Heiji MorimotoMéxico es percibido a nivel mundial como uno de los países más corruptos, este problema se acrecentó en los últimos 3 sexenios encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Desde el año 2001 al 2017, México ha descendido 84 lugares del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional.
Al inicio del Gobierno de Vicente Fox el país se ubicó en el lugar 51 y para al final de su mandato cayó hasta el lugar 70, mientras que en el año 2012 cuando Felipe Caderón terminó su administración, descendió hasta el lugar 105.
El último del Índice de Percepción de la Corrupción publicado en febrero de este año señala que México ocupa hoy en día el lugar 135 de los 180 países que son evaluados todos los años. En el 2017, más de la mitad de la población mexicana señaló haber participado en actos de soborno con las autoridades para acceder a los servicios públicos básicos.
Entre las manifestaciones más frecuentes de corrupción que se perciben en la administración pública son: el soborno; desvíos de recursos; preponderancia de funcionarios públicos que se aprovechan de la función pública para beneficio personal, sin que enfrenten ninguna consecuencia; Trabas administrativas, entre otros.
Las últimas tres administraciones federales han sido marcadas por algunos escandalados de lo corrupción que son recordados por la población.
Entre los escándalos de corrupción recordados que marcaron el sexenio de Vicente Fox, se hallan la red de financiamiento lícito que sirvió para financiar la campaña electoral del exmandatario a través de la asociación civil “Amigos de Fox” y del Fideicomiso para la Democracia de México, a los cuales se les invirtieron unos 90 millones de pesos.
Por mencionar otro caso, en el año 2000 Marta Sahagún y sus hijos fueron señalados por la procedencia del financiamiento de la fundación Vamos México, y por las presuntas irregularidades en contratos que negociaron a favor de empresas con las que tenían relación comercial.
Por otra parte, una de las herencias que dejó la administración de Felipe Calderón, fue la Estela de Luz: al inicio de su construcción se dijo que su costo sería de 400 millones de pesos, pero su precio final fue de mil 35 millones de pesos, y con 15 meses de retraso para su inauguración.
Derivado de las investigaciones periodísticas presentadas como la Estafa Maestra, hasta el momento se han presentado 18 denuncias penales por el probable desvío de 3 mil 100 millones de pesos, debido a irregularidades cometidas por dependencias del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto y universidades públicas.
De acuerdo con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el problema de la corrupción en el país ha tenido enormes costos económicos, políticos y sociales.
En su última edición de hace un año, el Latinobarómetro señaló que el 56% de los mexicanos dijo estar de acuerdo en que la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno; el porcentaje más bajo de los últimos 15 años, según el estudio.
Un muestreo que también da cuenta del desgaste que existe en la relación entre la población y la administración pública: solo el 21% de los mexicanos tiene confianza en las instituciones, el 22% en los representantes legislativos, el 23% en el poder judicial y el 51% en las fuerzas armadas.
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Los costos sociales y económicos de la corrupción
El informe “La Corrupción mata” elaborado por la fundación Open Society señaló que a lo largo de los últimos años ha existido una evidente colusión sistemática entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varías partes de México.
Un problema que los diferentes niveles del gobierno no han podido corregir debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables de estos hechos.
Uno de los problemas sociales que más preocupa a la población es la violencia que ha imperado en el país desde hace 12 años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que la guerra contra el narcotráfico ha dejado un saldo de casi 200 mil muertos y más 32 mil personas desaparecidas.
El mandato de Peña Nieto concluirá con cifras inéditas de víctimas de la violencia y violación en los derechos humanos. De acuerdo con La Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura de la PGR, se reportaron 4 mil 390 casos de tortura en una revisión a nivel federal e inició con 777 investigación según el nuevo sistema de justicia.
Aunado a que México también viene arrastrando graves problemas en cuestiones de libertades periodísticas y participación de la sociedad civil.
La República Mexicana se ubica actualmente en el lugar 147 de 180 de la Clasificación de Prensa 2018, publicado por Reporteros Sin Fronteras, una cuestión que coloca al México como uno de los países “más mortíferos del Mundo para ejercer el periodismo”.
Desde el año 2000 hasta la fecha han sido ultimados más de 120 periodistas. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado el año pasado señala que casi todos los comunicadores asesinados desde el año 2012, murieron en países con altos niveles de percepción de corrupción.
El informe asegura que 9 de cada 10 periodistas fueron asesinados en naciones con altos índices de corrupción, es decir, que cada semana al menos un periodista es agredido.
“Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción”, expresó Moreira. “Instamos a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación cívica”.
A pesar de los constantes escándalos de corrupción que han envuelto a los diferentes niveles de gobierno en los últimos 18 años, no es posible estimar cuáles han sido los costos económicos que esta práctica han dejado al país.
El dato más usado por políticos, organizaciones, medios de comunicaciones e instituciones mencionan que el Banco Mundial ha calculado que la corrupción equivale al 9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, este dato fue desmentido en las campañas electorales de este año, cuando el mismo banco aseguró al portal Verificado 2018 que no cuentan con ningún estudio que indique la corrupción cuesta el 9% del PIB.
Otros organismos estiman que la corrupción tiene un costo entre el 0.4% y el 10% del PIB. Por ejemplo, el Inegi detalló que la consecuencia de estos actos en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil y autoridades de seguridad es de mil 217 millones de pesos, lo que equivale al 0.4% del PIB.
Un boletín publicado en 2015 por la Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, da cuenta de otros datos: el Fondo Monetario Internacional estima que la corrupción afecta hasta el 5% de toda la inversión, y según Ernst & Young las empresas privadas también ven perdidas en el 5% de sus ventas.
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