Rodrigo GutiérrezUn grupo de 10 cazadores regresaba de Zacatecas donde, como cada año, cazaban venado, jabalí y guajolote en las inmediaciones de un rancho.
Era el 6 de diciembre de 2010, viajaban por la carretera que comunica a los municipios zacatecanos de El Plateado de Joaquín Amaro y Tabasco, donde buscaban regresar a su natal Guanajuato.
Los cazadores se detuvieron en un mirador a comprar bebidas, cuando junto a ellos pasó una camioneta de color blanco, con un escudo de la policía, sin que pudieran identificar a qué corporación pertenecía.
La decena de hombres continuó su camino, habían avanzado alrededor de 200 metros mucho cuando la misma camioneta color blanco les impidió el paso.
Del vehículo bajaron dos elementos de la Policía Preventiva del municipio El Plateado de Joaquín Amaro, uniformados de color oscuro, quienes portaban armas de fuego.
Los oficiales, al percatarse que el grupo de cazadores venían armados, los interrogaron. Por lo que uno de ellos respondió que venían de cacería deportiva y que precisamente portaban armas de fuego con los permisos respectivos.
Los guanajuatenses traían el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portar una escuadra nueve milímetros, tres escopetas calibre 12 y un rifle 3006.
Aun así los llevaron a la cárcel municipal de El Plateado con el pretexto de revisar los permisos de cacería y de portación de armas.
Ahí los tuvieron toda la noche. Al día siguiente los trasladaron hasta la capital zacatecana a fin, nuevamente, de verificar su documentación.
Sin embargo, al llegar a una gasolinera ubicada en la Carretera Federal 54-D, denominada “Villanueva, Tabasco”, los oficiales se detuvieron, uno de ellos bajó y mantuvo una conversación con los tripulantes de una camioneta que se encontraban en el establecimiento.
Tras finalizar la charla, continuaron con el camino, pero se desviaron a una brecha, donde los policías municipales entregaron a los cazadores a un grupo armado que usaba pasamontañas.
La decena de sujetos fueron atados de manos y sometidos con violencia. Después los subieron a sus vehículos y trasladaron a un lugar en el que las introdujeron a un cuarto cubriéndoles los ojos y la boca; donde los golpearon en diversas partes del cuerpo.
El grupo armado dejó ir a uno de los cazadores puesto que era menor de edad, mientras que uno de ellos escapó cuando desataron sus manos y golpeó en la cabeza a uno de sus agresores, corrió hasta llegar a una cerca, que brincó y entre el rastrojo permaneció oculto.
Horas después llegó a otra gasolinera, donde esperó durante horas y, con el dinero que había escondido en sus zapatos, tomó un camión urbano que lo llevó a la central camionera de Zacatecas.
Como testigo de los hechos, el desertor aseguró que sus compañeros habrían sido ejecutados y posteriormente quemados, aunque sus palabras refieren a que escuchó los disparos y vio el fuego cuando ya se encontraba a más de medio kilómetro de distancia, mientras huía de sus captores.
Los sobrevivientes, quienes por cuestiones de seguridad no revelaron sus nombres, señalaron a José Cordero Anguiano, Juan Diego Cordero Valdivia, Ernesto Cordero Anguiano, Sergio Sánchez Pérez, Mario Alberto Reyes Mata, José Javier Martínez, Alan Josué Bocanegra López y Héctor González Cervantes, como los desaparecidos.
Luego de lo relatado, los familiares de los desaparecidos realizaron las denuncias correspondientes.
Incluso se efectuaron algunas diligencias para la localización del sitio donde habrían sido entregados al grupo armado y donde supuestamente se les asesinó, un terreno despejado, conocido como “Las Negritas”, algunas de ellas con la intervención del Ejército –a petición de los hermanos de Ernesto y Diego, algunos de los cuales también fueron militares–, pero sin que ninguno haya sido encontrado, ni sus restos.
Ante la denuncia de los familiares, autoridades de Zacatecas detuvieron a ocho policías municipales del Plateado, quienes habrían entregado a los cazadores al comando armado.
De los ochos, cinco fueron sentenciados y tres liberados.
Los cinco culpables son Julio César Ortiz Pérez, exdirector de Seguridad Pública Municipal, condenado a 22 años de prisión; José Ángel Ortiz Pérez y Mario Osvaldo Torres Beltrán condenados a 19 años de encierro; Agustín Ramírez Saldívar a 18 años y Juan Carlos Lozano Sandoval –a quien sólo se le juzgó por el robo de la camioneta del grupo de cazadores– con cuatro años y seis meses de encarcelamiento.
En tanto, en el caso de Arturo Almaraz Ávila, Felipe Valenzuela Ruiz y Juan Carlos García Guerrero, autoridades judiciales determinaron que no tuvieron responsabilidad cuando sus compañeros detuvieron y entregaron a las diez personas a miembros de un grupo armado.
Tiempo después, miembros del Cártel de los Zetas fueron abatidos en un enfrentamiento con fuerzas federales. Tras la balacera, se les aseguraron algunas de las pertenencias, dentro de las cuales aparecen algunas pertenecientes a los cazadores, incluso encuentran una cámara de video en la que quedó registrado parte del trayecto efectuado por el grupo.
A casi siete años de los hechos y ante la ausencia de los cuerpos con o sin vida de los cazadores, los zacatecanos son considerados victimas de desaparición, incluso desaparición forzada ante la participación de agentes el estado.
Desaparecidos, en medio de diferentes realidades
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el 30 de abril del 2017, se reportan en el país 31 mil 53 desaparecidos.
Casi la mitad de las desapariciones sucedieron en cinco estados: Tamaulipas (5 mil 657), Estado de México (3 mil 754), Jalisco (2 mil 744), Nuevo León (2 mil 501) y Sinaloa (2 mil 444).
Las mismas cifras detallan que el año pasado, 2016, fue en el que más casos de desaparición se han reportado, con 4 mil 670 casos.
Pese a estos datos, contradictoriamente en México no hay una cifra real del número de ciudadanos desaparecidos.
En el informe “El Registro estadístico de la Desaparición: ¿Delito o circunstancia?”, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) evidencia las deficiencias de las autoridades en materia de desapariciones.
El ONC detalla que el estatus de los registros de personas desaparecidas no son óptimos, calificando la respuesta del Estado como “lenta, improvisada y poco transparente”.
“Tras 10 años de altos índices delictivos y violaciones a derechos humanos (haciendo referencia a la llamada ‘Guerra contra el Narcotráfico’ iniciada en la administración de Felipe Calderón), aún no hemos logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables”.
Sobre el RNPED, el ONC asegura que no ha logrado dimensionar la incidencia de este delito en nuestro país, además, la instancia precisa que la información en materia presenta un alto grado de dispersión, falta de claridad y carente de una estructura que mejore las búsquedas e investigación de casos.
Asimismo, añade que en los gobiernos estatales se halló la falta de validación de las cédulas de identificación, pues encontraron varios casos en los cuales la información de la persona desaparecida no correspondía con la fotografía publicada.
“¿Cómo se puede avanzar en la búsqueda y localización de una persona si las instituciones gubernamentales no publican datos validados y verificados en los registros de difusión?”.
El ONC indica que, tras juntarse con asociaciones en materia de desapariciones y colectivos de familiares de desaparecidos, coinciden que en los registros estatales oficiales coexisten casos de personas que permanecen ausentes con aquellas que ya fueron localizadas con o sin vida.
“Esto permite suponer que las bases de datos en cuestión se encuentran desatendidas por las instancias correspondientes y, por ende, el cuestionamiento alrededor del interés y dedicación a las búsquedas e investigaciones de las desapariciones forzadas e involuntarias”.
En materia de desapariciones forzadas, donde agentes del estado están involucradas directamente, la instancia mencionó que “la impunidad es la regla”.
El ONC reclama a las autoridades su insistencia en sólo tener datos al respecto y no en ver a las víctimas como personas que tienen familia y amigos que los buscan.
“La meta no debería ser el de conseguir el número exacto de desapariciones […]. El punto focal del registro son los usuarios. En este caso, los usuarios más importante son aquellas personas que tienen a un ser querido desaparecido”.
El fracaso del gobierno mexicano en combatir las desapariciones en el país se ve reflejado, asegura el ONC, en las diversas asociaciones y colectivos que han tratado de combatir la problemática con sus propios medios y de esta forma, generar datos y protocolos que contribuyan en la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Las autoridades argumentan la falta de resultados en materia s la carencia de recursos, definiéndolos como insuficientes, sin embargo, el ONC refuta los argumentos señalando que desde el 2015 las instituciones de procuración de justicia cuentan con un software especializado para las bases de datos, así como una capacitación en materia.
Y añaden que la supuesta carencia de recursos es un argumento inválido, pues “la ciudadanía organizada, específicamente las asociaciones y colectivos de familiares, con menos recursos pero con más ganas y voluntad ha conseguido impulsar una agenda de mejora continua en el tema la cual no se observa en el sector público”.
