General en retiro, parte del extinto Estado Mayor Presidencial y de varias áreas de inteligencia del Ejército, es el segundo en su clase en ser acusado de narcotráfico en Estados Unidos y el primero en entregarse. Gerardo Mérida Sánchez evidencia la mano militar de la narcopolítica, tumba el mito de la incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas y tira la narrativa del gobierno federal de que no hay pruebas en el caso Rocha Moya.
Las Fuerzas Armadas son “incorruptibles”, bajo esa lógica el exmandatario Andrés Manuel López Obrador echó para atrás la narrativa de su movimiento político de regresar a los militares a los cuarteles e hizo de la milicia uno de sus brazos más fuertes y útiles, misma que ha heredado la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
Hoy, ese discurso le estalla en la cara al gobierno federal y a los estatales emanados de Morena con el caso del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez. Su nombre apareció entre los 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por colaborar con el narcotráfico.
En la bomba que soltaron las autoridades estadounidenses el pasado 29 de abril el foco mediático cayó en el gobernador Rubén Rocha Moya y en el senador Enrique Inzunza Cázarez. No fue hasta este 15 de mayo que Mérida Sánchez tomó relevancia cuando diversos medios informaron que se había entregado ante las autoridades estadounidenses.
“Cae esta afirmación que se ha defendido durante mucho tiempo de que las Fuerzas Armadas son más difíciles de corromper”, dijo Victor Manuel Sánchez Sandoval, especialista en seguridad pública en entrevista con FrojiMX. “Y nos muestran que, dado que hay interés del crimen organizado, estas se pueden corromper”.
El ruido fue tal que el Gabinete de Seguridad tuvo que salir a confirmarlo: desde hace cuatro días el general cruzó la frontera por Sonora y en Arizona quedó en custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos. De ahí fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde compareció y se declaró no culpable, por ahora.
Con esta decisión Gerardo Mérida Sánchez pasó de ser el segundo general –después de Salvador Cienfuegos– en ser acusado formalmente por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico a ser el primero en entregarse a sus acusadores.
De cuidar al presidente a recibir sobornos del narco
Gerardo Mérida Sánchez no es cualquier militar, su basta carrera en la milicia le valió estar en distintos puestos claves dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fuera de ella.
Con dos licenciaturas, una maestría y un doctorado, fue comandante en zonas militares de Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla, plazas importantes para el crimen organizado. Inclusive fue agregado militar y aéreo en la embajada de México en Chile.
Sin embargo, en su historial destacan su paso en el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), donde el hoy general detenido por narcotráfico fue jefe y subjefe en áreas relacionadas a la inteligencia, operaciones y logística en el grupo de élite del Ejército que se encargaba de cuidar al presidente, su gabinete y familias.
Esta carrera lo llevó a ser el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, un puesto que durante años ha sido destinado a militares y cuya recomendación viene desde los altos mandos de la Sedena.
Tomó la secretaría en septiembre de 2023, dos años después de que Rocha Moya llegara a la gubernatura. Y sólo estuvo 15 meses, renunció en diciembre de 2024, cinco meses después de que estallara la guerra intestina del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”. Ese tiempo bastó para ser cooptado por dicha organización criminal.
De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez recibía cada 100 mil dólares en efectivo cada mes como soborno de “Los Chapitos”.
A cambio de este pago, el general no interfirió en las operaciones del cartel, ni realizó detenciones de sus miembros, además les avisaba cada que había un operativo en su contra. La acusación advierte que les informó sobre al menos 10 redadas a narcolaboratorios, lo que les permitió evacuar al personal y sacar las drogas a tiempo.
La entrega del general tira la narrativa de que no hay pruebas
Ante este caso, el gobierno federal –a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de la República– aseguró que no había prueba alguna de la acusación que presentó Estados Unidos contra Rocha Moya y sus funcionarios. Sin embargo, la entrega del general tumba este discurso.
“La entrega (de Mérida Sánchez) tira completamente la narrativa de que no existen pruebas”, sentenció Sánchez Sandoval y cuestionó: “si no existen pruebas ¿por qué uno de ellos va y negocia?” y respondió inmediatamente: “sólo las personas que se saben culpables van y toman esa decisión”.
Y aunque en su primera audiencia, Gerardo Mérida Sánchez se haya declarado no culpable, “el simple hecho de cruzar la frontera y entregarse, ya implica una declaración de culpabilidad”, sentenció.
Para el especialista en seguridad pública la decisión del general Mérida es sencilla de explicar: “Tan se sabe culpable que entiende que en esta lógica de costo/beneficio, lo que es menos costoso es entregarse a los Estados Unidos, negociar, cantar y ofrecer la información que tienen”.
Pero esta decisión del exsecretario de Seguridad de Sinaloa enciende las alarmas en toda la esfera política, policial y militar no sólo del estado, sino del país.
La rendición de Mérida Sánchez abre la puerta a que él sea parte de las mismas pruebas, es decir, se convierta en testigo al declarar no sólo en contra de sus excompañeros de gobierno que está en la misma acusación, sino también contra otros personajes de relevancia –políticos, mandos policiales y jefes militares– que aún no han sido acusados.
Y así lo deja claro Victor Manuel Sánchez Sandoval: Estados Unidos no va a negociar para que Gerardo Mérida Sánchez entregue información sobre sus subalternos e iguales, sino contra personajes de mayor jerarquía o nivel.
“(La entrega de general) podría no solo impactar en la esfera de Sinaloa, sino también la esfera nacional y en concreto en los mandos de la Sedena que pudieran estar corrompidos”, explicó el especialista en seguridad pública.
Rocha Moya manchará el legado de Sheinbaum
La decisión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de no actuar contra Rubén Rocha cuando fue implicado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y Melesio Cuén, rival político del gobernador, fue un error.
“Yo siento que sí fue un error táctico”, señaló Sánchez Sandoval. “Les ganó este ímpetu de proteger a los suyos, pero al proteger a los suyos corren muchos riesgos”.
Para el especialista en seguridad pública, el caso de Rocha Moya le podría pesar a Claudia Sheinbaum como al gobierno de Felipe Calderón le pesa el de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad detenido en Estados Unidos por narcotráfico.
“Calderón tuvo que enfrentar los costos de haber protegido a García Luna y es una mancha que va a quedar en su historia personal. La mancha de Rocha Moya y compañía va a quedar en el historial de la presidenta y va a manchar su legado”, sentencia Victor Manuel Sánchez Sandoval.
