Rodrigo GutiérrezEn los últimos años, México ha sido víctima de dos males principales: violencia y corrupción. Si bien, la primera ya nos dejó el año más sangriento de la historia, esta última no se queda atrás.
Así lo demuestra la tercera y última entrega del “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016” de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que en dicho año detectó irregularidades en 98 mil 102.9 millones de pesos entregados a las entidades federativas.
Los estados que mayores irregularidades detectó la ASF, con respecto al monto que se les fue auditado, fueron Veracruz, Nuevo León, Morelos y Baja California Sur.
Durante el último año de la administración de Javier Duarte, ahora preso en el Reclusorio Norte, el órgano auditó 88 mil 6.4 millones de pesos de los cuales detectó irregularidades en 19 mil 728.1 millones de pesos.
Es decir, en 2016, por cada 100 pesos que se dio al erario veracruzano, 22.4 pesos tiene inconsistencias.
En Nuevo León, 56 mil 504.1 millones de pesos fueron revisados por la ASF, encontrando irregularidades en 9 mil 841.7 millones de pesos.
En el primer año de la gubernatura de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, actual aspirante presidencial por la vía independiente, 17.4 pesos de cada 100 del erario tuvo anomalías.
Morelos, gobernado por el perredista Graco Ramírez, registró irregularidades en 3 mil 42.8 millones de pesos de los 18 mil 951.2 millones que le fueron auditados.
Es decir, en 2016, Morelos tuvo inconsistencias en 16.1 pesos de cada 100 pesos provenientes del erario.
En cuanto a Baja California Sur, de los 12 mil 800.7 millones de pesos auditados, 2 mil 2.8 millones de pesos reportaron inconsistencias.
Durante el primer año de gobierno de Carlos Mendoza Davis, de cada 100 pesos del erario, 15.6 pesos mostraron irregularidades.
Por su parte, las entidades con menores observaciones realizadas por la ASF son Puebla, Querétaro y Aguascalientes.
En el último año de gobierno de Moreno Valle en Puebla hubo irregularidades en 500 millones de los 67 mil 738.5 millones de pesos auditados. De cada 100 pesos, sólo 0.7 reportó inconsistencias.
Mientras que del primer año de la administración de Francisco Domínguez Servién en Querétaro, fueron auditados 20 mil 707.4 millones de pesos, de los cuales 259.9 millones tuvieron anomalías, es decir, 0.3 pesos de cada 100.
Aguascalientes, durante el último año de gobierno de Carlos Lozano de la Torre, mostró irregularidades en 282.9 millones de pesos de 16 mil 616.9 millones auditados. Es decir, hubo inconsistencias en 0.3 pesos de cada 100 del erario.
Los peores y mejores calificados
La ASF calificó a las entidades de acuerdo a su desempeño en la gestión del Gasto Federalizado en 2016.
Las entidades con un puntaje superior son Puebla con 90.3 puntos, Tlaxcala con 88.9 y Yucatán con 87.9.
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Las de menor valor en el índice fueron Michoacán con 64.1 puntos, Veracruz con 64.4 y Guerrero con 70.8.
¿Cuáles son las principales irregularidades?
De acuerdo con la ASF, las principales problemáticas de los estados, municipios y delegaciones fueron:
Recursos no ejercidos, los cuales corresponden a parte del erario que no fueron utilizados, lo cual refleja, detalla la auditoria, deficiencias en las capacidades de gestión y en el establecimiento de sistemas de control interno por parte de las autoridades.
La falta de documentación comprobatoria del gasto, en algunos casos, dicha problemática puede reflejar potenciales desvíos de recursos.
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, el cual consiste en el traspaso de recursos de las cuentas bancarias específicas de los fondos y programas a otras distintas, lo que significa una nula transparencia en el manejo de recursos públicos.
Retenciones no enteradas a terceros institucionales, que corresponde a impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por los gobiernos locales al personal pagado con recursos federales.
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Recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa.
Recursos no entregados a los ejecutores, así como deficiencias y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores.
Y el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas, el cual se refiere al dinero destinado a materia de servicios personales en conceptos que no se consideran en la normativa de los fondos y programas correspondientes.
