frojimxPor: Heridas Abiertas
El 15 de julio se cumplió un año del asesinato de Eric David Andrade, médico pasante que realizaba su servicio en el Hospital Integral de la comunidad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.
El joven buscó atender a una persona del sexo masculino que llegó con otro acompañante por una intoxicación, asociada a una sobredosis de droga.
Eric Andrade también revisó a otro joven que tenía este mismo problema. Estos pacientes y sus acompañantes iniciaron una discusión y detonaron armas de fuego, hiriendo de muerte al estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), según información proporcionada en ese entonces por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).
En el lugar, elementos de esta corporación levantaron 11 casquillos percutidos de arma de fuego; además se tenía identificados a los dos presuntos responsables de estos hechos.
Uno de ellos fue detenido casi de inmediato por las autoridades, mientras que el otro se encuentra prófugo, plenamente identificado y con un retrato hablado elaborado por la autoridad para esta investigación.
A Eric Andrade le faltaban 15 días para concluir su pasantía en aquel hospital. No era quien originalmente atendería a estos pacientes, pero fue enviado porque uno de los intoxicados incomodó a la trabajadora de la salud asignada de inicio, según se dio a conocer en los primeros testimonios recopilados por parte de la corporación estatal al personal de la salud de ese nosocomio.
Las autoridades del Gobierno de Durango dieron a conocer la detención de uno de los presuntos responsables de este asesinato, que responde al nombre de José Florentino “N”, de 21 años de edad, quien, al parecer, disparó una de las dos armas accionadas al interior del hospital.
Este hecho generó diversas manifestaciones, tanto en la capital del estado como en La Laguna de Coahuila y Durango, en las que estudiantes de la carrera de medicina de diferentes facultades, exigieron mejores condiciones para el desarrollo de su servicio social y pasantías. En ese momento, se reasignaron plazas y se evitó enviar a los jóvenes a puntos de riesgo.
Asimismo, 61 médicos pasantes de Durango fueron retirados de las zonas de alto riesgo.
Todo esto ocurrió en la administración del anterior gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a menos de tres meses de concluir su gestión, tuvo que dar cuenta a la población y a los estudiantes sobre cómo se iniciaron las investigaciones de la muerte de Eric.
Me encuentro en las instalaciones de @lobosuadmx, en un diálogo franco y abierto, escuchando a jóvenes estudiantes y autoridades educativas.
— José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 17, 2022
El Fiscal @DanielRochaMX1, presentó un informe sobre los hechos en que perdió la vida el Dr. Eric y la detención del presunto responsable. pic.twitter.com/STwIPKU8pi
La revictimización de Eric
Para su familia, Eric Andrade fue un joven que quiso cumplir un sueño: ayudar a los demás con su profesión, misma que estudiaron sus dos hermanos, anhelo que también compartía su padre Mauricio Andrade y que, por diversas razones, no pudo cursar esta carrera.
Lo que no se dio a conocer en su momento es que los allegados a Eric no fueron notificados de esta desgracia por alguna autoridad o por la universidad, sino a través de algunos medios de comunicación.
Asimismo, las autoridades tardaron horas en entregar el cuerpo del joven para darle sepultura.
Según relatos de los familiares, el asesinato ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde. Hasta la una de la mañana se trasladaron los restos del médico pasante del poblado El Salto a la ciudad de Durango, y hasta la una de la tarde, las autoridades concluyeron este proceso.
Otro obstáculo que enfrentó la familia fue que prácticamente ningún abogado de la localidad quiso representarlos, al parecer, los agresores estaban presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Un cuarto elemento que la familia refiere como irregularidad, es que tuvieron obstáculos para cobrar el seguro de vida al que tenían derecho, bajo el argumento de que se le debían seis meses de colegiaturas a la universidad, que en ese año se estimaron en un promedio de 5 mil pesos mensuales.
Cuando por fin recibieron un documento de parte de la Secretaría de Salud de Durango, se les ofrecieron 50 mil pesos para cubrir el seguro de vida, pero este escrito estaba condicionado a una cláusula en la que se especifica que “las partes reconocen y aceptan que los hechos registrados en el Hospital Integral de El Salto, perteneciente al Servicio de Salud de Durango, fueron causados por personal ajeno a la institución, por lo que no se reservan acción de tipo legal ya sea civil, penal, mercantil, así como de ninguna otra naturaleza en contra de la Secretaría de Salud ni del organismo público descentralizado denominado Servicio de Salud Durango, ni de sus titulares ni de ninguna otra persona”.
Con el cambio de gobierno en Durango, a finales de septiembre del año pasado, los familiares se vieron obligados a retomar las gestiones para el acceso a la justicia con las nuevas autoridades de la causa penal 1247/2022.
La FGED respondió con una prórroga para atenderlo, ya que tenían muchas carpetas de investigación pendientes. Esta dependencia aseguró que se estaba trabajando sobre la orden de detención del segundo implicado directamente en los hechos.
A más de 6 meses, el 11 de abril de 2023, los familiares enviaron un escrito dirigido a la actual fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que exigen la investigación, detención y proceso de las personas de esta corporación que “dejaron ir a los detenidos responsables y partícipes del asesinato del médico”, cita el documento.
Lo anterior, en referencia a que en las primeras 24 horas del crimen, le informaron a la familia de la detención de dos personas probables en la participación de estos hechos.
Después, a cinco días del asesinato, en entrevista con medios se dio a conocer que hay sólo un detenido. El 21 de julio de 2022, el entonces fiscal general, Daniel Rocha, informó directamente a los familiares que no había otro detenido por este caso, según dio a conocer Mauricio Andrade, padre de Eric.
El padre de Eric también señaló que, a la fecha, no se tiene una orden de aprehensión en contra del segundo presunto responsable y aseguró que probablemente se trata de la persona que realizó la mayor cantidad de disparos en ese lugar, pese a que las autoridades ya lo tienen plenamente identificado.
“No le deseo a nadie el dolor de perder a un hijo… es insoportable. Tampoco le deseo a nadie la impotencia de no darle la justicia ofrecida. Seguiré buscando la justicia hasta que no quede más fuerza en mi cuerpo, en mi corazón y en el cerebro”, expresó Mauricio Andrade en el escrito enviado a la Fiscalía.
También denunció que, en este nuevo gobierno estatal, la carpeta de investigación ha pasado por lo menos por cinco agentes del ministerio público y ninguno le ha abonado para el esclarecimiento del caso, por lo que consideró que hay un desinterés del actual gobierno de completar la investigación, al referir que desde septiembre del año pasado se buscó una reunión con el actual gobernador, Esteban Villegas, para dar cuenta de las presuntas anomalías que se presentaron en este proceso, sin obtener respuesta a dicha petición.
“Solo hay una explicación: los agarraron y los dejaron ir y sólo que se quedaron con una”, manifestó Andrade.
En lo que refiere a Florentino “N”, la persona detenida por ser el segundo presunto responsable del asesinato, Mauricio Andrade expuso que sí se le vinculó a proceso, pero se violaron muchos derechos de los familiares ya que, a la fecha, no se les ha notificado de las audiencias que se han desarrollado.
“Yo solo recibí una notificación —hace seis meses— en la cual se me avisa por parte de la Fiscalía que se venció el plazo solicitado para las investigaciones, por lo menos para la persona detenida, y lo que sigue es que un juez determine una fecha para la audiencia intermedia, pero estamos inciertos de que nos vayan a avisar cuándo se realizará”, expresó el padre de Eric.
Agregó que no se explica por qué no les permiten que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por el delito de portación de arma de fuego.
Pese a estos obstáculos, la familia continúa con esta lucha y agradece a quienes han apoyado para visibilizar estas irregularidades.
Cabe señalar que Heridas Abiertas solicitó información a la vocería de la FGED y pese a que mostraron disposición para dar a conocer el estatus actual de este proceso legal y precisar si existe o no orden de aprehensión contra el segundo señalado en el asesinato de Eric Andrade, hasta la redacción de este artículo no se obtuvo una respuesta en concreto.
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Eric Andrade fue asesinado y no cambió de fondo las condiciones para realizar las pasantías
“El tema de la violencia hacia médicos pasantes es el área más afectada dentro de la formación de médicos, y es un tema que se continúa manifestando”, señaló Rocío González, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF).
Aunque reconoció que, quizá a partir de los hechos que se registraron el año pasado, y en especial con la muerte de Eric, se pudo visibilizar más la problemática que se registra en el país, incluso, se pudo establecer comunicación con autoridades de manera más estrecha, pero las situaciones no han cambiado mucho.
Rocío González dijo que, como tal, no existe un registro o un seguimiento especializado por parte de alguna instancia de gobierno que dé continuidad a la impartición de justicia en hechos de agresión a médicos en formación, por lo que tampoco se conoce una cifra real de cuántos estudiantes de esta profesión han perdido la vida en los últimos años.
Por tal motivo, asociaciones como la AMMEF realizan sus propios estudios de la realidad que enfrentan los estudiantes de medicina. Así, hasta el año pasado, la organización daba cuenta que cuatro de cada diez pasantes sufrían amenazas, de un promedio de 6 mil jóvenes que año con año realizan su servicio social en comunidades alejadas del país.
En la publicación que se ubica en el blog de la AMMEF, se señala que la mayoría de los médicos pasantes reciben amenazas o el crimen organizado los secuestra.
La asociación estima que al menos un médico pasante fue asesinado anualmente en los últimos cinco años y considera que estos profesionistas en formación no deben ser enviados a áreas de riesgo, pues carecen de respaldo laboral y legal.
Sobre este punto, Rocío González, señaló que lo que estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 (Educación en Salud Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología), el seguimiento de las pasantías y servicios sociales se tiene que dar por parte de las instituciones a las que están adscritas y por parte de las universidades.
“Tristemente son médicos pasantes que, en caso de que tengan la oportunidad de denunciar, se topan con pared con la institución de Salud, y cuando recurren a la universidad en ocasiones son ayudados, pero las universidades también les dicen que están un poco atadas de manos porque primero está lo que les diga el Hospital o la clínica, y si la universidad se queja, pues les retiran las plazas”, manifestó Rocío González.
Añadió que, ante la falta de respaldo de parte de la universidad o de las instituciones de salud, el Colectivo Médicxs en Formación recibe y da seguimiento a un promedio de tres nuevas quejas por semana.
Queremos saber las condiciones de trabajo de lxs médicxs en formación para seguir luchando por nuestros derechos.
— Colectivo Médicxs en Formación (@Medsenformacion) July 14, 2023
Contesta la #EncuestaMEF2023 https://t.co/PxZeoCeNPN pic.twitter.com/QuI9IiSUw3
La presidenta de la AMMEF señaló que, si bien, tras la muerte de Eric las autoridades de Durango se comprometieron a retirar las plazas para servicio social de las zonas que no contaran con las características mínimas para garantizar las seguridad e integridad de los pasantes, colegas de este estado refieren que estos sitios son ofertados de nueva cuenta en este año y los pasantes son enviados a sectores rurales.
Añadió que el médico pasante no se puede negar a tomar el sitio asignado, ya que es el requisito que pone el gobierno para expedir su título.
Esta situación provocó que, a inicios del 2023, estudiantes de medicina de Gómez Palacio, Durango se manifestaran y exigieran espacios seguras.
Aquellos médicos pasantes que terminan en plazas tipo C, es decir, que están ubicadas en comunidades rurales con una población dispersa inferior a dos mil 500 habitantes, se pueden enfrentar a que no se cuente con los servicios básicos, tampoco con la señal adecuada para comunicarse por celular con alguien de su confianza en caso de que se requiera.
Rocío González citó como ejemplo que existen médicos que son amenazados, incluso golpeados, porque algunas personas de esa zona ingresan a las clínicas a robar.
Advirtió que los grupos del crimen organizado, ubicados principalmente en las zonas serranas del norte del país, hacen secuestro exprés del médico pasante para que puedan atender algunos de sus integrantes, lo cual les genera temor porque, si algo sale mal, “es probable que no los regresen”.
Médicos pasantes en zonas de riesgo tienen una beca deficiente, ya que reciben al mes tres mil 600 pesos, con lo que tienen que hacer frente a los gastos de transporte, alimentación, incluso de hospedaje. Algunos tienen la ventaja de contar con el apoyo de sus padres.
Sobre por qué las corporaciones de seguridad no han realizado una relación aparte de los homicidios o delitos contra la integridad de los médicos pasantes, la presidenta de la AMMEF consideró que se debe a que lo integran al catálogo general de delitos que marca el Código Penal.
“Está como el caso de la doctora Mariana, de Chiapas, que se consideró un feminicidio, pero fuera de ahí, las estadísticas son un poco invisibilizadas porque todos los días ocurren actos de violencia que se quedan atrapadas en la denuncia que no llega ni a la Jurisdicción Sanitaria, o que se realizan en la universidad, pero que sólo se manejan de manera interna”, apuntó González.
El caso al que se hace alusión, es el de Mariana Sánchez que, en enero de 2021, apareció muerta en la clínica ubicada en un poblado del municipio de Ocosingo, Chiapas. Al parecer, la joven usaba un cuarto en este hospital en el que prestaba su servicio médico —por no contar con recursos económicos para pagar un alojamiento—y fue encontrada con marcas de estrangulamiento.
Siete meses después, la mamá de la doctora Mariana, Lourdes Dávalos, pierde la vida por cáncer, sin haber alcanzado la justicia para su hija.
A la espera de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes del país
Este fin de semana, se llevaron a cabo dos misas en la ciudad de Durango por el primer año del asesinato de Eric, ambas programadas por sus familias, quienes dijeron desconocer si la comunidad médica realizó alguna actividad para reiterar la exigencia de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes.
