31 de los 32 estados del país entregaron 44.1 millones de pesos en programas sociales a personas que ya estaban muertas y, a pesar de que se recuperó gran parte del dinero, aún hay un probable daño al erario por 21.3 millones de pesos cometido por la mitad de las entidades
Los programas sociales han sido un pilar fundamental en la autonombrada “Cuarta Transformación”, así lo comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo continúa ahora en su “segundo piso” el de Claudia Sheinbaum.
Elevadas a rango constitucional, estas políticas públicas ya benefician a más de 23 millones de personas, es decir, a casi uno de cada cinco mexicanos, y contarán con un presupuesto que asciende a los 1.1 billones de pesos este 2025 –el más alto hasta el momento–.
La enorme cantidad de recursos públicos destinados, así como de beneficiarios, hacen a los programas sociales un blanco fácil para la corrupción, una que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) parece haber encontrado.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, la ASF exhibe un modus operandi: la entrega de programas sociales a personas muertas.
La ASF detectó que 31 de los 32 estados del país pagaron 44.1 millones de pesos a 18 mil 877 beneficiarios de programas sociales que ya estaban fallecidos.
Curiosamente, justo en medio de los trabajos de auditoría del órgano autónomo, 15 de los gobiernos estatales lograron recuperar el dinero público entregado a los beneficiarios muertos. Sin embargo, 13 de ellos tuvieron que pagar casi 800 mil pesos por los rendimientos o intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro.
Pese a los millones recuperados, aún quedaron 16 estados acusados por la ASF de un probable daño al erario al entregar 21.3 millones de pesos a 8 mil 488 beneficiarios de programas sociales que ya estaban muertos.
21.3 millones de programas sociales para 8 mil 488 muertos
La entidad con el mayor desfalco registrado fue Oaxaca con 3.9 millones de pesos. Durante el gobierno del morenista Salomón Jara, se identificaron mil 251 casos de personas fallecidas que recibieron dicho dinero de programas sociales.
Le sigue Guerrero, con 3.3 millones de pesos de irregularidades. La administración de Evelyn Salgado, también de Morena, entregó el dinero a mil 111 beneficiarios ya muertos.
En el tercer puesto está Chiapas que, aunque recuperó poco más de 17 mil pesos del desfalco detectado, quedó con 2.5 millones de pesos pendientes de aclarar. El sexenio de Rutilio Escandón –igualmente de Morena– entregó dichos recursos públicos de programas sociales a mil 767 personas difuntas.
Continúa el Estado de México que también logró recuperar 291 mil 617.17 pesos de los señalado por la ASF y aún así registró un desfalcó por 2.5 millones de pesos. Este caso es particular porque se detectó al final del gobierno priista de Alfredo del Mazo y al inicio del morenista de Delfina Gómez. Fueron mil 682 muertos los que recibieron dinero público.
La ASF detectó irregularidades por 1.7 millones de pesos en Zacatecas. El gobierno del morenista David Monreal entregó el dinero a 427 beneficiarios de programas sociales ya fallecidos.
El único gobierno panista que aparece en el desfalco es el de Chihuahua, con 1.5 millones de pesos. El sexenio de Maru Campos dispuso de este dinero de asistencia social a 673 beneficiarios difuntos.
Otro gobierno de Morena es el de Colima, con 1.2 millones de pesos. La administración de Indira Vizcaíno entregó estos recursos públicos a 78 personas que ya estaban muertas.
En tanto, el gobierno de Jalisco, encabezado entonces por el emecista Enrique Alfaro, tuvo irregularidades también por 1.2 millones de pesos, después de recuperar 2.8 millones de pesos tras la auditoría. La ASF no detalla con exactitud cuántos beneficiarios fallecidos habían recibido este dinero de programas sociales.
En Veracruz, el entonces gobierno de Cuitláhuac García, uno más de Morena, desembolsó poco más de un millón de pesos que terminaron en 512 personas difuntas.
En cuanto al resto de los siete estados que forman parte de este desfalco registraron irregularidades por menos de un millón de pesos:
El gobierno de Campeche, de Layda Sansores, dio 805 mil 701.94 pesos de programas sociales a 64 personas muertas.
El de Morelos, del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, desembolsó 556 mil 262.76 pesos a 272 beneficiarios fallecidos.
En Sonora, la administración de Alfonso Durazo, pagó 549 mil 357.23 pesos de recursos públicos a 368 difuntos.
En Nuevo León, el gobierno de Samuel García consiguió regresar a las arcas públicas 11 mil 779.58 pesos de programas sociales entregados a personas muertas, sin embargo, le quedaron pendientes 198 mil 760.71 pesos que terminaron en 87 beneficiarios difuntos.
El gobierno de Baja California Sur, de Marina del Pilar, dio 165 mil 328.50 pesos de asistencia social a 86 personas que ya habían fallecido.
En Nayarit, durante el sexenio de Miguel Ángel Navarro, se desembolsaron 157 mil 45.35 pesos en 92 beneficiarios fallecidos.
Finalmente, en Tabasco, en la entonces administración de Carlos Manuel Merino, 18 difuntos recibieron 101 mil 332.10 pesos de programas sociales.
Los estados que recuperaron el dinero… pero pagaron multa
La otra mitad del país, 15 gobiernos estatales, lograron recuperar 22.8 millones de pesos de programas sociales que habían entregado a 8 mil 954 beneficiarios que ya habían muerto.
Sin embargo, 13 de ellos tuvieron que pagar una especie de “multa”, pues la ASF le exigió que –además de regresar el dinero– los gobiernos tienen que abonar los rendimientos que se habrían generado a favor de la hacienda pública desde que se tomó el dinero hasta su reintegro.
La entidad que, por mucho, recuperó la mayor cantidad de dinero señalada por la ASF fue Puebla, del entonces gobernador Sergio Salomón, con 7.8 millones de pesos y tuvo que pagar 201 mil 717.52 pesos más por lo rendimientos perdidos
Continúa Michoacán, gobernado por Alfredo Ramirez, que devolvió a las arcas públicas 3.4 millones de pesos por las irregularidades detectadas. Además, pagó 129 mil 324 pesos por los intereses financieros perdidos.
Por su parte, Guanajuato –durante el sexenio de Diego Sinhue– recuperó poco más de 2 millones de pesos que habían entregado a personas fallecidas. Las autoridades estatales tuvieron que desembolsar 102 mil 264 pesos por los rendimientos perdidos.
En la lista sigue Yucatán, en la administración de Mauricio Vila, regresó 1.7 millones de pesos del desfalco señalado más 194 mil 306 pesos de la “multa” solicitada por el ASF.
Tamaulipas, bajo el gobierno de Américo Villareal, devolvió 1.3 millones de pesos a las arcas públicas, más los 2 mil 856 pesos de intereses.
El resto de las entidades recuperó menos de un millón de pesos del desfalco detectado por la ASF:
Durango, gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas, devolvió casi 800 mil pesos, más 70 mil 835 pesos por rendimientos perdidos.
El gobierno bajacaliforniano de Victor Manuel Castro regresó 747 mil 645.85 pesos. Baja California también tuvo que pagar intereses, pero el reporte de la ASF no precisa cuántos.
En San Luis Potosí, en la administración de Ricardo Gallardo, entregaron 677 mil 873.22 pesos de las irregularidades detectadas, más 18 mil 998 pesos de rendimientos perdidos.
El gobierno de Quintana Roo de Maria Elena Lezama recuperó 352 mil 711.65 pesos, más 662 pesos de intereses.
Sinaloa, gobernado por Rubén Rocha, regresó 208 mil 647.43 pesos y pagó 4 mil 244.18 pesos de rendimientos perdidos
La administración hidalguense de Julio Ramón Menchaca devolvió 183 mil 425 pesos, más 45 mil 909 pesos de intereses.
En Coahuila, durante el último año del gobierno de Miguel Riquelme y el primero de Manolo Jiménez, se recuperaron 166 mil 556 pesos y pagaron 25 mil 330 pesos de rendimientos perdidos.
El gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Kuri, regresó a las arcas públicas 31 mil 808 pesos.
Tlaxcala, bajo el gobierno de Lorena Cuéllar, devolvió 25 mil 862.69 pesos señalados por el desfalco, más 5.31 pesos de intereses.
Finalmente, la administración de Maria Teresa Jiménez, en Aguascalientes, recuperó los 6 mil 894.42 pesos en irregularidades.
