Pese al insistente discurso oficial de que en México no hay desapariciones forzadas, datos oficiales indican lo contrario, no solo eso, también señalan que los casos han ido al alza durante los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”
“Eso no existe en México”, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a la histórica decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) que activó por primera vez el procedimiento para analizar el fenómeno en el país y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General de la ONU.
La decisión del comité se dio, según su presidente Olivier Frouville, luego de recibir información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en México.
El enojo del oficialismo por la decisión, y dichos, del presidente de la CED de la ONU se vio reflejado a voz del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien vociferó “¿cómo se atreve a emitir semejante aseveración?” exigiendo una sanción contra Frouville.
Y agregó: “El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”.
Pero ¿por qué la exaltación de la 4T? Si es ampliamente conocido que en México hay más de 127 mil personas desaparecidas. La cosa va en torno al término “desaparición forzada”, que no es lo mismo que una desaparición a secas –conocida como “cometida por particulares”–.
La desaparición forzada –según la propia CED de la ONU– hace referencia al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad realizado por agentes del Estado o por personas que actúan bajo autorización, apoyo o aquiescencia del mismo.
Cuando se habla de “agentes del Estado” se refiere desde policías, militares o marinos, hasta funcionarios de corbata y oficina.
Entonces, la acusación de Frouville es grave pues señala al Estado mexicano –encabezado por Sheinbaum– de realizar desapariciones forzadas. Pero no se refiere únicamente al Gobierno Federal, sino también a otros poderes y a los tres niveles de gobierno.
Aunque la 4T lo niegue, datos oficiales no solo señalan que efectivamente hay casos de desaparición forzada durante sus –hasta ahora– dos gobiernos, sino que han ido al alza.
522 casos de desaparición forzada en la 4T
Desde el 1 de diciembre de 2018 –cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia de México– a la fecha, hay 522 personas cuya ausencia fue ocasionada por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Sumado a esto hay –en el mismo lapso– 247 personas víctimas de desaparición forzada que fueron encontradas con vida, más 39 que fueron halladas muertas.
Además, los casos anuales de desaparición forzada incrementaron más del doble entre 2018 y 2024, al pasar de 51 a 107, según datos del CNB.
Siendo, hasta el momento, el año 2022 con el mayor número de casos registrados de desaparición forzada con 108.
Por si fuera poco, en 29 de los 32 estados del país se ha registrado al menos un caso de desaparición forzada, de acuerdo con datos oficiales.
Las entidades con más desapariciones forzadas son: Sinaloa, con 97; Tamaulipas, con 70; y Sonora con 66. El 44% de los casos han ocurrido en estos tres estados.
Más de mil millones de pesos en recortes y subejercicios
Desde su creación en 2019 y hasta el 2023, la CNB contó con un presupuesto aprobado de más de 3.6 mil millones de pesos, según datos de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, en ese mismo lapso la CNB sufrió recortes y subejercicios que superan los más de mil millones de pesos.
Tan solo en recortes, entre el presupuesto aprobado y el modificado, la CNB perdió mil 68.6 millones de pesos.
En sus primeros cinco años de funcionamiento, la comisión perdió anualmente entre el 20% y hasta casi el 40% de su presupuesto aprobado.
Por si fuera poco, en ese mismo lapso la CNB registró un subejercicio de poco más de 19 millones de pesos, es decir, dinero que se le destinó a la dependencia, que no usó y regresó a las arcas públicas.
