Rodrigo GutiérrezDesde jueces, hasta magistrados y ministros, larga es la lista de los miembros del Poder Judicial que cargan una serie de irregularidades en su contra; hoy parece existir un combate a este comportamiento, liderado, sin embargo, por un personaje cuestionado.
Durante años el Poder Judicial de la Federación ha sido el epicentro de la impunidad; un ente que en la teoría debería de impartir justicia, pero en la práctica sus integrantes se sirvieron de esta.
En los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado un combate contra estas prácticas, una lucha que ha encabezado su recién nombrado presidente Arturo Zaldívar, persona que, por cierto, ha sido cuestionado.
Los impresentables del Poder Judicial
Miembros del Poder Judicial han sido suspendidos, inhabilitados y hasta detenidos por señalamientos criminales en su contra.
El caso más reciente es el de un magistrado federal, quien fue suspendido por seis meses por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el pasado 29 de enero debido a una larga lista de irregularidades..
Sin dar el nombre del implicado, lo acusan de nepotismo, acoso sexual y laboral, amenaza de muerte, así como de obligar a colaboradores a cobrar cheques millonarios y depositarlos en cuentas de Estados Unidos, incluso utilizaba a personal del Poder Judicial como choferes, meseros y hasta para la limpieza.
#Comunicado El CJF suspende a Magistrado federal para investigarlo por presuntas causas de responsabilidad grave:
— CJF (@CJF_Mx) January 29, 2020
– Nepotismo
– Acoso sexual y laboral
– Abuso de sus funciones
El compromiso es uno: cero tolerancia a la corrupción y a conductas abusivas y deshonestas en el #PJF pic.twitter.com/nygeYCc5ph
Veinte días antes, el mismo CJF informó sobre el caso de Fernando Reyes Saldaña, también magistrado federal, acusado de acosar sexualmente al menos a 10 mujeres, así como de nepotismo, por contratar a la esposa de un juez, en acuerdo y beneficio personal del colega en cuestión.
Como magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito de Querétaro, Reyes Saldaña buscó amistades dentro del Poder Judicial en dicha entidad para salir bien librado de los señalamientos en su contra.
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Sin embargo, fue suspendido en octubre de 2017 y, tras poco más de dos años de investigaciones, inhabilitado como magistrado federal.
#Comunicado El CJF reafirma su compromiso de cero tolerancia frente a la violencia de género y el nepotismo:
— CJF (@CJF_Mx) January 8, 2020
Se destituye e inhabilita por 10 años a Magistrado Federal derivado de acoso sexual a 10 mujeres y contratación en beneficio personal.
Acciones, no discursos ?? pic.twitter.com/D0cuRb5DtU
También por acoso sexual y laboral, el juez Carlos Ríos Díaz fue destituido e inhabilitado por 10 años en agosto del año pasado.
Como juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en Zapopan, Jalisco, el caso de Ríos Díaz tardó cinco años en concluirse, pues desde 2014 comenzaron las indagatorias en su contra.
#Comunicado El pleno del #CJF destituye a Juez federal en Zapopan por hostigamiento sexual y laboral. El comportamiento de los juzgadores es fundamental en su desempeño como servidores públicos. No será tolerada ninguna forma de violencia o afectación a derechos laborales. pic.twitter.com/UIzIlfFwrQ
— CJF (@CJF_Mx) August 7, 2019
El Canal Judicial ha sido centro de varias acusaciones en contra de sus directores.
Alberto Villa Dávalos, director de área del Canal Judicial, fue acusado de acoso laboral y sexual en 2016, además, hallaron drogas y bebidas alcohólicas en su oficina. Fue inhabilitado.
Por las mismas acusaciones, Enrique Rodríguez Martínez, quien fuera titular del Canal Judicial, fue investigado, sin embargo, exonerado por la primera sala de la SCJN en 2018.
Acoso sexual y laboral, así como nepotismo, las acusaciones «favoritas» de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Foto: SCJN
Acoso sexual, laboral y nepotismo, son los señalamientos más regulares en el Poder Judicial, también destacan las fortunas irregulares y las decisiones judiciales cuestionables.
Está, por ejemplo, el caso del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, quien fue destituido en 2012 por movimientos irregulares en las cuentas bancarias de él y su familia.
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Durante ocho años, de 2004 a 2012, en las cuentas bancarias de Luna Altamirano, de sus tres hijas, de su entonces esposa, su hermano, su media hermana y hasta su padre se movieron de forma inconsistente 4.6 millones de pesos.
El magistrado Luna Altamirano y las cuentas bancarias de su familia. Foto: Especial.
Aunque el magistrado se amparó e intentó justificar la riqueza inexplicable, el CJF reiteró su destitución.
Los montos millonarios irregulares de Luna Altamirano se suman a decisiones judiciales cuestionables, como la exoneración del expresidente Luis Echeverría y su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco; la de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo»; y la de Sandra Ávila Beltrán, «La Reina del Pacífico».
El juez federal Anuar González Hemadi fue destituido en febrero del 2019 acusado de corrupción luego que concediera un amparo a uno de “Los Porkys”, uno de los cuatro jóvenes provenientes de familias adineradas acusados de violar a una menor de edad en Veracruz.
#Comunicado El @CJF_Mx destituye a Juez Federal por corrupción. Las decisiones jurisdiccionales deben generar un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos. Cero tolerancia de este colegiado y su Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/vVmDwJruzS
— CJF (@CJF_Mx) February 20, 2019
González Hermadi concedió el amparo sosteniendo que Diego Cruz no había abusado de la menor, pese a que este reconoció que sí la manoseó, que estuvo presente desde el inicio hasta el final del abuso sexual tumultuario.
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El juzgador consideró que no existió una intención «lasciva», que Cruz no tuvo la intención de «copular», porque el joven no «expresó palabra alguna» sobre ello, por tanto, no hubo un acto sexual, sino un «roce o frotamiento incidental».
Anuar González Hemadi, el juez de «Los Porkys». Foto: Reproducción.
Un caso que llegó a titulares internacionales fue el del magistrado Isidro Ávelar Gutiérrez, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de decisiones judiciales favorables a la organización criminal.
Primero, en mayo del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al magistrado por sus vínculos con el CJNG, luego la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló sus cuentas, para finalmente ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre del 2019.
#Comunicado El @CJF_Mx destituye a Juez Federal por corrupción. Las decisiones jurisdiccionales deben generar un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos. Cero tolerancia de este colegiado y su Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/vVmDwJruzS
— CJF (@CJF_Mx) February 20, 2019
Un caso que claramente no puede ser ignorado es el del ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo, en octubre pasado, en medio de investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito, incluso sus cuentas bancarias fueron congeladas a petición de la UIF.
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El ministro fue señalado, en junio del año pasado, de movimientos irregulares en sus cuentas por 2.3 millones de libras y 2.1 millones de dólares. En su momento Medina Mora rechazó las acusaciones asegurando que los movimientos eran en pesos y que iban acorde a sus ingresos en la SCJN. Aun así, cuatro meses después, renunció.
Carta del Ministro Eduardo Medina Mora pic.twitter.com/JQK6OjOU5U
— Suprema Corte (@SCJN) June 18, 2019
La renuncia de Medina Mora estuvo en medio de una polémica, para muchos las indagatorias en su contra fueron instrumentos de presión para que renunciara, debido a que sus cuentas fueron descongeladas tras su dimisión. Aunque Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que esto sucedió antes de la abdicación del ministro, por lo que no tuvo relación.
Además, tras su renuncia, quien ocupó su lugar es Ana Margarita Ríos-Farjat, extitular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
SCJN en espera de la confirmación de la renuncia del Ministro Medina Mora pic.twitter.com/ErdFhqHYfj
— Suprema Corte (@SCJN) October 3, 2019
Zaldívar, claroscuros en frente de la SJNC
Arturo Zaldívar es el ministro presidente que encabeza esta lucha dentro del Poder Judicial, sin embargo, es un personaje de claroscuros. Si bien el ministro se ha presentado con un perfil progresista, también registra posturas cuestionables.
Zaldívar siempre ha apoyado la iniciativa de matrimonios homosexuales, al considerar que México no puede pensar en un modelo de familia único. También ha abierto la posibilidad de que se permita legalmente el uso lúdico de la marihuana.
En contraste, fue quien presentó el proyecto para exonerar a Rodríguez Martínez, titular del Canal Judicial, acusado de acoso sexual y laboral.
Sin embargo, lo que más preocupa es su cercanía con el gobierno de López Obrador. Es amigo de John Ackerman, asesor del mandatario federal y esposo de Irma Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Si bien, ésta cercanía lo ha calificado como un interlocutor del Poder Judicial con la administración de Andrés Manuel, esta relación también ha sido señalada como un riesgo al contrapeso de este ente al Ejecutivo.
El riesgo aumenta cuando no sólo el presidente de la SCJN es cercano a Andrés Manuel López Obrador, sino también Ríos-Farjat, extitular del SAT con López Obrador, y Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó, asesor de Andrés Manuel.
Las irregularidades del Poder Judicial en cifras
De 2015 a 2018, en el Poder Judicial se atendieron más de 7 mil quejas y denuncias contra funcionarios del Poder Judicial, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones; y fueron sancionados 260 servidores públicos.
De los 260 funcionarios adscritos a órganos jurisdiccionales sancionados, 36 eran magistrados y 49 jueces. Dichas sanciones fueron desde amonestaciones privadas y apercibimientos, hasta suspensiones, suspensiones e inhabilitaciones.
Durante el lapso mencionado, el entonces ministro presidente Luis María Aguilar Morales impuso directamente 79 sanciones a trabajadores del Poder Judicial. En su mayoría fueron apercibimientos públicos o privados y amonestaciones por faltas administrativas, así como suspensiones en seis casos y sólo en dos dictó inhabilitaciones.
Por su parte, Arturo Zaldívar, en su primer año frente a la SCJN, ha proliferado más el discurso ante las acciones.
En su primer informe de labores presumió 16 casos contra funcionarios del Poder Judicial vinculados con irregularidades patrimoniales, posibles casos de nepotismo u obtener beneficios de las partes en un juicio.
Zaldívar señaló la existencia de cuatro denuncias ante la FGR en contra de Magistrados de Circuito y señaló que los expedientes de investigación administrativa y jurisdiccional prácticamente se triplicaron el año pasado.
