Impunidad en el 99.13% de las agresiones cometidas contra periodistas en México

1 marzo, 2019

La mañana del sábado 01 de diciembre de 2018, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista y director general del semanario Orión Informativo, fue hallado sin vida en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Márquez Jiménez salió tarde del 30 de noviembre de su casa, fue la ultima vez que su familia lo vio con vida; el periodista recibió una llamada telefónica y posteriormente tomó su motocicleta y salió de su hogar.

Tan sólo un día después sus familiares fueron llevados al Servició Médico Forense de Nayarit para la identificación del cuerpo. Alejandro Márquez había sido ultimado a causa de 3 disparos en la cabeza y su cadáver había sido abandonado en la carretera Tepic-Pantanal.

Ejecutan a Alejandro Márquez “El Guamas”; El primer periodista en ese sexenio Tepic, Nayarit.- Esta mañana de domingo…

Posted by Periodistas Desplazados MX on Sunday, December 2, 2018

Días después de este hecho, para ser exactos el 04 de diciembre, el periodista Diego García Corona, quien trabajaba para el semanario Morelos, fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su automóvil en el municipio de Ecatepec, del Estado de México.

El periodista de 35 años de edad fue atacado en la Colonia Jardines de Morelos por un grupo de hombres. Los agresores huyeron y el cuerpo de García Corona quedó entre las calles Playa y Marquelia y Avenida Jardines: cuando personal de la Fiscalía General del Estado de México llegó al lugar a atender el reporte por parte de los vecinos, se pudo comprobar la identidad de Diego gracias a su credencial que lo acreditaba como reportero del semanario Morelos.

Jesús Alejandro Márquez y Diego García Corona fueron los primeros casos de homicidios cometidos contra periodistas bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con organizaciones en pro de los derechos de periodistas y datos reconocidos por el mismo Gobierno Federal, desde el pasado 01 de diciembre, un total de 5 comunicadores que contaban con mecanismos de protección han sido asesinados.

“Estamos atendiendo esto, es parte de los mismo, de la descomposición en que está el país, y a falta de protección y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia”, reconoció el presidente López Obrador.

La herencia de Peña y Calderón

Al inicio de su administración el Gobierno Federal llegó con una herencia de 123 periodistas asesinados en México desde el año 2000, así como más de 186 agresiones desde 2010 que continúan impunes. Sumado a que 24 comunicadores siguen en calidad desparecidos desde el año 2003.  

Según datos presentados en el informe “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, publicado por la organización Article 19, un total de 48 comunicadores fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto.

Un mes antes de que llegara a su fin la administración encabezada por Peña Nieto, Article 19 había denunciado 389 agresiones contra periodistas que se realizaron entre enero y julio de 2018, de las cuales según la organización el 99.2% siguieron impunes debido a la ineficacia de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Sin embargo, el informe presentado esta semana por la organización detalla que la impunidad en casos donde los periodistas fueron víctimas subió un 99.13%, esto debido a las recientes violaciones cometidas contra los comunicadores en la nueva administración federal.

La 4T no avanza en el tema

De acuerdo con el informe de Article 19, de los 5 periodista ultimados desde el 01 de diciembre, sólo se han consignado 3 casos en los que se determinó que el homicidio tenía relación con la labor informativa que realizaban las víctimas.

Sumado a esto, se sabe que de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron mil 140 carpetas de investigación, de las cuales solamente han sido consignadas 163: y desde que entró en vigor en 2016 el nuevo sistema penal judicial solo se han judicializado 23 carpetas.

Esto significa, que las 186 acusaciones que han sido conocidas por jueces penales, sólo representa el 16.3% de todas las denuncias que ha recibido la FEADLE, de las cuales solo 10 han llegado a sentencias condenatorias.

Asimismo, de un total de 89 casos de periodistas que fueron asesinados entre 2010 y 2018, solo 45 se encontraron relación con su labor periodística: 31 continúan en trámite y el 8.8%, es decir, 4 casos han sido consignados.  

“México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos… En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.”

Organizaciones como Transparencia Internacional han señalado que a partir del 2012, los periodistas comenzaron a ser asesinados en países con altos niveles de corrupción: 9 de cada 10 fueron ultimados en naciones con mayor corrupción, calculando que un periodista es agredido cada semana en dichos países.

En la ultima entrega del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), México se ubicó en el lugar 138 de 180 países, lo que significa que la percepción de la corrupción en el país es muy alta. Sumado a que nivel Latinoamérica la república mexicana es identificada como una de las 4 naciones más corruptas, junto con Venezuela, Nicaragua y Guatemala.

Fuente: Statista

Aunado a ello, el Índice de Estado de Derecho 2019 de la organización Word Justice Project (WJP), colocó a México esta semana en el lugar 117 de 126 de los países más corruptos.

Tal parece que conforme pasa el tiempo las agresiones contra los periodistas en México se siguen realizando y se siguen acumulando sin llegar a una investigación. El nuevo régimen del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visualizado las agresiones contra los comunicadores, pero no ha mostrado resultados que demuestren una mejoría en el tema.

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que las agresiones que se comenten en contra de los periodistas fueron realizadas por algún funcionario del gobierno: la mayoría de las denuncias presentadas fueron por comunicadores que se encargan de cubrir temas relacionados con la corrupción en las administraciones locales.

Luego del asesinato cometido contra el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, a inicios de enero del 2019, Patricia Betancourt Zepeda, directora de Tránsito de Nayarit, y los funcionarios Santos Román Sánchez Muñoz y Luis Alberto Hernández fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato cometido el 01 de diciembre.

Sin embargo, cabe señalar que Betancourt Zepeda trabajó en años anteriores como Secretaria Particular de Petrolino Díaz Ponce, actual Fiscal del estado de Nayarit, puesto que ocupo hasta mayo de 2018 cuando fue nombrada directora de tránsito por el gobernador Antonio Echeverría García.

Además del caso de Márquez Jiménez, el gobierno de Nayarit también ha sido señalado como el responsable de las agresiones cometidas contra Abisaí Barajas, reportero del diario Realidades de Nayarit.

El 19 de diciembre de 2018, el periodista nayarita denunció haber sido golpeado y amenazado por agentes de la Fiscalía Estatal, mismos que presuntamente habrían sido mandados por el gobernador Antonio Echeverría García.

De acuerdo con el diario Realidades de Nayarit, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado carpetazo al caso del Abisaí Barajas, bajo el argumento de que el periodista se encuentra ausente del país y es imposible continuar con las investigaciones.

Según el diario nayarita, días después de la agresión Barajas había solicitado protección a la Fiscalía, misma que negó el apoyo debido a que los funcionarios de la entonces PGR saldrían de vacaciones con motivo de las fiestas decembrinas.

Ante la falta de mecanismo de protección por parte las autoridades mexicanas, Realidades de Nayarit confirmó que Barajas tuvo que salir por sus propios medios del país, y sus familiares han denunciado hostigamiento por parte de las autoridades.

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