibidas por dependencia y de recomendaciones emitidas por autoridad señalada. Ambas clasificaciones fueron encabezadas por la Fiscalía de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública estatal en los últimos años.
Señalan falta de autonomía en la CDHEC
Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) Asociación Civil, sostuvo que la Comisión actúa con ineficiencia y en detrimento de los grupos vulnerables.
Como especialista en Derechos Humanos, Hernández Muñiz afirmó que una de las cosas que están mal en la CDHEC es que dependa del gobierno estatal, lo que limita su autonomía política, financiera y operativa, así como su capacidad de decisión.
“Yo les invitaría a que le pidan al presidente de la Comisión su recibo para que vean quién le paga y en su recibo va a decir que quien le paga es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”, expuso Hernández Muñiz.
El activista señaló también la falta de personal calificado en la Comisión.
“Yo creo que en este momento en La Laguna no se cumplen los perfiles que requiere la ley. Si ustedes hacen un análisis cualitativo de quienes forman parte de la Comisión, no todos cumplen con los perfiles para laborar en ella. El ciudadano termina presentando sus quejas ante funcionarios desatentos, displicentes e indiferentes hacia su debe”, dijo el activista.
Al respecto, Hugo Morales, aseguró que los encargados de las visitadurías, incluida la Presidencia, son personas con alto conocimiento en materia de derechos humanos. El resto del personal es invitado con frecuencia a participar de cursos o diplomados y posgrados para actualizarse.
Caso 2: De defensor a preso
Miguel Ángel Hernández habló con Plaza Pública como abogado profesional, activista y quejoso. En julio de 2022, él y su compañero Francisco Castro Veliz fueron detenidos en Francisco I. Madero, Coahuila, por asesorar a ciudadanos en su exigencia de agua potable. En la cárcel municipal fueron objeto de un trato que describió como cruel, degradante e inhumano.
Presentaron una queja ante la Comisión Estatal, misma que ya debería haberse resuelto, pues el artículo 124 de la ley de la CDHEC establece que la institución dispone de 90 días para concluir los asuntos. Sin embargo, de acuerdo con Hernández Muñiz la Comisión no recibió en tiempo y forma la conclusión de la causa ni notificación de prórroga.
“No podemos decir que somos perfectos y que no puede presentarse un caso de dilación, pero puedo decir que tenemos 2 mil expedientes por año y que habría muchas personas que podrían hablar bien de los resultados que les da la Comisión. Si hubiera una o dos personas, o cinco o las que hubiera (señalando dilación), pues tenemos que poner atención para mejorar el servicio”, declaró Hugo Morales en defensa.
Miguel Ángel Hernández tiene conocimiento de varios casos que confirman la inacción de la CDHEC.
Destacó el de un amigo suyo que perdió la vida el 11 de abril de 2021 a manos de elementos de una corporación de Seguridad Pública en San Pedro, Coahuila. La última actualización del caso en la CDHEC es de ese mismo mes y año.
Ni siquiera la atención que la prensa dedicó al hecho motivó una actuación expedita de parte de la defensoría del pueblo coahuilense.
Caso 3: Una comisión que agrede al ciudadano
En marzo de 2022, Miguel Mixtega Martínez, exsoldado de 45 años, oriundo de Veracruz y radicado en La Laguna, acudió a la CDHEC a dar seguimiento a un proceso que abrió un año atrás. Irónicamente, terminó detenido por policías municipales a petición del propio personal que ahí labora.
Fue esposado y tendido sobre el piso pese a su condición de salud y a una discapacidad derivada de sus años como militar. Fue trasladado a las celdas del Tribunal de Justicia municipal, acusado de proferir amenazas contra los funcionarios. Él asegura que lo único que hizo fue exigirles que hicieran su trabajo.
El exsoldado había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila por una golpiza que recibió en 2020. Tras un año sin conseguir que su caso prosperara, acudió por primera vez a la CDHEC en Torreón.
El personal de la Comisión elaboró el acuerdo de recepción de la queja y Miguel pidió una copia, pero no se la dieron.
“Desde el principio, ellos empezaron a encubrir el asunto”, dijo el exmilitar.
Al insistir en la Fiscalía por un castigo para sus agresores, Mixtega Martínez se convirtió en víctima de otros tres delitos: secuestro, lesiones y violación, en los que según el exmilitar, estuvieron involucrados funcionarios que congelaron su reclamo.
Con los nuevos delitos presentó otra denuncia ante la Fiscalía. Debido a la demora y más irregularidades en ese segundo proceso, el exsoldado volvió a la CDHEC.
En una de sus visitas a la Comisión le dijeron que estaban trabajando su caso, pero sólo con los elementos del reclamo original. No hicieron seguimiento y no se enteraron del resto de las quejas de Mixtega Martínez, ni de que había otra denuncia por hechos de mayor gravedad.
Muy molesto porque en la oficina de la Comisión en Torreón no tenían la carpeta actualizada, Mixtega le recriminó a la persona que lo atendió que no estaba haciendo su trabajo. Días después, empleados de la CDHEC fueron a buscarlo a su domicilio para tomarle declaración.
Insatisfecho, el exsoldado fue a Saltillo. Allá no le tomaron la queja. Entonces llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El involucramiento de esta instancia dio pie a la detención del exmilitar en la oficina de Torreón.
Mixtega quería comprobar que en Torreón hubieran respondido el mensaje de la CNDH. La licenciada que lo atendió le dijo que la Fiscalía ya había contestado y que la Comisión Estatal ya había rectificado. No obstante, a él no le notificaron nada.
Para Mixtega, la actuación de la Comisión denotaba complicidad con la Fiscalía.
“Usted no puede encubrir todos estos hechos, usted es Derechos Humanos; no se puede quedar con las manos cruzadas si la Fiscalía dice: ‘es que no fui, no es cierto’”, relató Miguel Mixtega. Según el exsoldado, la licenciada tomó los reclamos como amenazas.
Al ser cuestionada sobre por qué un ciudadano termina siendo esposado en las oficinas de una instancia de defensa de los derechos humanos, la titular de la oficina regional de Torreón de la CDHEC, Aurora Galindo, se limitó a responder que ella no estaba en la oficina en el momento de la detención y que su personal solo le reportó una “situación incómoda”.
Al respecto Hugo Morales, presidente de la CDHEC, declaró:
“Tengo entendido que sucedió un hecho de violencia por parte de él (Mixtega). Que tuvieron que llamar a Seguridad Pública. Si bien debemos tener toda la tolerancia para con nuestros usuarios, también tenemos que proteger a nuestros colaboradores de que sufran algún tipo de violencia por parte de nadie”.
En los separos no hay registro oficial del paso de Miguel Mixtega. En la notificación de Salida de Detenido, la autoridad municipal puso un nombre distinto. Cuando pidió la enmienda, sólo aplicaron corrector y encima escribieron con pluma el nombre correcto.
Cuidarse del “defensor”
La atención que brinda el personal de la CDHEC a los quejosos amplía la lista de irregularidades que ponen en tela de juicio su labor.
En relación al primer caso expuesto en este reportaje, la última vez que María Luisa Lazarín Sierra, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM), acudió a las oficinas, el visitador que la recibió se negó a redactar la declaración completa.
“Yo pedí que la queja se hiciera por allanamiento, robo y abuso de autoridad, pero el visitador me contestó que él no podía poner todo eso y sólo asentó abuso de autoridad”, contó María Luisa Lazarín.
La activista consideró que el trabajo de la CDHEC pudiera estar solapando la mala actuación de las corporaciones.
“Pienso que desde la Fiscalía y más arriba les piden que no hagan nada. Si existieran en verdad sanciones, las instituciones la pensarían para actuar de ciertas formas”, dijo Lazarín Sierra.
Para que la CDHEC tomara completa su queja, la activista tuvo que pedir el apoyo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo, Coahuila. Asimismo, decidió solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que rectifique los procedimientos de la instancia estatal y evalúe una posible reparación de daños.
María Luisa tuvo que pedir asesoría legal para defender sus derechos humanos ante un organismo que, según la ley, está para velar por ellos da pie a dudas en torno a su verdadera función y efectividad.
“Es como si, en lugar de defender mis derechos, se me estuviera persuadiendo de que ya no haga nada”, dijo María Luisa.
“Es horrible el hecho de que tengamos que empezar a litigar en la CDHEC”, opinó por su parte Juan Enrique Martínez Requenes, encargado de Litigio y Estrategia Internacional, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
El abogado señaló que la CDHEC actúa con parcialidad porque “si no vas acompañado, si no tienes una persona en específico que pueda presionar en la Comisión, muy probablemente te van a cerrar la queja”.
Cuestionada al respecto, Aurora Mayela Galindo Escandón, titular de la Segunda Visitaduría Regional (sede en Torreón de la CDHEC), describió el sistema de recepción de quejas como amigable y negó que se hagan distinciones entre los quejosos que acuden por cuenta propia y los que van acompañados por algún asesor.
La Segunda Visitadora aseguró además que las quejas se toman tal cual las exponen los ciudadanos, lo que contradice las dificultades expuestas por María Luisa Lazarín para que su queja se asentara en los términos que solicitó.
“La forma en que la CDHEC recibe las quejas, pues podría repercutir en la integración de las carpetas de investigación, y ocasionar que se desestime una violación a los derechos humanos”, dijo Juan Enrique Martínez, del Centro Fray Juan de Larios.
“A veces tenemos que estar presionando para que se puedan acreditar elementos mínimos en donde se pueda decir que sí hay una violación de derechos humanos”,agregó.
De acuerdo con el abogado, también ocurre que se califiquen de modo incorrecto las violaciones a derechos humanos.
A veces, un caso claro de tortura por parte de agentes policíacos va perdiendo gravedad durante el proceso, pues se le denomina “abuso violento de la autoridad” al momento de integrar la carpeta y aparece como “violación al derecho humano a la seguridad y la legalidad jurídica” en la recomendación que se emite al final.
Disminuye personal, pero no el gasto
El tiempo de Morales Valdés al frente de la Comisión se ha caracterizado por una drástica disminución en la plantilla de trabajadores.
El 2 de julio de 2019, seis días después de su llegada, las oficinas y visitadurías de la CDHEC recibieron correos electrónicos (la correspondencia de la Comisión está disponible en Infomex, en la respuesta a la solicitud de información 00757819) con la indicación de llenar un formato de renuncia voluntaria que inhabilitaba a los firmantes para ejercer futuras acciones legales contra su expatrón. (Ver Correos).
“Yo no envié ese correo y desconozco quién lo haya hecho. Ninguna persona ha renunciado a la Comisión de Derechos Humanos de otro modo que no sea voluntariamente (…). Le podría decir que prácticamente es la misma plantilla con la que iniciamos”, dijo Hugo Morales cuando se le preguntó por ese acto que vulnera los derechos laborales.
Del análisis de las nóminas de la Comisión, disponibles en su portal de transparencia, se desprende que la institución pasó de tener 73 trabajadores en 2019 a 58 en 2022, de los que sólo 20 son del periodo anterior a Hugo Morales.
Sin embargo, la disminución del 20 por ciento del personal, no se ha visto reflejada en un menor gasto en remuneraciones y estímulos: 26.2 millones de pesos se asignaron a estos rubros en 2022 y 2021. Solo como punto de comparación, en 2015, con mayor personal, la Comisión manejaba un presupuesto total de 25.3 millones de pesos.
Queda a deber
La ley de la Comisión señala que su objetivo es “contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho”, así como “coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los Derechos Humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Coahuila, sean reales, equitativos y efectivos”.
Sin embargo, según la opinión de Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del CIADH, el problema es que las instituciones han dejado de ser eficientes y eficaces, lo que siempre afecta mayormente a grupos vulnerables.
“Las violaciones no son sujetas de negociación. La violación de los derechos humanos lo que requiere y lo que exige son sanciones porque el Estado mexicano tiene la obligación de observar, de respetar y de reparar las violaciones a los derechos humanos”, dijo el activista
“La CDHEC no da la confianza ni el seguimiento de los procesos para que uno se sienta en confianza, seguro”, remató María Luisa Lazarín Sierra.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
