Daniel CallejasFue la desesperación para no morir en la pasada elección lo que llevó al Partido Verde a quebrar la veda electoral. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó una sanción de 40 millones de pesos porque contrataron, a través de influencers, propaganda ilegal a la que le destinó 20 millones de pesos.
Le va a salir el doble de caro el juego de romper la veda electoral a través de 90 figuras conocidas en redes, a las que les pagó un aproximado de 225 mil pesos por mencionarlos un día antes del 6 de junio pasado. También le cancelaron sus prerrogativas de radio y televisión durante un año. Dentro de los señalados están Bárbara de Regil, Raúl Araiza, Laura G y Brandon Peniche e Inés Sainz.
Y no era la primera vez, en las elecciones del 7 de junio de 2015 quizá algunos recuerden cuando Miguel “El Piojo” Herrera tuiteó ‘Los verdes sí cumplen’, además de Aleks Syntek, Julio César Chávez, Daniel Bisogno, Jorge Van Rankin, Gloria Trevi, Ninel Conde, Danna Paola y Belinda con mensajes alusivos al partido en plenos comicios.
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En el caso del ahora entrenador de los Tigres, en aquel tiempo no fue acreedor a ninguna multa, y fue exonerado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en febrero del año siguiente, a pesar de que supuestamente cobró cinco o 10 millones de pesos por tuitear a favor del Verde.
No quedó de más que en redes se viralizara la propuesta de #QuitenElRegistroAlVerde y así evitar que sigan violando la ley, y pagando a plazos una multa que no significa nada para lo que se les da de financiamiento público.
En el mismo tenor, otro que tendrá que sacar la cartera es Samuel García, gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, y a quien el INE lo prevé multar con 55 millones de pesos por las “stories” de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña por las elecciones recientes.
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García defendió a su pareja y tuiteó que “es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”. Y es que según el INE, Mariana debe cobrarle 7.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subieron juntos. Falta ver si el próximo góber impugna y lleva a tribunales el caso.
Suponiendo sin conceder
Que Jorge Alcocer, secretario de Salud, deberá alistar su renuncia o disculpa pública por decir que las exigencias por el abasto de medicamentos oncológicos sí tienen validez, pero “son exageradas”, argumentando que son los más difíciles de conseguir “de décadas para acá”.
Deseamos mucho que el funcionario nunca tenga en su familia alguien que padezca cáncer, porque sino se va a arrepentir de creer que es una exageración demandar lo que por derecho le pertenece a los ciudadanos: salud.
