Rodrigo GutiérrezUn mando militar para la Guardia Nacional desmoronó la posibilidad de una nueva estrategia de seguridad; pese a los esfuerzos históricos del Congreso, la palabra y decisiones del presidente pesaron más
La violencia en México es imparable. Desde que se inició una guerra frontal contra el narcotráfico hace 12 años, el país ha sufrido un derramamiento de sangre constante y se ha convertido un cementerio permanente.
La aplastante victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en julio del año pasado, tras haber buscado la Presidencia de la República durante el mismo periodo que ha durado la guerra, significaba una oportunidad para cimentar otra estrategia en materia de seguridad.
El pasado noviembre, el entonces presidente electo presentó su “Plan Nacional de Paz y Seguridad”, en el cual destacaba la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo del orden que será conformado por policías federal, militar y naval, mismos que se serán formados por el Sistema Educativo Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El nuevo ente sería no solo un cuerpo de seguridad, sino que tendría facultades para hacer labores ministeriales, de inteligencia, operaciones encubiertas, intervenir telecomunicaciones, detener migrantes, cuidar penales, caminos, carreteras, puentes, aduanas, aeropuertos y hasta la red pública de internet. Un organismo casi omnipotente.
Esto ante la nula capacitación y profesionalismo, así como fácil cooptación, tanto de policías locales y ministerios públicos.
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La Guardia Nacional encendió las alertas de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, pues temen que ésta signifique una militarización del país peor aún que el de la Ley de Seguridad Interior propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos […] genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática”, dijo Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH.
FOTO: GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Mientras que la ONU sentenció: “reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto que dará carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que hemos cuestionado de manera reiterada en el pasado”.
Al respecto, López Obrador ha rechazado en diversas ocasiones que la Guardia Nacional signifique militarizar el país, sosteniendo que este cuerpo es necesario para su plan de pacificación, respetará los derechos humanos y será como los cascos azules de la ONU.
Para su creación, el proyecto tenía que ser aprobado por el Congreso, mismo que es de mayoría Morena, el partido del presidente. Aun así, no alcanzaban la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de ambas cámaras, para su aprobación.
Primero, en la Cámara de Diputados, la reforma avanzó tras una inusual alianza legislativa entre Morena y el PRI. Legisladores de la oposición y miembros de la sociedad civil –estos últimos participaron incluso en audiencias públicas en la cámara baja– criticaron la aprobación Guardia Nacional, la cual veían como una continuación de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios.
Luego, en un hecho histórico, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma de ley, eso sí, antes de hacerlo le hizo unos cambios pertinentes a la Guardia Nacional: el mando será civil, definieron un plazo de cinco años para el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y el fortalecimiento de policías locales a través de un programa que estará sujeto a evaluación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Estos cambios fueron aplaudidos por la opinión pública, la cámara alta había escuchado las peticiones que no fueron escuchadas en San Lázaro. Los contrapesos se hacían sentir en la Cuarta Transformación.
Sin embargo, el encanto no duró mucho. Al día siguiente, en su conferencia “mañanera” el presidente sentenció: “La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo (o sea en él mismo), y puede ser un civil o un militar retirado o en activo; todo esto es importante que se aclare”.
Pese a las palabras de Andrés Manuel, la ley regresó a la Cámara de Diputados y se aprobó ahora casi por unanimidad, luego los 32 Congresos locales dieron su visto bueno. La Guardia Nacional ya es un hecho.
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La semana pasada López Obrador presentó al comandante y a los miembros del Estado Mayor de la Guardia Nacional. A cargo de este cuerpo del orden está el general Luis Rodríguez Bucio, el presidente cumplía su palabra: un mando militar, pero –según Alfonso Durazo– en proceso de retiro.
El resto del Estado Mayor son: el general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, como representante de la Sedena; contraalmirante Gabriel García Chávez, en representación de la Secretaría de Marina (Semar); y la doctora Patricia Rosalinda Trujillo, a nombre de la Policía Federal.
El Estado Mayor de la Guardia Nacional, tres militares y un civil.
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Rodríguez Bucio ha sido parte fundamental en los últimos 25 años en el combate al narcotráfico:
En el sexenio de Ernesto Zedillo se encargó de la erradicación de enervantes en el Triángulo Dorado, formado Chihuahua, Sinaloa y Durango; al inicio del gobierno de Vicente Fox fue comandante de Fuerzas Especiales en Operaciones contra el narcotráfico en regiones controladas por el Cártel de Sinaloa; su auge militar llegó en la administración de Felipe Calderón al combatir particularmente al cártel de “Los Zetas”.
Antes de llegar a la Guardia Nacional estuvo como agregado militar en la Junta Interamericana de Defensa (JCI) adscrita a la Organización de Estados Americanos.
Luis Rodríguez Bucio tiene un pasado oscuro. De acuerdo con la Revista Proceso, en 2012 fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. Sin embargo, detalla el semanario, detrás de las acusaciones contra el ahora comandante de la Guardia Nacional, así como con cuatro generales de la Sedena más, hubo presiones de la PGR.
El mando civil que el Congreso pactó de forma histórica en la Guardia Nacional quedaría sobre Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Ambas decisiones, la de Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional y la de Durazo como el “mando civil” en la organización fue calificada como una “simulación”.
“¡Desde la sociedad civil seguimos rechazando enérgicamente el mando militar en la Guardia Nacional! Exigimos que se respete el acuerdo colectivo de que el mando sea civil”, se manifestó Amnistía Internacional.
“El presidente habla y piensa en la Guardia Nacional como él la propuso y no como el Congreso la aprobó. […] Los 33 Congresos acordaron que fuera un mando civil y aprobaron una reforma con una Guardia civil y no militar”, refirió en entrevista con Carmen Aristegui, Alejandro Madrazo, profesor-investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE.
Más descontentos vinieron cuando Rodríguez Bucio dijo tener dudas respecto a su nuevo puesto en la Guardia Nacional; luego, Durazo aseguró cuando que los miembros de las Fuerzas Armadas que formen parte de este cuerpo de seguridad no serán sometidos a controles de confianza.
Estos controles de confianza serán solo para los nuevos miembros que se incorporen a la Guardia Nacional, mismos que el presidente busca sean 50 mil. Dicha cifra se ve difícil de alcanza, más cuando en el sexenio de Peña Nieto, por los mismos controles de confianza, fueron rechazados el 80% de los aspirantes a la Gendarmería de la Policía Federal.
López Obrador, por su parte, rechaza que el mando militar de la Guardia Nacional sea un engaño y asegura que los excesos de parte de las Fuerzas Armadas en mandatos anteriores se debieron a las órdenes de un mando civil.
Las palabras del hoy presidente contradicen el discurso que mantuvo durante la campaña electoral, y desde años anteriores, contra el uso de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.
“(Las Fuerzas Armadas) deben de dejar de ametrallar a diestra y siniestra”, dijo López Obrador a media campaña presidencial el año pasado, pero hace cinco años y desde su cuenta de Twitter sentenció: “Es perverso que los potentados utilicen al Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear”.
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Su discurso cambió al ser presidente electro y tras una reunión con los entonces titulares de la Semar y Sedena: «No podemos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, no hay una opción, no en la actualidad».
Ahora, el presidente tiene la Guardia Nacional que buscaba, el Plan Nacional de Paz y Seguridad avanza, los resultados esperan para el inicio de sexenio más violento del que se tenga registro, en el que tres meses ya han sido asesinados 8 mil 524 mexicanos.
