Heiji MorimotoFueron poco más de 30 días lo que duró el cierre parcial más largo que ha vivido el Gobierno de Estados Unidos en toda su historia. El presidente Donald Trump se dijo inconforme por el arreglo acordado en el Congreso con respecto al presupuesto de 2019, debido a que no cumple su exigencia de los más de 5 mil millones de dólares que solicitó para el muro fronterizo con México, mismo que llegó con una nueva amenaza.
La apertura de la semana pasado del Gobierno que mantuvo a más de 800 mil trabajadores sin sueldo, llegó con una declaratoria de emergencia nacional que busca obtener más fondos para el muro de la frontera sur.
Esta medida fue advertida horas antes de ser anunciada por el mismo líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien declaró que la apertura del gobierno sería inminente, pero vendría acompañada por la Ley de Emergencias Nacionales de 1976.
En la historia reciente de Estados Unidos, esta ley ha sido recurrida en muchas ocasiones por los jefes de Estado, incluso es la misma que George W. Bush utilizó para ampliar su injerencia en el Ejército.
Dicha Ley le permitirá a Trump utilizar 3 mil 600 millones del presupuesto del Ejército para proyectos de construcción militar, 2 mil 500 millones de los fondos de la lucha antidrogas del Departamento de Defensa y 600 millones de dólares del decomiso del bienes del Departamento del Tesoro, es decir, 6 mil 700 millones de dólares, más los mil 400 millones asignados en el presupuesto de este año.
El presidente Trump empeña en seguir buscando fondos para evitar la futura invasión de los “peligrosos migrantes” que viajan en caravanas por territorio mexicano, a tal grado que buscará evitar que el Congreso interfiera con sus planes.
De acuerdo con las normas estadounidenses, el Congreso tiene la facultad de terminar con al emergencia nacional de Estados Unidos, sin embargo, el pasado domingo el asesor de la Casa blanca, Stephen Miller, aseguró que el mandatario buscará proteger su declaración de las acciones que puedan usar el poder legislativo, es decir, vetarlo.
Una guerra contra las caravanas
El presidente Donald Trump recibirá poco más de 24% del total de los más de 5 mil millones de dólares que pidió del presupuesto para el muro, aunque si termina recibiendo 6 mil millones derivados de la emergencia nacional, dispondría de poco más de 8 mil millones.
Sin embargo, de no funcionar este plan, las advertencias, pifias y caprichos que ha manifestado el presidente Donald Trump en los últimos meses, han hecho de las caravanas migrantes, como los principales villanos de la historia en donde la víctima y héroe es el mandatario.
La declaratoria de emergencia, la asignación del presupuesto y la apertura obligada del gobierno no han servido más que para beneficiar al presidente debido a que ha demostrado que “ha hecho lo necesario” para cumplir con su promesa. Recayendo toda la responsabilidad en el poder ejecutivo lo que le da la posibilidad con sus bases de ampliar este mensaje más tiempo con miras al 2020.
Esto se puede ver reflejado en la web y en las redes sociales, lugares en los que la propaganda del Trump esta siendo difundida y reforzada por sus bases.
Como lo mencione en el artículo “La incontinencia verbal de Donald Trump”, al presidente estadounidense poco le interesa que sus datos y aseveraciones sean desmentidas. El mensaje de miedo que pone a los migrantes como la mayor amenaza actual de seguridad de Estados Unidos, ha sido secundada por parte de la sociedad.
Mensajes sin comprobar
El mensaje entorno a las caravanas migrantes son el discurso central de Trump desde octubre del año pasado, y a pesar de que ha quedado demostrado que mucha información salida desde la Casa Blanca es falsa, los ataques continúan.
Sumada a la información inventada que aseguraba que los migrantes de las caravanas habían golpeado brutalmente a policías mexicanos en octubre de 2018, otros hechos y datos como que las barreras físicas puestas recientemente en la frontera han podido reducir el 90% de la migración ilegal, o que más de 17 mil criminales extranjeros fueron detenidos en 2018, son algunos de los ejemplos que se han desmentido o que no se han podido comprobar.
Algunos medios como News Punch, de línea conservadora, ha publicado datos falsos como que durante el año pasado 10 mil 800 niños habían sido violados por migrantes. Cuando el único dato que se tiene comprobado que relaciona a menores de edad con el tema de la migración, es que, un informe del inspector general de salud documentó que desde hace un año el Gobierno separó a 2 mil 737 niños migrantes de sus familias.
También en los últimos días, simpatizantes de Donald Trump publicaron imágenes de unas presuntas caravanas migrantes conformadas por puros hombres centroamericanos que se acercan peligrosamente a la frontera:
“Hay 3 caravanas más en dirección norte hacia nuestra frontera sur de los Estados Unidos. Llame, envíe un correo electrónico y visite a todos los representantes de su estado. Dígales que exigimos un muro fronterizo o queremos sus renuncias.”
Esta información se viralizó, sin embargo, la fotografía que fue utilizada no es reciente y fue tomada en marzo de 2016 en un campamento de refugiados en Grecia, es decir, no tiene nada que ver con las caravanas centroamericanas.
Política ficción contra crisis humanitaria y otras consecuencias
Desde octubre del año pasado que las grandes caravanas comenzaron a salir desde Honduras con el fin de atravesar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, hasta febrero de 2019 se tiene estimado el arribo de poco más de 10 mil centroamericanos.
Incluso a inicio de 2019 se supo de otras caravanas que salieron desde Centroamérica con el mismo propósito, una situación que usó el presidente Trump durante su mensaje de hace una semana en el Congreso, para advertir sobre sus intenciones y su peligrosidad.
Pero contrario a todos los mensajes del presidente de Estados Unidos, la realidad de los migrantes que se encuentran en México es completamente distinta a la descrita desde la Casa blanca.
Un informe presentado el pasado 04 de febrero por la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) detalla que en los últimos años más de 311 mil personas originarias de los países del norte de Centroamérica han tenido que huir de su lugar de origen por situaciones de violencia.
El reporte también indica que algunos de los migrantes que han cruzado la frontera sur de México durante los últimos meses, ya no buscan llegar hasta Estados Unidos, sino quedarse en tierra mexicanas.
Según datos de la ACNUR, sólo en 2018 el Gobierno de México recibió más de 29 mil 600 solicitudes de asilo, de las cuales poco más de 10 mil han sido solicitadas en los últimos meses de 2018.
De acuerdo con un monitoreo hecho por la Agencia de la ONU durante el 21 y 25 de enero al Puente Internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas, sólo el 35% de los migrantes que cruzaron la frontera eran parte de las caravanas que partieron a inicio del año: el resto se fue incorporando en el camino.
El mismo reporte detalla otros datos como que el 63% de los migrantes huyó de su país porque fueron víctimas de la violencia, pero solo el 7% ha solicitado asilo a México y los demás no lo han hecho porque no conocen sus derechos.
Asimismo, el 75% de los migrantes que llegaron a la frontera sur de México, son de origen hondureño, el 13% guatemalteco, 9% salvadoreños y el 3% nicaragüenses.
La ACNUR también reveló que la caravana se encuentra conformada en su 35% por mujeres y un 31% por niños. Además de que el 46% ha adoptado la idea de establecerse en la república mexicana y sólo el 30% siguen con la convicción de llegar a Estados Unidos.
Además de todos estos datos, medios y agencias estadounidenses han revelado otros elementos que han surgido como consecuencia del cierre parcial de gobierno, pero que no necesariamente han afectado a los migrantes.
Datos de la agencia crediticia S&P Global Rating han indicado el 25% de los funcionarios federales se quedaron sin empleo y sin salario por culpa del cierre parcial del gobierno.
Aproximadamente 380 mil funcionarios se encontraron en una situación de desempleo forzoso y 420 mil trabajadores que se consideran como “esencial” para el funcionamiento del Estado, y laboraron sin ninguna garantía de pago.
Según la agencia crediticia, el consumo de restaurantes y de taxis en la ciudad de Washington se redujo un 20% y se estima que cada semana del cierre tuvo un costo económico para la economía nacional de mil 200 millones de dólares.
