Tortura en México: una práctica generalizada e impune

“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno de Mónica.

Mónica viajaba en su camioneta junto a su esposo y hermano por la intersección de Boulevard Libertad y Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando elementos de la Policía Municipal los detuvo.

Los agentes, sin decir palabra alguna y en carencia de una orden de aprehensión, detuvieron a los tres tripulantes quienes, en lugar de ser consignados ante el Ministerio Público (MP), fueron llevados a un galpón ubicado detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.

Durante el arresto, les robaron veinte mil pesos, ropa, alhajas y el vehículo en el que se transportaban, el cual condujo personal del Ejército Mexicano.

Al llegar a dicho lugar, Mónica se quedó afuera dentro de una patrulla, mientras su esposo y hermano eran introducidos al galpón.

Sin embargo, un oficial más llegó y, cuando vio a la mujer de 26 años dentro del vehículo, enfureció contra una de las policías que habían llevado a las tres personas al lugar.

“¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”, le dijo el oficial a la uniformada, por lo que inmediatamente metió a Mónica al galpón, mientras amenazaba con hacerla “pedacitos” si se oponía.  

“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno de Mónica.

Los uniformados la amarraron y vendaron, para después empezar a sumergir su cabeza en repetidas ocasiones al interior de una cubeta con agua.

Luego, la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo jalándola del cabello. También le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y las piernas.

Mientras la tortura era realizada, los gendarmes no dejaban de hacerle preguntas que Mónica no podía contestar.

El infierno comenzó para Mónica. Foto: Reproducción

Durante los escasos instantes en que los oficiales cesaban los castigos, Mónica veía cómo golpeaban a su esposo con látigos con espuelas de metal y le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo.

Cuando parecía que el infierno había terminado, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón comenzó a besarla bruscamente, a morderla en la cara y el cuello, luego la violó delante de su esposo y su hermano.

Uno tras otro, seis policías violaron a Mónica. Por si fuera poco, los oficiales se masturbaron en su cara, la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el semen.

Todo esto mientras elementos del Ejército miraban la escena.

Tras el viacrucis de tortura encabezada por la Policía Municipal de Torreón y la supervisión de efectivos militares, los detenidos fueron llevados a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital coahuilense.

Sin embargo, en el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura.

Todo esto mientras elementos del Ejército miraban la escena. Foto: Reproducción.

Al llegar a la PGR, Mónica y su hermano estuvieron más de 12 horas bajo custodia policías, después los llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.

Ya en la capital del país, los obligaron a firmar una “confesión” en la que decía que formaba parte de los Zetas y si se negaba a hacerlo, le iba a mandar fotografías de sus hijos y de su madre “muertos y descuartizados”.

Ante el miedo de que las amenazas se hicieran realidad y que las torturas volvieran, Mónica y su hermano firmaron la confesión.

Al día siguiente, ambos fueron presentados ante los medios como integrantes de una banda de secuestradores y señalaron que el esposo de Mónica había muerto luego de un enfrentamiento tras el operativo que buscaba su detención.

Además, se dio a conocer un decomiso de armamento de alto poder y equipo táctico, además de redes de comunicación.

Mónica y su hermano están en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada.

En tanto dos de los cuatro hijos de Mónica están al cuidado de un albergue, ya que, ante su encarcelamiento y el asesinato del esposo, su familia no puede asumir el costo de su manutención.

Tortura: una práctica generalizada

Diferentes organismo nacionales e internacionales han mostrado su preocupación por la constante práctica de la tortura en detenido por parte de agentes del orden, desde policías municipales hasta efectivos de la Marina.

Juan Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ha reiterado desde 2014 hasta la fecha que la tortura en México es una práctica generalizada.

En los informes que Méndez ha realizado desde hace tres años, señala que “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica” son constantes por parte de las fuerzas federales hacia los detenidos.

Además, señaló que estás prácticas son impunes ya que el 99.6% de los casos no se castiga, luego de que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura emitiera sólo 19 órdenes de aprehensión de las 4 mil 715 expedientes de averiguación previa abiertos al respecto.

Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura, relatando su experiencia en México, en el Museo Memoria y Tolerancia.
Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Secundando a la ONU, Amnistía Internacional también define la práctica como generalizada, la cual está fuera de control, argumentando que en México a las personas se les tortura de manera habitual en un intento de obligarlas a firmar “confesiones” falsas.

Sobre ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de insuficiente la respuesta del gobierno mexicano ante las violaciones de los derechos humanos.

Subrayó además que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.

La CIDH también coincidió con la ONU y Amnistía Internacional en que la tortura es generalizada, además de que es una práctica común.

Las Fuerzas Armadas, los verdugos en los casos de tortura

El caso de Mónica fue evidenciada por Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicha institución ha realizado 163 recomendaciones, desde su creación en 1990, dirigidas al Ejército y la Marina por violaciones a los derechos humanos de la población civil, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos indignos, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria.

Del total de las recomendaciones, el Ejército recibió 123, mientras que la Marina 40.

Desde el comienzo de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, de 2007 a 2016, la CNDH publicó 151 recomendaciones dirigidas a las Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), lo que representa el 92% del total de los oficios realizados por el organismo hacía las fuerzas federales en dicho lapso.

Las Fuerzas Armadas, los verdugos en los casos de tortura. Foto: Reproducción.

A la par que avanzaba la lucha contra el crimen organizado, la inmersión de las fuerzas castrenses en las actividades policiales, así como el incremento de los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de estos, impactaron a la sociedad mexicana.

De acuerdo con Amnistía Internacional, el 64% de los mexicanos temen sufrir algún tipo de tortura si son detenidos.

El miedo es razonable, cuando la misma Amnistía Internacional reportó el incremento de 600% en los casos de tortura en los últimos 10 años.

Ley de Seguridad Interior: ¿La solución o agravar el problema?

Diferentes instituciones nacionales como internacionales se han referido a lo preocupante que es la inmersión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por lo que han exigido el regreso de la misma a los cuarteles.

Ante tal presión, el Gobierno Federal ha propuesto la Ley de Seguridad Interior, la cual, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es un primer paso hacia el regreso del Ejército y la Marina a los cuarteles.

Sin embargo, las mismas organizaciones no gubernamentales han mostrado su rechazo a la ley realizada por la actual administración, ya que aseguran únicamente legaliza la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.

«¿Cuál es la experiencia empírica después de 10 años (de la guerra contra el narcotráfico)? Hoy podemos afirmar que la decisión entonces tomada ha estado lejos de alcanzar el objetivo que se planteó de mejorar la seguridad de la población”, señaló el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarad.

Para Jarad, las estadísticas son contundentes, pues los índices de violencia actuales son mucho más elevados que los contabilizados antes de 2006, cuando inicio dicha guerra.

Ley de Seguridad Interior: ¿La solución o agravar el problema?
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Por su parte, México Evalúa, un grupo de representantes de organizaciones en seguridad y derechos humanos y académicos, expusieron sus inquietudes sobre la Ley de Seguridad Interior.

El primero es el “uso legítimo de la fuerza” incluido en las propuestas, ya que permitiría a las fuerzas armadas ejercerla para “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.

Esta última sería, en palabras del secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Francisco Torres Landa, un “cheque al portador”.

Otro de los señalamientos de la ONG es que dicha ley contradice la Constitución, la cual define que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” y no militar como actualmente se hace y se prevé legislar.

Sobre lo anterior, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, enfatizó que este proyecto legislativo no es compatible con tratados internacionales.

Si bien la ley propone regresar al Ejército a los cuarteles, la misma no fortalece a la policía, según las preocupaciones de México Evalúa.

Como parte de la ONG señalada, Jesús Robles Maloof, de Enjambre Digital, alertó sobre una posible intervención de comunicaciones, y agregó que esto representa un peligro para la libertad del internet, así como para la privacidad de las telecomunicaciones.

Finalmente, el análisis realizado por México Evalúa concluye que la Ley de Seguridad Interior se encamina a la misma estrategia emprendida hace ya más de 10 años, con el protagonismo de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.

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