Encargada ahora de la transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no ha publicado sus contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia desde octubre del 2024. Se trata de más de 600 contratos que suman casi 300 millones de pesos
El mensaje fue claro: durante julio las dependencias del gobierno federal debieron cargar a la Plataforma Nacional de Transparencia toda la información respectiva al segundo trimestre del 2025 que incluye salarios, informes, estadísticas, presupuestos, contratos, convenios, concesiones, declaraciones patrimoniales, viáticos y demás datos de la función pública.
El remitente de estas palabras fue “Transparencia para el Pueblo”, la nueva autoridad responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública en sustitución del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
A diferencia de su predecesor, este precoz organismo público pertenece al mismo gobierno federal al que tiene que vigilar. Para evitar el evidente conflicto de interés se le dio autonomía técnica, sin embargo, aún está dentro de la –también recién creada– Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Y es justo esta nueva dependencia –la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno– quien no ha transparentado los contratos que ha celebrado desde octubre de 2024, es decir, en los últimos nueve meses.
Los contratos sin transparentar superan los 600 y suman casi 300 millones de pesos en dinero público.
659 contratos y 296 millones sin transparentar
Al buscar el apartado de “Contratos de obras, bienes y servicios” de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la Plataforma Nacional de Transparencia todo parece en orden, en un primer instante.
La plataforma arroja como resultado de los dos primeros trimestres del 2025 una lista de 659 contratos que suman 296.9 millones de pesos.
En el listado viene aparentemente toda la información general referente a cada contrato: número, contratista, objeto, monto, vigencia, forma de pago, etcétera.
Sin embargo, al llegar al apartado de “hipervínculo al documento del contrato y sus anexos” en lugar de aparecer el acuerdo firmado entre la dependencia y el contratista, la plataforma te arroja un mensaje.
Se trata de un documento que advierte que la versión pública de los contratos aún se encuentran en proceso de elaboración y serán compartidas en la plataforma hasta que las revise y autorice el comité de transparencia de la Secretaría Anticorrupción.
El argumento de la dependencia es que los contratos en cuestión cuentan con datos personales de personas físicas y tiene que cerciorarse que no se vulnere esta información.
En sentido estricto, el procedimiento de la Secretaría Anticorrupción es el adecuado, el problema es la tardanza.
La dependencia no sólo utilizó este argumento para no transparentar los contratos y sus anexos del segundo trimestre del 2025, sino también para el primer trimestre, cuya información se cargó en la plataforma desde mayo y –tres meses después– aún aparece el mismo mensaje.
Contratos “inexistentes” por 2 millones
Las irregularidades en la presentación de contratos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no solo son de este año, se extienden al anterior.
Durante el cuarto –y último– trimestre del 2024, la dependencia federal presentó sólo cuatro contratos que suman poco más de 2 millones de pesos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo mismo que en el caso anterior: la plataforma te arroja un listado con la información general de cada contrato, sin embargo, cuando quieres acceder a la versión pública del acuerdo y sus anexos te arroja un mensaje, esta vez diferente.
Un pantallazo de Google Drive con la leyenda: “El archivo que solicitaste no existe”.
Es decir, la Secretaría Anticorrupción publicó mal el hipervínculo para redireccionar a los contratos o simplemente bajó los documentos.
Transparencia para el Pueblo rechaza 99.6% de las quejas
El cambio del INAI a Transparencia para el Pueblo no ha sido bien recibido por periodistas y activistas, el temor por el fin de la autonomía del órgano garante del derecho al acceso a la información se suma a las fallas registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ahora se agrega una denuncia realizada por Artículo 19, quien aseguró que Transparencia para el Pueblo ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión que los ciudadanos han presentado por inconformidad a la respuesta de las autoridades a su solicitudes de información.
“De los 2 mil 253 recursos recibidos, únicamente 457 han sido reportados resueltos y, de estos, el 99.6% han sido registrados como desechados”, informó la organización en un comunicado.
Artículo 19 explica que este nuevo organismo utiliza justificaciones “estrictamente formales” para desechar las quejas de los ciudadanos, como el supuesto incumplimiento de requisitos legales o la falta de respuesta a avisos durante el proceso, lo que no ocurría con el INAI.
Para esta organización, el actuar de Transparencia para el Pueblo deja en situación de indefensión a los ciudadanos, pues no se les ha ofrecido orientación para subsanar estos “errores” ni garantiza un proceso accesible.
En respuesta, Transparencia para el Pueblo contradijo a Artículo 19 y aseguró que porcentaje de desechamientos de recursos de revisión y de inconformidad que ha realizado es el más bajo históricamente desde la creación del INAI.
En un comunicado precisó que de 2 mil 635 quejas que ha recibido, solo ha desechado 385, es decir, apenas el 14.6%. Cuando el porcentaje de rechazos del INAI era del 20 al 30%.
