Rodrigo GutiérrezUna llamada alertó a la operadora en turno del Centro de Emergencia Inmediata (CERI) de Culiacán, Sinaloa, a las 3:25 horas de la madrugada el pasado 30 de septiembre de 2016.
Del otro lado de la línea una persona alterada informaba sobre una balacera en el fraccionamiento Espacios Barcelona, en el poblado de Bacacoragua del municipio sinaloense de Badiraguato.
En 10 minutos, elementos de la Policía Ministerial del Estado llegaron al lugar de los hechos para ser testigos de un desagradable escenario: 15 militares regados en el zona, cinco de ellos sin vida y los 10 restantes pidiendo auxilio, mientras eran alumbrados por dos vehículos incendiados; una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y un camioneta militar tipo pick up con impactos de bala.
Momentos antes, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se habrían enfrentado con un grupo de criminales, quienes al verse superado por la fuerzas del orden huyeron del lugar abandonando a uno de los suyos herido.
Efectivos castrenses auxiliaron al delincuente lesionado, quien fue identificado como Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”.
Los servicios médicos militares no pudieron proporcionar el apoyo necesario; así que llamaron a la Cruz Roja para llevar al herido en una ambulancia a algún hospital de Culiacán.
Cuando la ambulancia, escoltada por los soldados, se dirigía al hospital, un comando armado de entre 50 y 70 personas los emboscó.
Los agresores, que iban en al menos ocho camionetas, dispararon contra los militares armas calibre .50, capaces de perforar blindajes y derribar un helicóptero, granadas de fragmentación y fusiles AR-15, así como AK-47.
Tras el ataque, autoridades militares aseguraron que éste fue ordenado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera –Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presuntos cabecillas del cártel de Sinaloa– a través de Francisco Javier Zazueta Rosales, alias «El Pancho Chimal», con el fin de rescatar a “El Kevin”, integrante de una célula del grupo delictivo.
Sin embargo, al día siguiente de los hechos, José Refugio Rodríguez, abogado de la familia Guzmán Loera, aseguró que recibió un mensaje de los hijos de “El Chapo”, quienes dicen no tener nada que ver con el ataque, argumentando que “si no hicieron nada cuando detuvieron a su papá, menos lo iban a hacer ahora”.
El ataque hacía los efectivos militares llegó hasta el presidente Enrique Peña Nieto, quien escribió en twitter al respecto: “El ataque a elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa no quedará impune. Los responsables de estos hechos responderán ante la Ley”.
Meses después, tanto “El Pancho Chimal” como “El Kevin” fueron asesinados, el primero en un enfrentamiento con fuerzas federales el pasado 15 de abril y el segundo el 7 de marzo en condiciones desconocidas por heridas de bala y abandonado en Sinaloa envuelto en cobijas.
Más de 500 militares asesinados por “la guerra contra el narco”
La emboscada y acribillamientos de aquel 30 de septiembre de 2012 ha sido uno de los peores ataques contra militares desde que el, en ese entonces, presidente Felipe Calderón inicio la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006.
Los soldados han sido la primera línea de batalla en esta guerra que ha dejado más de 150 mil muertos.
De enero del 2007 hasta julio del 2016, los elementos del ejército mexicano tuvieron 3 mil 842 enfrentamientos armados con elementos de cárteles narcotraficantes y grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con la Sedena.
Mientras que del primero de diciembre de 2006 al primero de agosto de 2017, en los casi 11 años de esta guerra, 522 efectivos militares en activo han sido asesinados, de acuerdo con el documento “Relación de Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
En la administración de Calderón, fueron asesinados 357 militares, mientras que en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto han muerto 165 soldados.
El año más letal para los uniformados fue el 2010, donde hubo 89 fallecidos.
En los primeros siete meses del 2017, 30 militares han muerto, sin embargo, esta cifra ya supera a los 24 elementos castrenses asesinados todo el 2016.
El estado más peligroso para los militares es Tamaulipas, donde han muerto 125 soldados, seguido de Sinaloa con 65 uniformados caídos, Michoacán con 58 y Guerrero con 49.
La mayor causa de muerte dentro de los soldados es la agresión con arma de fuego, registrando 258 casos, seguido del accidente automovilístico con 120 fallecimientos.
Soldados, cansados de una guerra que no les corresponde
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, el hecho de que militares realizaran actividades que le corresponde a las fuerzas policíacas siempre ha sido criticado, incluso por los mismos militares.
Al cumplirse 10 años de dicho combate, en diciembre del año pasado Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, señaló los militares mexicanos quieren volver a sus cuarteles, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”.
Cienfuegos dijo ser el primero en levantar no una sino las dos manos para que únicamente hagan sus tareas constitucionales, pues de acuerdo a la carta magna mexicana, la seguridad pública le corresponde a la policía.
Señaló que los militares no se sienten a gusto combatiendo al crimen organizado, pues su función real se está “desnaturalizando”.
Sin embargo, no es la primera vez que el funcionario recrimina la participación del ejército en el combate a las drogas.
En octubre del año pasado señaló que las tareas de seguridad y el combate al crimen organizado han desgastado al ejército.
Incluso Cienfuegos ha urgido a los legisladores aprobar la Ley de Seguridad Interior, la cual ha causado polémica, porque mientras unos dicen que es un primer paso para que los militares regresen a los cuarteles, otros aseguran legaliza la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
No sólo el titular de la Sedena, los mismos militares lo han señalado. En mayo pasado, a través de una carta soldados de tropa destacamentados en Tamaulipas expresaron su sentir.
En ella, piden regresar a los cuarteles porque “estamos hartos de capturar criminales que luego salen libres”.
“Estamos cansados de ver como emboscan a nuestros compañeros de forma cobarde y que ninguna autoridad, Organización No Gubernamental y de Derechos Humanos ‘hagan algo’”, recriminan.
Constantemente, detallan en el escrito, pierden compañeros en esta guerra, “y aunque eso no debe ser motivo de venganza, siempre nos dejará a nosotros ese dolor, ese dolor de ver hermanos caer y que nadie haga algo; porque somos nosotros los que salimos a partirnos la madre con los sicarios”.
Los soldados de infantería sostienen que han perdido compañeros que fueron “levantados” en su día libre y los han torturado hasta asesinarlo.
“Han matado a las familias de nuestros compañeros como represalia ¿Creen que eso no nos duele?”, preguntan.
“Somos nosotros los que luchamos, no tú defensor de derechos humanos, no tú miembro de alguna ONG que nos acusa de lo peor, no tú que te quejas de nuestro trabajo en la comodidad del hogar”.
Lo cierto es que la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) han sido constantes protagonistas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional y demás organismos en materia, por casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Suicidio y depresión: el destino del militar
La guerra contra el narcotráfico cambio la vida de los militares. Ésta los obligó a salir de los cuarteles para tratar de contener la ola de violencia que se vive en las calles de todo México.
Los estragos para el soldado van más allá de los daños físicos provocados por cada enfrentamiento y muerte vista o provocada, también afrontan problemas de depresión y ansiedad.
De enero del 2007 hasta julio del 2016, la Sedena registró a 305 militares que fueron diagnosticados con depresión y ansiedad, mientras que ocho uniformados se suicidaron.
Cabe mencionar que estas cifras incluyen únicamente a aquellos que fueron tratados y diagnosticados por los psiquiatras de la Sedena mientras eran parte de las fuerzas armadas del gobierno mexicano.
A lo anterior habría que agregarle los uniformados que fueron diagnosticados por psicólogos y psiquiatras externos, así como los que una vez retirados comenzaron a padecer esta enfermedad.
De igual forma, la cifra de suicidios sólo cuenta a los soldados que se encontraban en los cuarteles o en horas de servicio, no incluye a los que se suicidan después de desertar o retirarse.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben existir por lo menos nueve psiquiatras por cada 100 mil personas.
Sin embargo, en el Ejército mexicano existen 33 psiquiatras para atender a 800 mil elementos, es decir, un médico especialista en enfermedades mentales por cada 24 mil 242 soldados.
