Está por cumplirse un año desde que el empresario Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos, y el tema en materia migratoria ha sido, desde su campaña electoral, uno de sus grandes estandartes que ha en pro de su política, pero que en el 2017 se ha convertido en una casería de brujas que afecta a miles de ciudadanos de distintas nacionalidades que viven en dicho país.
Durante su campaña electoral, el magnate estadounidense culpó a los migrantes; principalmente mexicanos y latinos, de ser los responsables de la crisis laboral, de la inseguridad y del enorme trafico de drogas.
En “respuesta” a ello, amenazó constantemente con construir un muro, que, aunque existen varios proyectos, aun no hay nada formal. Asimismo, ha implementado nuevos planes para la contratación de nuevos agentes migratorios que resguarden la seguridad de su frontera sur con México.
En varios de sus discursos, dijo que “bad hombres” cruzaban a diario la frontera con el fin de traficar drogas y armas, así como con planes de delinquir, violar mujeres y violentar a la sociedad en general y que sería a ellos a quienes se encargaría de frenar.
Sin embargo, el pasado 05 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional, dio a conocer que, desde enero hasta septiembre del 2014, ha aumentado en un 40% (comparado con el 2016) las detenciones de migrantes en Estados Unidos.
Pero dichos arrestos no han sido llevados a cabo en la frontera con México, la mayoría han sido en el interior del país, en el que se han visto detenidas personas que no tienen antecedentes penales, y aun así son reportadas, teniendo como consecuencia que miles de familias sean separadas de sus comunidades y de sus seres queridos.
De acuerdo con un informe, “Los Deportados: Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar” presentado a inicios del mes de diciembre, por la organización Human Rights Watch, evidencia varios casos en los que las personas que son detenidas, son deportadas mediante procedimientos que, generalmente se violan sus derechos como migrantes.
Ante esto la organización ha señalado que la manera en como ahora trabajan los agentes migratorios, lo hacen de forma agresiva y sistemática.
Lo cual ha hecho que prácticamente se convierta en una casería de brujas, en la que la mayoría de los afectados son de origen mexicano y latinoamericano, y quienes, a pesar de ser ciudadanos respetados por su comunidad, que pagan impuestos y respetan las leyes, son criminalizados.
Madres, padres, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, hijos, sin importar, son detenidos, encerrados y asignados al sistema de deportación.
Si bien la administración de Barack Obama, ha sido una de las que ha reportado un gran numero de personas deportadas (2.8 millones) a su lugar de origen, en su mayoría eran detenidas en la frontera con México, cosa contraria a la de Trump, en el que se han centrado operativos dentro de comunidades en la que popularmente se sabe que han hispanos, y personas de origen islámica.
Aunado a ello, Trump ha firmado dos decretos ejecutivos que las personas que viven bajo ningún estatus legal, sean automáticamente criminalizadas, aunque no tengan antecedentes penales. Lo cual ha provocado que, de enero a septiembre, más de 28 mil personas sean detenidas.
Human Rights Watch ha declarado en su informe que por lo menos al mes, se han registrado más de 13 mil casos.
Durante la presidencia de Obama, en el año 2012 se tuvo un máximo de entre 235 mil a 240 mil deportaciones. Mientras que, en tan solo 9 meses, Trump ha expulsado a 130 mil personas.
Y aunque el magnate estadounidense decretó la contratación de 10 mil nuevos agentes fronterizos, las detenciones en su frontera sur se han visto reducidas, mientras que dentro de las comunidades se han aumentado a más del 40%, es decir se ha triplicado si se compara con las cifras del 2016, según cifras de ICE.
De acuerdo con la organización HRW, los ciudadanos que son detenidos y repatriados, en su mayoría tienen nexos muchos más solidos con Estados Unidos, que con los de sus países de origen.
Es decir, la mayoría de ellos son jóvenes que fueron llevados desde muy niños a la Unión Americana, con el fin de conseguir una mejor calidad de vida. Muchos ellos son estudiantes y trabajadores que han pasado más años viviendo en dicho país que en su lugar país natal.
HRW ha condenado que tener antecedentes penales mínimos o un estatus de indocumentado puede ser suficiente para ser deportado, es decir, tener la matricula vencida del carro, o la licencia de conducir es suficiente para que los agentes te incriminen.
Lo cual han sentenciado como un acto xenófobo que violenta los derechos humanos de las personas.
Ante esto HRW ha solicitado al congreso de Estados Unidos la aprobación de la Ley DREAM limpia:
“que no conlleve concesiones perniciosas, como las que se describen en los “Principios y Políticas sobre Inmigración” emitidos por la Casa Blanca, que instan a debilitar las garantías para niños y niñas y solicitantes de asilo y a realizar incrementos sustanciales en cuanto a personal y capacidad de detención;
Negarse a aumentar el financiamiento para el sistema de detención y deportación, a menos que tales fondos se destinen a reformas sistémicas que mejoren las condiciones de detención y aseguren mayor transparencia y rendición de cuentas.”
Finalmente, la organización ha precisado que otra de las cuestiones que han hecho que reducción de las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, no es gracias al incremento de agentes aduanales, sino porque la frontera sur de nuestro país con la de Guatemala se ha convertido en una zona altamente resguardada y violenta en que a diario también se violentan a personas de origen Latinoamericano.