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La mecánica de la ausencia: desapariciones en la frontera

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Por: Gilberto Lastra Guerrero/Heridas Abiertas

Los estados del norte de México, principalmente Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, son relevantes para las operaciones de grupos criminales por su ubicación geográfica. 

Sin embargo, los actos delictivos dejan consigo un rastro de violencia que se traduce no sólo en homicidios, sino también en desapariciones.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta que en México existen al menos 105 mil personas ausentes, de las cuales cerca de 40 mil están en los 9 estados considerados como de la región norte de México.

Conocer la mecánica de la ausencia en este territorio permite conocer lo que ocurrió en otras zonas del país y que hasta hoy reflejan un Estado incapaz para dar con el paradero de miles de personas.

Buscar un desaparecido y encontrar la muerte

Subregistro de desaparecidos

Por la permanencia de bandas criminales, Tamaulipas, frontera este mexicana con la Unión Americana, dejó un velo de desaparición que al corte de agosto de 2022 era de 8 mil 863 personas ausentes, según datos del RNPDNO.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, destacó que pese a esto podría haber una cifra negra de 30 mil personas en ese estatus.

La historia tamaulipeca se acompaña de una suerte de criminalidad fortuita desde la prohibición americana al alcohol, es la ruta costera simple para entrar como inmigrante en la clandestinidad a Estados Unidos. Dos exgobernadores detenidos: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, por lavado de dinero. Y el actual, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por interactuar con grupos de criminales, afirma. 

Ante la caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, el control político en los estados y la estrategia equivocada del choque  frontal con la delincuencia sin un sistema de investigación y justicia, el crimen tomó fuerza: comenzaron los enfrentamientos y de ahí la sustracción de personas.

El sexenio de Felipe Calderón marcó el inicio de la mayor oleada de desaparición, primero los integrantes de las bandas de delincuentes por fuerzas del estado, luego trabajadores de empresas que arriban de otros estados. Además de los migrantes nacionales y centroamericanos.

Los colectivos se forman tras el fin de la administración de Calderón porque la sociedad se paralizó. Las familias de víctimas de desaparición se manifestaron, y defensores de Derechos Humanos los acompañaron en su reclamo a la autoridad, recuerda el activista. 

Ramos resume dos décadas de enfrentamientos entre criminales y cómo con la fuerza del estado, a pesar de la cifra oficial de personas de las que no se conoce paradero, existe un subejercicio que duplica la cifra registrada por el Gobierno Federal.

“En Tamaulipas hay un registro oficial de 11 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Las organizaciones, los colectivos, consideramos que de 2001 a la fecha. Es decir, desde Vicente Fox hasta López Obrador, habría en Tamaulipas, cuando menos, 30 mil personas desaparecidas”.

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La cifra de desaparecidos en México rebasó oficialmente las 100 mil personas ausentes, pero es un cálculo todavía cuestionable. Foto: Luis Alberto López

El fenómeno tomó por sorpresa a los gobiernos, pero también se mantuvo la corrupción en el Ministerio Público en Tamaulipas y siguió sin tomarse en cuenta, dijo Ramos.

Recordó la masacre de migrantes en San Fernando, durante 2010, que fueron transportados en cajas de trailer y distribuidos los 72 migrantes en diferentes panteones por la falta de capacidad del Estado.

Las rutas de los inmigrantes ahora son las de tráfico de sustancias ilegales y de personas. El libre acceso de armas afianzó la brutalidad de la disputa por el territorio y, en medio, la desaparición.

Ramos habla como testigo del caldo de cultivo que es Tamaulipas por la cuña entre el gobierno y los criminales, quedando en medio la población y los migrantes, por eso la estela de desaparición no concuerda con las cifras oficiales.

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Primero fueron ellos, ahora ellas

Nuevo León mantiene desde hace años una curva ascendente en la cifra de desaparición. El choque de fuerzas entre grupos paramilitares y el Gobierno Federal luego de 2006 generó el primer patrón: eliminar pruebas de masacres tanto por las fuerzas armadas y delincuentes. 

Fue de 2007 a 2012 la tendencia de sustraer personas, el  RNPDNO da cuenta de que en cinco años la cifra creció de 87 a mil 921 personas desaparecidas.

Severin Durin, académica e investigadora, rememoró que tras un año de la administración de Felipe Calderón, ante el acecho policial y de la milicia en el territorio neoleonés, fueron las madres de policías las primeras en pedir justicia, antes de las formación de colectivos.

La estadística de homicidios y desapariciones fue similar desde 2007 a 2012. Con una cresta en 2010 y se formaron colectivos diversificados a lo largo de los años.  Ahora existe una constelación. Los jóvenes varones fueron el blanco de quienes se los llevaron.

Durin reflexionó sobre el hecho de que al no encontrar un cuerpo, otros delitos no se investigan: ejecuciones extrajudiciales, secuestros y extorsión en aquellos años. Incluso hay casos de padres buscadores porque en ese tiempo pidieron dinero por sus hijos, pero no fueron localizados.

En 2012 se tipificó la desaparición como delito, pero desde entonces sólo hay una sentencia dictada. La impunidad es casi total. En Nuevo León se aplicaron protocolos de búsqueda inmediatas por la presión de los colectivos para reducir la cantidad de neoleoneses sin paradero.

Durin recapituló el siguiente repunte en los casos: ahora mujeres jóvenes. Fue en 2018 cuando se detectó el patrón, y la cifra desde entonces va al alza porque, si en el pasado era una mujer por cuatro varones, ahora por cada hombre no se sabe el paradero de una fémina. Incluso al nivel de la administración de Felipe Calderón.

Recordó una de las estrategias de los criminales para no ser enjuiciados con largas penas o delinquir sin ser perseguidos. En Nuevo León, el ocultar pruebas de delitos contra mujeres incentiva el no castigo al feminicidio y la trata de personas. El crecimiento exponencial de jovencitas aumentó desde 2018, cuando en los estados vecinos bajó, Coahuila y Tamaulipas.

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Los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos representan los esfuerzos más grandes para encontrar a los ausentes: Foto: Heridas Abiertas

“Se investiga indebidamente, nunca se sentencia, nunca se castiga. Entonces, borrar los rastros de un delito a través de la práctica de la desaparición, es como una garantía que no te va a pasar absolutamente nada”, dijo en comparación cuando las pruebas en contra de algún criminal lo llevarían a alguna sentencia.

Las cifras en Nuevo León concuerdan con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en México. Y hasta el momento no se visualiza el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. De Monterrey a Nuevo Laredo, Tamaulipas, se generó un fenómeno nuevo en la carretera que conecta ambas ciudades. Fue el último colectivo formado, asevera Durin.

En Nuevo León solamente hay cuatro agentes del Ministerio Público en la Fiscalía creada en 2015, imposible para el nivel de desaparición en el estado. En la Comisión Estatal de Búsqueda hay seis personas de base y recontratando más recurso humano. “En Veracruz, donde hay menos personas desaparecidas, hay en la comisión local de Búsqueda 85 personas contratadas. Si te das cuenta, la diferencia es considerable”, sentenció ante la falta de compromiso del gobierno neolonés.

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Ellas también fueron desaparecidas

Corría 2004.  En Chihuahua, estado fronterizo con la unión americana, las primeras denuncias como parteaguas internacional por desaparición  fueron de mujeres. Pero comenzó desde el año 2000. Y sería un presagio para años venideros en materia forense. Las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos se fundaron para atender el panorama de ausencia de víctimas femeninas, primero en Ciudad Juárez, en la división con El Paso, Estados Unidos, luego en la capital, en el resto del territorio.

Conforme se hizo visible el fenómeno, se encontraron patrones definidos, y se supuso en ese tiempo que el fondo era trata de personas. Había una cantidad indefinida de cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense por no aplicar protocolos por los encargados del peritaje en la Procuraduría General de Justicia en ese tiempo.

Gabino Gómez se forjó como defensor de Derechos Humanos en aquella época. Recuerda la insensible manera de entregar los restos de las mujeres a familiares. En una bolsa negra con los huesos dentro, y con la frase: “¿La quiere o la mandamos a la fosa común?”.

Recuerda que tras subir a la agenda pública la labor de los defensores,  ante el rechazo del personal de la Procuraduría a los familiares de las víctimas en el proceso de investigación, inició una etapa previa a la oleada mayor de desapariciones tras el cambio de gobierno con el expresidente Felipe Calderón.

Esther Chávez Cano fundó Casa amiga y fue la primera en documentar los casos y “Justicia para nuestras hijas” nació después junto a un grupo de activistas que fueron los representantes legales ante las autoridades por el abandono de las investigaciones, habla.

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La exigencia de las familias para encontrar a los desaparecidos trasciende fronteras y estados: Foto: Luis Alberto López

Recuerda que al entrar José Reyes Baeza al gobierno de Chihuahua en 2004, se le hizo una propuesta para que el Equipo Argentino de Antropología Forenses recuperara la identidad de los cadáveres de mujeres. Los forenses encontraron anomalías en todo el proceso. Para 2008 dejaron las labores los integrantes del EAAF, pero hubo ya un precedente sobre el manejo erróneo de los restos.

El nacimiento del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres coincidió con el primer pico de la oleada de guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón y el Sistema Acusatorio en Chihuahua, el primero en el país. Los activistas fueron capacitados. Comenzó el litigio, afirma.

Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado y Rocío Alvarado al ser detenidos por militares en 29 de diciembre de 2009 no se supo más. Así comenzó uno de los patrones de desaparición en Chihuahua, rememora. En enero los familiares acudieron a CEDEHM como el primer caso. El fenómeno creció de manera exponencial en 2010 y 2011.

De entre la violencia de las bandas criminales, una estela apenas se percibía, la desaparición se escuchaba mentar, pero no aparecía en las primeras planas o en los titulares, pero ahí estaba, insiste.

Conforme pasaron los días y la niebla de la desaparición se encontraba con las de otros estados, Gómez se reunió con grupos de Nuevo León y Coahuila, que atravesaban por la misma ola de violencia y, por ende, de la sustracción de personas. El encuentro fue en Saltillo con el entonces obispo Raúl Vera. Fue en el diálogo entre los participantes que los patrones se definieron en cada estado, pero la oleada era en todo el norte mexicano.

Ciudad Cuauhtémoc fue el lugar donde se arraigó el fenómeno. Es una comunidad asentada entre las carreteras de la Sierra Madre Occidental y la capital del estado norteño. La violencia a diferencia de lugares como Ciudad Juárez era menor por mucho. Pero se llevaban entre cinco y ocho personas, confiesa.

En Coahuila y Nuevo León las carreteras eran los sitios donde se perdía la localización de las personas, dice Gómez. En Chihuahua se focalizó en un inicio en Ciudad Cuauhtémoc.

Javier Sicilia y el Movimiento por la paz desde Cuernavaca, Morelos, a Ciudad Juárez y su tránsito por Chihuahua, fue el acto que dio vista a los desaparecidos en su totalidad en Chihuahua, como en otros lugares del país. Esa niebla se hizo luz y emergieron los rostros de los ausentes. Las familias de las víctimas salieron y no se volvió a ocultar el fenómeno de la desaparición. La estimación de desaparecidos era en 2011 alrededor de 10 mil en México, reflexiona. 

Con el paso de las administraciones, Gómez, recabando testimonios, asegura que la base de datos actual no es real: existe un subregistro importante. Durante los años se acumularon las denuncias y fueron ocultas las cifras. 

El poco personal para la procuración de justicia acumula las carpetas de investigación, y la falta de un método para las investigaciones, son para Gómez, una de las formas en las que se pierde tiempo valioso para identificar personas, finaliza.

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Los dueños de la frontera

Sonora, al norte mexicano, y Arizona, estado sureño de la unión americana, son el paisaje para dos fenómenos actuales de desaparición. Existen una cifra de 4 mil cuerpos humanos hallados sin identificar, un 55 por ciento del lado americano desde finales de los 90 hasta la fecha, sostiene Natalia Mendoza, investigadora. 

Entre migrantes y ciudadanos mexicanos desaparecidos se nutre esta cifra, aunque no se conozca en qué lado se encuentran. A partir de 2006 el aumento por una instrucción del Gobierno americano para impedir a migrantes a las ciudades y perdieran la vida en la zona más agrestes del desierto al mantenerse más tiempo expuestos a las inclemencias del clima, indica. 

La cifra oficial de desaparecidos, según el Registro Nacional, asciende a 4 mil 345 personas en ese estatus.

En Sonora los colectivos de búsqueda se forman más tarde en comparación con otras entidades, a pesar que el fenómeno se encontraba avanzado. Con el asesinato de Nepomuseno Moreno en 2010, se bloqueó el crecimiento de los grupos de búsqueda de personas sin paradero. 

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Sonora es una entidad donde las madres salieron a buscar a sus hijos en fosas. Foto: Facebook Madres Buscadoras de Sonora

En el sur de Sonora, aproximadamente en 2018, familiares de desaparecidos se organizaron. Los hallazgos son una constante para las agrupaciones sonorenses, incluso fuera del estado: en Jalisco siguen con hallazgos, explica.

Conforme pasa el tiempo, tanto los restos o “tesoros” recuperados dimensionan la realidad del fenómeno de la ausencia forzada desde 2009. Son hombres jóvenes el grueso de la estadística, y principalmente en zonas suburbanas de ciudades como Hermosillo, Guaymas, Nogales y Obregón. También son personas en conflicto con la ley en casos, presos de manera momentánea. Delitos menores solamente. Y eso los hace vulnerables por ser simplemente sospechosos, comenta.

Para la formación de colectivos en Sonora, fue por medio de la ayuda de buscadoras de Sinaloa, primero, para comenzar con el trabajo, y fue momento de la formación de Madres Buscadoras de Sonora, y de ahí comenzaron las búsquedas en dos vías: los migrantes y los nativos de la entidad, asegura la entrevistada. 

Toda la frontera está controlada por grupos criminales en Sonora, advierte: Sonoita, Sásabe, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales y Altar son los sitios controlados por al menos tres grupos criminales distintos. Pero hace pocos años comenzaron los enfrentamientos, relata.

Las teorías del paradero de los desaparecidos en la pugna entre los grupos antagónicos, es que se encuentran en territorio contrario a donde radicaban. Cada fragmento de frontera es un grupo del crimen diferente, y es por eso que el espectro de la desaparición se da tanto en miembros de la criminalidad como de inocentes. Incluso dijo que para las buscadoras no hay distingos.

Mendoza asume que los ciudadanos que se dedican a actividades operativas de la delincuencia organizada, ya sea conscientemente o de manera forzada en actividades ilegales, son los que no se conoce su paradero. Lo que sucede es que se hace la diferencia entre los miembros de la delincuencia que se encuentran por encima en el organigrama que es un privilegio “porque es una especie de respeto a sus familiares”. 

El desaparecer es un castigo no solo para quien no está, sino para sus seres queridos, remata.

La impunidad para la académica es una, es decir, no se investiga ni la desaparición como tampoco al encontrarse un cuerpo luego de un enfrentamiento. Incluso habla que con los años, los criminales encuentran formas para evitar que los cuerpos sean identificados al hallarlos, contaminar la escena, hasta los crematorios que los colectivos han dado con ellos para detectar la secuencia de ADN.

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Los pioneros en los colectivos

Cada expansión territorial de los grupos criminales deja una estela de desaparición. Desde el oriente mexicano, Los Zetas migraron hacia el centro de México, y así, el fenómeno se convirtió en colectivos de búsqueda como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila, que se replicaron en el país. Torreón, Saltillo, Arteaga, Coahuila, fueron de los primeros puntos donde se volvió visible la ausencia de civiles y la organización ciudadana.

Los relatos de familiares sobre el paradero de sus seres queridos son desoladores en la mayoría de los casos. Durante el tiempo de los enfrentamientos entre tribus de delincuentes, de 2007 a 2013, el miedo hizo presa a padres y madres o hijos y hermanos que buscaban a alguien. 

La mayoría fueron intimidados, no solo por criminales, sino por los mismos agentes de investigación de la Fiscalía de Coahuila. Hasta que no amainó la violencia armada, las víctimas se reunieron como si el destino lo decretara al encontrarse con otras familias en la Iglesia de San Judas, el Centro de Derechos Humanos “Juan Geraldi” y “Fray Juan de Larios” en Saltillo. 

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Los colectivos de búsqueda en Coahuila se han replicado por todo el país y sus iniciativas también. Foto: Camelia Muñoz

Profesionistas fueron los primeros sin destino en ser denunciados y conforme se visibilizan los colectivos, obreros, taxistas, jóvenes empezaron a salir a la luz con sus casos ya para 2013.

Los que nacieron en primera instancia son Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), luego vino el Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA) y Familias Unidas de Piedras Negras. Luego surgieron Alas de Esperanza, BUSCAME, Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Actualmente, Coahuila una cifra de 3 mil 193 personas desaparecidas, a decir del Registro Nacional. 

La exigencia de los grupos organizados al gobierno en turno se volvió una constante. Pero también en el terreno María de la Luz López Castruita, madre de Claribel desaparecida en 2008, tomó camino para buscar los ejidos desérticos. De boca en boca dio con el ejido Patrocinio en 2016. Preguntó a los chiveros de la zona hasta dar con los centros de exterminio.

Al bajar la disputa de los grupos del crimen, se redujo la desaparición, pero hasta la fecha se mantiene, a menor escala, pero continúa, por eso salieron a buscarla. Lo que hallaron en Patrocinio fueron prendas de personas de todas las edades, incluso llegó a decir que de todas clases sociales.

Los pozos donde terminaban los residuos del ácido donde quemaban a las personas tenían un metro de separación en una línea. En el horizonte clavaron sus ojos para abarcar más territorio: San Antonio de Gurza, Estación Claudio, Santa Elena o Francisco Aguanaval.

Los buscadores hablan que las complicaciones principales para dar con el ADN de los fragmentos de hueso encontrados es que el sol ha carcomido la información genética, además que los gobiernos no invierten la cantidad de recursos necesarios para hacer frente a la crisis de identidad de los restos encontrados en diversos puntos de Coahuila.

Hasta la fecha se siguen realizando viajes a puntos de exterminio y se hallan todavía restos óseos, pero además osamentas.

Los esfuerzos gubernamentales se han centrado en la búsqueda en muerte, a través de procesos de identificación cuestionables, así como una crisis forense latente, ignorando e invisibilizando con esto la búsqueda en vida. Esto ha sido ampliamente cuestionado por algunos de los ocho colectivos de búsqueda que existen en Coahuila.

Entre ellos, FUUNDEC que ha señalado que el buscar únicamente después de la vida significa un nulo sentido de prevención y protección al derecho a la vida, destacando que con ello, se demuestra el desinterés del desmantelamiento de las estructuras y redes criminales que perpetraron las desapariciones.

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