Rodrigo GutiérrezEra septiembre del 2015, cuando Claudia (se cambió el nombre para proteger su identidad) acudió acompañada de su familia al Hospital Integral de Pahuatlán del Valle, en Puebla, pues tenía ya los nueve meses de embarazo y sentía que su bebé ya estaba por nacer.
Al llegar a la clínica, la cual es dependiente de los Servicios de Salud del Estado poblano, alrededor de las 21:00 horas, personal médico le advirtió a la mujer de 21 años que debía ser conducida a otro hospital, ya que no contaban con ginecólogo, anestesiólogo, ni pediatra.
Claudia, de origen indígena además, sería trasladada al Hospital General de Huauchinango, también en Puebla, sin embargo, la ambulancia donde viajaría no tenía ni gasolina, ni había chofer.
Ante la urgencia de ser atendida, pues la mujer ya estaba prácticamente en labor de parto y había perdido mucho líquido a causa del rompimiento de la fuente, un empleado de la clínica pidió ayuda por teléfono a la comandancia de la policía de Pahuatlán para trasladar a la joven indígena, pero los uniformados respondieron que no había personal disponible.
Luego de horas de no ser atendida, la familia de la mujer embarazada decidió llevarla con sus propios recursos al Hospital General de Tulancingo, dependiente de la Secretaría de Salud de Hidalgo, a donde llegaron a las 2:00 horas del día siguiente por fin pudieron atenderla.
No obstante, la odisea de Claudia aún no terminaría.
Tras llegar a la clínica hidalguense, la joven poblana fue internada y se solicitó un ultrasonido del bebé, para ver en qué situación se encontraba, pero dicho estudio no se realizó hasta las 10:00 horas, es decir, ocho horas después de que se ordenó.
Los resultados del ultrasonido arrojaron que el menor llevaba horas con problemas cardiorrespiratorios, en otras palabras, se estaba asfixiando.
Pese a saber la situación en la que se encontraba el embarazo, la cesárea se realizó hasta después de mediodía, dos horas y media después. Claudia dio a luz a una niña a las 13:25 horas, 90 minutos después, a las 14:55 la bebé falleció.
Las complicaciones causadas por la falta de vigilancia dieron como resultado la muerte del recién nacido.
Tras el parto, los médicos del hospital de Tulancingo le preguntaron Claudia cuál sería el método de planificación familiar que elegiría como anticonceptivo, en primera instancia la mujer escogió el preservativo, sin embargo, ante la insistencia del personal médico, aceptó que le insertaran el Dispositivo Intrauterino (DIU), aún sin el debido conocimiento del método contraceptivo mencionado.
Los doctores hicieron que firmara el consentimiento por la instalación del anticonceptivo, pero la falta de entendimiento del español de la mujer de origen náhuatl podría sugerir que firmó sin saber realmente lo que procedía.
Luego de colocarle el DIU, este se salió al realizarle una limpieza, por lo que Claudia se negó a que se lo pusieran de nuevo, pero el personal médico insistió para que aceptara de nuevo el método, incluso amenazándole con que no la dejarían salir del hospital hasta que se lo colocaran.
Lo vivido por Claudia se conoce como violencia obstétrica, la cual consiste en la violación a los derechos humanos y reproductivos en las mujeres durante el tiempo de embarazo, así como durante y después del parto, en los servicios de salud.
La violencia obstétrica abarca casos de desigualdad, discriminación, desinformación, así como en la falta de integridad, salud y autonomía reproductiva.
En México no hay cifras oficiales de dicha violación a los derechos humanos, sin embargo, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio enfrenta maltratos u omisiones del personal médico, enfermería o camilleros.
Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos” registró, en 18 meses, 550 quejas relacionadas con la violencia obstétrica ante diversas instituciones.
De las cifras registradas por el GIRE, 33 son del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 266 de las Secretarias de Salud estatales, 118 de las Comisiones de Arbitraje Médico locales, una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 132 de las Comisiones de Derechos Humanos estatales.
Cabe mencionar que Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), el organismo de salud más importante del país, dijo no tener competencia para informar sobre los casos registrados. Mientras que la Secretaría de Salud (SSa) remitió a consultar los datos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la cual aseguró no tener ninguna queja.
Esto significaría que habría más casos que los recopilados por la organización no gubernamental.
En cuanto a la esterilización obligada, sufrida por Claudia al forzarla a colocarle el DIU, en 17 de las 32 entidades federativas del país dicha práctica no es un delito pese a que implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.
Las entidades del país en las que no existe legislación para perseguir la esterilización obligada son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, lo que representa más de la mitad del territorio mexicano.
Sobre esta práctica violatoria de los derechos humanos, el GIRE identificó que en las cárceles de los estados de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro, las mujeres son forzadas a someterse a procesos de esterilización a cambio de recibir visitas conyugales.
En tanto, la CNDH señaló que el personal médico de las clínicas rurales obliga a las mujeres indígenas a someterse a procesos de esterilización con la amenaza de no otorgar apoyo de programas gubernamentales a quien se negara.
Aun así, los números recabados son escasos, la misma CNDH documentó únicamente cinco casos en los que se implantó un DIU a mujeres indígenas sin su permiso.
El martirio por el que pasó Claudia llegó hasta la CNDH, la cual publicó una recomendación donde exhorta a los gobernadores de Puebla e Hidalgo, Rafael Moreno Valle y Omar Fayad Meneses, a abastecer de recursos y preparación tanto a los hospitales que tengan carencias como a su personal, y a reparar el daño ocasionado por la negligencia y esterilización obligada, derivado de una violencia obstétrica.
Mientras casos como el de Claudia suceden en todo el país, sobre todo en mujeres de origen indígena, con la omisión de las autoridades e incluso sin su prohibición, la SSa recibió este año 7.8% menos de presupuesto en comparación del 2016 y reportó en enero pasado recortes en su presupuesto equivalentes al 44.2%.
