Su nombre no aparece en la lista de organizaciones de narcotráfico o terrorismo, pero sí en acusaciones para fácilitar armas a los cárteles y vender ilegalmente drogas controladas a consumidores, así como de evadir impuestos. Es la cadena de supermercados más grande del mundo, es estadounidense, es Walmart.
“Walmart es una empresa verdaderamente patriótica que ama a los Estados Unidos”, fueron las palabras que utilizó el presidente estadounidense Donald Trump para agradecer a la cadena de supermercados por bajar los precios de sus productos luego de meses de beneficiarse del aumento de la inflación a causa de las política arancelarias del republicano.
Así, mientras Trump hacía un llamado a la población para comprar en esta tienda minorista, Walmart negociaba un acuerdo millonario con el Departamento de Justicia para evitar mayores consecuencias por vender medicamentos controlados de forma ilegal a sus consumidores, esto en plena epidemia de opioides en Estados Unidos.
Esto se suma a la acusación que hizo el Gobierno de México contra empresas armamentísticas estadounidenses por facilitar el acceso de armas a los cárteles de la droga, piezas clave en los cientos de miles de muertos que la “Guerra contra las drogas” ha dejado en nuestro país y donde el nombre de Walmart también aparece.
Sin mencionar, las estrategias fiscales que la cadena de supermercados de origen estadounidense ha aplicado en todo el mundo para evitar el pago de impuestos, en México la cifra del adeudo alcanzó los miles de millones de pesos.
A pesar de todas estas las acusaciones, Walmart no aparece en la lista de organizaciones de narcotráfico o terrorismo, pero sí en las de varios de los medios más prestigiosos, incluidos aquellos en materia de negocios, como Forbes, TIME o Fortune.
50 millones de dólares de multa por vender drogas
En su definición más básica, el narcotráfico es la venta ilegal de sustancias controladas y justo eso fue lo que hizo Walmart en las más de 5 mil farmacias que tiene en todo Estados Unidos durante al menos siete años, desde 2013 hasta 2020, cuando el Departamento de Justicia presentó una caso en su contra.
No se trató de un caso aislado, donde uno o dos farmacéuticos despistados vendieron por error medicamentos altamente adictivos con recetas irregulares, sino todo un sistema orquestado e incentivado por las mismas cúpulas de la cadena de supermercados para aumentar sus ventas.
La acusación de las autoridades estadounidenses sostiene que Walmart entregó sustancias controladas a clientes aún cuando las recetas que presentaron mostraban “red flags”, es decir, irregularidades. El modus operandi funcionaba de la siguiente manera:
Cuando los farmacéuticos de Walmart reciben recetas con medicamentos controlados tienen que detectar que no haya anomalías desde las más básicas, por ejemplo, que la combinación de las sustancias solicitadas no sea peligrosa, tampoco dosis o cantidades excesivas, así como pagos en efectivo por grandes volúmenes de fármacos.
Hasta identificar prácticas más avanzadas como los “pill mills”, es decir, médicos que emiten grandes cantidades de recetas con sustancias controladas; los “pills shopping”, cuando varias personas se presentan a comprar con recetas emitidas el mismo día por el mismo médico; o el “turismo de farmacia”, cuando los pacientes viajan largas distancias para adquirir los medicamentos.
De acuerdo con la acusación, un grupo de farmacéuticos sí hicieron su trabajo y reportaron las irregularidades a la unidad de cumplimiento de Walmart, es decir, el equipo encargado de que la empresa cumpla las leyes, sin embargo, no hicieron nada, ocultaron la información y no la compartieron con otros farmacéuticos de la cadena.
Fue así que cientos de miles de recetas con anomalías prescritas por médicos irregulares fueron recibidas por los farmacéuticos de Walmart, aún sabiendo que no eran válidas, y cuando eran rechazadas sólo tenían que acudir a otra sucursal donde el encargado si les diera los medicamentos controlados.
Entre los casos que incluye la acusación destaca un médico de Delaware que prescribía medicamentos controlados en el 95% de sus recetas, otro de Texas que recetaba constantemente combinaciones altas y peligrosas de sustancias adictivas e inclusive uno de Florida con varios antecedentes penales por tráfico ilegal de drogas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la única razón para suministrar las recetas irregulares con medicamentos controlados era “impulsar las ventas”, como lo reconoció un director del mismo equipo de cumplimiento de Walmart en un correo electrónico.
Seis años después de presentar el caso en su contra, Walmart aceptó su culpabilidad y acordó pagar 50 millones de dólares por ello. Una cifra mínima para la empresa no sólo por la cantidad de dinero que genera sino por las sanciones que originalmente habían puesto sobre la mesa las autoridades estadounidenses.
En un principio el Departamento de Justicia aseguró que las sanciones serían de 67 mil 627 dólares por cada receta ilegal y 15 mil 691 dólares por cada pedido sospechoso no reportado, considerando que hubo cientos de miles de casos la cifra se hubiera disparado a los miles de millones de dólares.
Facilitar armas a los cárteles de la droga
Un año después de la acusación del Departamento de Justicia contra Walmart, el Gobierno de México presentó una demanda contra empresas armamentísticas estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga y a otros delincuentes en nuestro país.
La acusación asegura que las compañías señaladas diseñan y comercializan armas estilo militar que atraen a los cárteles, no supervisan ni controlan adecuadamente a sus distribuidores, además, saben que son traficadas y usadas en delitos en México, pero continúan con estas prácticas porque les generan ganancias.
Y mientras estas empresas hacen millones de dólares, más de medio millón de personas han sido asesinadas en los últimos 20 años en México, en su mayoría por armas de fuego y donde el 70% de los casos provienen de Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales.
Por su parte, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, reconoce más de 100 mil casos de armas estadounidenses recuperadas en México en los últimos cinco años.
En la demanda del Gobierno de México contra las armamentísticas aparece Walmart y lo hace en el Capítulo V, donde recopila la evidencia que, a su juicio, demuestra que las empresas son conscientes de que su conducta provoca el tráfico ilegal de armas a México.
La acusación sostiene que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, grandes tiendas de Arizona vendieron 108 rifles de alta potencia y pistolas mediante compras simuladas a un traficante.
Durante los 11 meses, una persona contratada por traficantes realizó 45 visitas a cuatro sucursales de Walmart para comprar armas incluyendo 19 rifles y pistolas Ruger, una pistola Smith & Wesson, ocho rifles y pistolas Beretta, así como cinco pistolas Glock. El comprador recibió 100 dólares por cada compra, según la acusación.
La demanda, sin embargo, no dio frutos y a mediados de 2025 fue rechaza por la Corte Suprema de Estados Unidos, no tanto porque su acusación no tuviera sustento sino porque las armamentísticas fueron respaldadas por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
Regateando al SAT 11 mil millones de pesos
La siguiente historia es conocida, Raquel Buenrostro, exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ha contado en más de una ocasión.
De acuerdo con el relato de la hoy secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuando llegó al organismo recaudador de impuestos la orden fue cobrar las deudas fiscales pendientes principalmente a los grandes contribuyentes y el primero en la lista era Walmart, que debía entonces 11 mil millones de pesos.
Buenrostro asegura que cuando se acercaron con la cadena de supermercados a cobrar la deuda esta puso sobre la mesa pagar únicamente 30 millones de pesos, es decir, el 0.25% de la deuda.
La entonces jefa del SAT, dijo, rechazó la ofensiva oferta de Walmart y le exigió el pago completo. La empresa estadounidense entonces amenazó: prefiero litigar 30 años, antes que pagar impuestos. Es decir, que apostaría por la estrategia de un juicio largo para cansar al fisco y no solventar su deuda.
Sin embargo, la defensa de Walmart tenía una fisura. Si bien es cierto que un proceso administrativo contra la cadena de supermercados podría durar años, había otra instancia expedita: la penal. Si no pagaba los impuestos que debía, el SAT presentaría una demanda por defraudación fiscal.
Viendo que la acusación penal iba en serio, y con el antecedente de un caso similar en Alemania que obligó a la compañía a abandonar el país europeo, Walmart cedió y aceptó pagar impuestos, pero a su modo.
Buenrostro sostiene que aún en estas instancias, la empresa estadounidense buscó un descuento y ofreció pagar 70 millones de pesos, el doble de su oferta inicial, pero ni siquiera llegaba al 1% de la deuda.
Pese a la oferta inaudita de Walmart, mucha gente dentro del gobierno, según cuenta la exjefa del SAT, le sugirieron tomar las migajas, pero la volvió a rechazar e insistió en seguir con el procedimiento administrativo y penal en su contra de forma simultánea.
Walmart finalmente cedió y pagó los 11 mil millones de pesos que debía en impuestos, monto que supera el presupuesto anual de varias dependencias.
“Fue uno de los éxitos más grandes porque Walmart es conocido en todo el mundo por este tipo de prácticas. Es la empresa de mayor evasión (fiscal) a nivel global”, sentencia Raquel Buenrostro.
