Narciso Cuevas QuirozDurante la contienda electoral de 2006, el 4 de mayo, la ahora extinta Policía Federal Preventiva, en conjunto con las autoridades del Estado de México, puso en marcha una estrategia para ingresar al municipio de San Salvador Atenco, un plan que dio como resultado una de las más grandes represiones en la historia del México contemporáneo.
La represión fue televisada a detalle por las cadenas más importantes de nuestro país, quienes en todo momento respaldaron y fomentaron las medidas adoptadas por el gobierno local encabezado por el ahora presidente, Enrique Peña Nieto y la administración de Vicente Fox.
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Esta transmisión provocó reacciones ante la opinión pública, quien se manifestó de forma inmediata para concluir la represión y castigar a los responsables.
El inicio del conflicto
Después de las históricas elecciones del 2000, la llegada de Vicente Fox a la presidencia era promisoria y la sociedad mexicana ansiaba un cambio significativo para el desarrollo del país, sin embargo, los ánimos fueron mermándose con la continuidad del proyecto político y económico de la administración anterior.
El 11 de octubre de 2001, el presidente panista anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, para ello, se dio a conocer un decreto que expropiaba 5 mil 939 hectáreas pertenecientes a los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco.
El decreto provocó el enojo de los ejidatarios y campesinos que vivían de las cosechas producidas en estas tierras, el gobierno federal propuso una especie de compra venta de las tierras, ofreciendo cantidades que oscilaban entre los 7 y 25 pesos por cada metro cuadrado, dependiendo del tipo de suelo.
Tres días después, armados con machetes y palos, los ejidatarios iniciaron su movilización bloqueando la carretera Texcoco-Lechería, pasaron de la presión social a la lucha por la vía legal y conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), dirigido por Ignacio del Valle Medina.
El abogado Ignacio Burgoa promovió 11 amparos para evitar la expropiación de las tierras, por su parte, estudiantes, obreros y académicos se sumaron a las protestas del FPDT, quien inició una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México que terminó en febrero de 2002.
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Las movilizaciones se agudizaron a partir del intento de toma del aeropuerto capitalino el 8 de julio de 2002 y el 11 de julio en un evento del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, sin embargo, los enfrentamientos no pasaron a mayores y el conflicto se solucionó por la vía legal, finalmente, el primero de agosto, la Presidencia de la República canceló la construcción del nuevo aeropuerto.
El conflicto renace
Cuatro años después, San Salvador Atenco volvió a ser noticia, durante el periodo de “paz” el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se fortaleció y continúo realizando actividades en beneficio de los ejidatarios, entre ellas se encontraba el fomento del comercio de los productos de los floricultores de Texcoco.
Sin embargo, al considerar esta actividad como comercio informal, las autoridades acosaban de manera constante a los campesinos. El 10 de abril de 2006, cuando los comerciantes se establecían para vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, un centenar de policías municipales y funcionarios del ayuntamiento les negaron el paso e inició un nuevo conflicto.
La mañana del tres de mayo los floricultores fueron desalojados de manera brutal por policías municipales y estatales, ante esta acción, miembros del FPDT tomaron la carretera Texcoco-Lechería, situación que desencadenó un enfrentamiento contra la policía municipal y estatal.
Las imágenes fueron repetidas todo el día en los noticieros más importantes de la ciudad, donde destacó la cobertura del noticiero Hechos Meridianos, conducido por los comunicadores Jorge Zarza y Gloria Pérez Jácome, quienes en todo momento exhortaron a las autoridades estatales a ejercer mano dura contra los manifestantes:
“Yo no sé que espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más precisa, para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Están quedando en vergüenza, está quedando en entredicho”
La primera víctima mortal fue el infante de 14 años Javier Cortés Santiago, quien fue asesinado por un disparo proveniente de un elemento de la policía estatal, inmediatamente los habitantes de Atenco retuvieron a elementos de la policía para intercambiarlos por gente que había sido detenida, era el comienzo de un nuevo enfrentamiento.
La barbarie
Durante la tarde y noche los enfrentamientos no cesaron, no obstante, el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto pidió respaldo de la PFP, de esta manera se realizó un operativo en conjunto comandado por el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid.
En punto de las seis de la mañana, inició el operativo para ingresar a San Salvador Atenco, como si fuesen parte del mismo, reporteros de Televisa y TV Azteca documentaron una parte de los hechos ocurridos aquel cuatro de mayo de 2006.
Alrededor de 3500 elementos lograron romper el cerco e ingresaron a la comunidad, a su paso, hombres de la tercera edad, mujeres, niños y hasta perros de la calle fueron golpeados desmesuradamente, en las transmisiones se veían las imágenes de hombres ensangrentados que se encontraban en estado de shock.
Con el pretexto de encarcelar a los principales líderes del movimiento, al estilo de las tropas SS, los policías ingresaban a los hogares sin ninguna orden de cateo destruyendo todo a su paso, los hombres eran golpeados por aproximados 15 elementos hasta el cansancio y posteriormente eran trasladados al ministerio público.
La segunda víctima mortal fue el joven Ollin Alexis Benhumea de apenas 20 años, quien murió a causa de los golpes recibidos, algunos periodistas independientes fueron violentados por los elementos que se molestaban por el registro fotográfico que se llevaba a cabo.
El resultado fue de 191 detenidos, todos denunciaron abuso policial, sin embargo, el dato ominoso fue arrojado por 31 de las 50 mujeres detenidas, quienes denunciaron abuso sexual durante el operativo, destacó el testimonio de Valentina Palma, estudiante de cinematografía de nacionalidad chilena que fue deportada después de la brutal represión:
“Las chavas que yo vi lloraban mucho; estaban ensangrentadas, tenían la ropa desgarrada. Una llevaba los calzones rotos, la entrepierna del pants de la otra estaba totalmente descosida. Nadie decía la palabra violación, pero eso es natural. Las mujeres, cuando salen de un episodio así, lo bloquean. Y no quisieron que las revisara el médico legista. Una lo expresó así: ‘ya me metieron mano, no voy a abrirme de piernas para que me esculque otro más’. Porque no había una doctora. Era un médico sin sensibilidad y en extremo malhumorado”
Con el transcurso de los días, diferentes testimonios salieron a la luz por medio del periódico La Jornada, quien recibió cartas en donde se relataban los testimonios ominosos:
“Venía de mi trabajo sobre la calle Manuel González, cuando vi el camión donde llevaban a los señores y señoras, me quedé parada, ahí me vieron los policías y me dijo uno: ¿qué me ves?, y dijo otro: súbela por pendeja.
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Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad, nombre; y tres de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando con patadas y toletazos, me empezó a agarrar la cara uno de ellos y me metía los dedos en la boca y en la vagina y me obligó a hacerle sexo oral, me echó su esperma en mi suéter blanco y vino otro policía y lo mismo, me agarró mis pechos y dijo: ésta está bien buena y está amantando, ¿verdad? Puta perra, me sacaron una foto con los ojos cerrados. Después me obligó a hacerle sexo oral, me echó su esperma en la boca y los escupí en mi suéter, vino un tercero y me hizo lo mismo y me los echó en mi suéter; y me dijo que si quería que me ayudara, tenía que ser su puta por un año e irme a vivir a donde él quisiera, me quitaron mi suéter y no me lo quisieron dar, llegó un cuarto policía, me manoseó en la vagina y los pechos y quería que le hiciera sexo oral y llegó otro y le dijo: ya no, guey, porque ya llegamos; y me empezaron a limpiar el pantalón y las manos y me dieron un cigarro a fumar, pero yo no fumo ni tomo. Y me bajaron con los ojos cerrados en el penal de Santiaguito, Almoloya”.
Las reacciones
Un día después de la brutal represión, miles de ciudadanos salieron a manifestarse para exigir justicia, el descontento traspasó fronteras debido a los extranjeros que fueron agredidos y deportados a sus países de origen, demás, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se sumó al movimiento.
Por medio del Centro Prodh se recabaron testimonios de policías quienes participaron en el operativo, a partir de sus relatos se supo que militares se disfrazaron de policías preventivos participaron en la estrategia, además se confirmó el uso de armas de fuego y el motivo del asesinato del joven de 14 años.
Académicas y líderes de diferentes asociaciones civiles redactaron una carta con la finalidad de no dejar en la impunidad las violaciones sexuales que fueron cometidas, por su parte, La otra campaña, (movimiento político independiente del EZLN) mediante su vocero el Sub comandante Marcos, manifestó su respaldo total a las víctimas de los abusos policiales en San Salvador Atenco.
Ante las presiones, el Pleno de la Suprema Corte determinó que el dos y tres de mayo de 2006 habían ocurrido graves violaciones a los derechos fundamentales:
“Después de estudiar los hechos del caso, el Pleno de la Suprema Corte, por una mayoría de 10 votos, determinó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco, Estado de México, ocurrieron violaciones graves de derechos fundamentales, debido a que los agentes de las corporaciones policiales que participaron en los distintos operativos “ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente hacia al respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones”
Sólo 21 policías fueron consignados por estos actos, sin embargo, tiempo después fueron absueltos porque el abuso de la autoridad era considerado un delito menor, ante la absolución 11 mujeres que sufrieron ataques sexuales decidieron organizarse para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Norma Jiménez, víctima de Atenco, expresó la posibilidad de obtener una sentencia el próximo semestre, antes de que termine la administración del mandatario Enrique Peña Nieto, su anhelo es que las mujeres no vuelvan a sufrir violaciones sexuales y deje de ser una práctica cotidiana para las fuerzas el Estado.
