La discusión sobre la regulación de redes sociales para menores de edad en México ya está sobre la mesa.
El pasado 19 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum inició el debate informando que cada lunes durante un mes abordará el tema en sus conferencias matutinas desde distintas perspectivas, esto con el propósito de construir un consenso social que derive en una iniciativa de ley.
La propuesta busca la regulación las plataformas digitales y la inteligencia artificial mediante el conocimiento científico acumulado sobre cómo se genera adicción y cómo el uso de pantallas antes de dormir provoca trastornos en el sueño de niñas, niños, adolescentes y adultos.
Para profundizar en el tema, se presentarán especialistas que den su diagnóstico sobre esta legislación desde el Salón de Tesorería en Palacio Nacional. Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciará foros regionales en cada estado para discutir las medidas.
El debate abarca también quién controla las plataformas digitales, la concentración de poder en sus dueños y sus modelos de regulación internacional.
Los riesgos: hipervigilancia y retrocesos en derechos digitales
El tema no es tan sencillo, menos cuando se trata de una prohibición que, de no hacerse con cuidado, podría generar más riesgos que beneficios.
En el informe “La era de la verificación de la edad”, publicado por SimpleMedia, proyecto editorial de SimpleEscort, especialistas alertan sobre los severos riesgos de este tipo de iniciativas por sus sesgos de planteamiento y redacción.
La abogada Grecia Macías explicó que los legisladores olvidan que en internet circula abundante contenido pedagógico e informativo sobre educación sexual e identidad de género.
Por lo tanto, impedir a niñas, niños y adolescentes el acceso a plataformas digitales limita sus derechos en línea de manera sumamente arbitraria y restringe información vital necesaria para su propio desarrollo personal.
Adicionalmente, el informe subraya la preocupación internacional respecto a que las medidas regulatorias justificadas en la protección a menores terminen convirtiéndose en herramientas de hipervigilancia.
Este escenario pone en riesgo la privacidad, la protección de datos personales de la ciudadanía y facilita esquemas de fiscalización por creación de contenido contra sectores vulnerables.
En este sentido, los expertos señalan que los riesgos del entorno virtual deben combatirse con educación digital y medidas con enfoque de derechos humanos. De lo contrario, advierten que proteger a menores sin privacidad convierte la verificación de edad en vigilancia y exclusión, provocando daños colaterales como la clandestinidad, el aumento de perfiles falsos, cuentas compartidas y herramientas para ocultar la identidad.
¿Qué ocurre en el resto del mundo?
En América Latina, Brasil abrió un precedente significativo con la llamada ECA Digital, una legislación que impone métodos de verificación fiables en las plataformas, dejando atrás la autodeclaración y estableciendo multas de hasta 50 millones de reales para quienes incumplan la norma.
Por su parte, en Reino Unido se promulgó una normativa que eliminó el botón de «soy mayor de edad» e impuso validaciones mediante estimación facial, identificación oficial o comprobaciones bancarias.
Autoridades británicas cuentan con facultades para aplicar multas elevadas y ordenar bloqueos por parte de proveedores de internet, lo que ya ha generado un auge de redes privadas virtuales (VPN) y el geo-bloqueo de ciertos sitios.
Asimismo, en Italia se avanza con un modelo de verificación diseñado específicamente para desvincular técnicamente la identidad del usuario de su navegación en plataformas y páginas con contenido adulto.
Ante este escenario, la regulación de plataformas digitales exige un equilibrio urgente entre la protección efectiva de la infancia y la garantía de los derechos digitales. Sin un enfoque basado en educación y privacidad, las normativas corren el riesgo de transformarse en mecanismos de vigilancia que empujen a los usuarios a la clandestinidad.
