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Desapariciones forzadas en Latinoamérica

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Una fecha que ha servido para sensibilizar, y sobre todo señalar que existe todavía un problema que sigue sin resolverse.

No es para nadie un secreto, que Latinoamérica sirvió, en gran medida, de “inspiración” para que la comunidad internacional notara la existencia de este fenómeno.

El reconocimiento de la desaparición forzada de la comunidad internacional como una violación de los derechos humanos fue cristalizado más directamente por la indignación internacional por la violencia de motivación política en Argentina y Chile, caracterizada por arrestos, torturas, ejecuciones y desapariciones de opositores políticos de los gobiernos militares de esos países. Sin esa indignación, canalizada por las organizaciones no gubernamentales en la presión para la acción internacional, nunca hubiera surgido el consenso necesario para una norma distinta contra esta práctica.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos para “exterminar” este fenómeno, el problema sigue vigente.

Al paso del tiempo, estas desapariciones forzadas se han usado como un mecanismo para infundir terror en los ciudadanos durante las épocas de crisis, y las sensaciones resultantes de inseguridad generadas por esta práctica no se limitan a familiares cercanos de los desaparecidos, sino también a la comunidad y el país en general.

Y aunque no hay cifras definitivas, las desapariciones en América Latina se cuentan por miles.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta situación, asegura la ONU.

En la mayoría de los casos, tanto la identidad de los perpetradores como el motivo son borrosos. El proceso de descubrir la verdad sobre el destino de todas estas personas desaparecidas se ha caracterizado generalmente por una gran inercia y antagonismo por parte de las autoridades, lo cual muchas veces denota la posible complicidad del Gobierno en varios de esos crímenes.

Desapariciones en curso

Como se mencionó anteriormente, las desapariciones forzadas continúan, aunque ahora los actores involucrados y las formas en que ocurren han cambiado un poco.

Un factor “nuevo” en estas desapariciones está vinculado a los narcotraficantes. Las zonas controladas por los cárteles de la droga están presenciando la desaparición de personas.

México y Colombia son dos países que han enfrentado una creciente preocupación por el número de desaparecidos, y aunque es difícil saber si estas personas están siendo desaparecidas por las fuerzas gubernamentales o por los narcotraficantes locales, lo cierto es que el problema parece ir en aumento.

Estos dos países presentan el índice de desapariciones forzadas más alto en Latinoamérica.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED), actualmente en México se desconoce el paradero de al menos 30 mil 973 personas. Con relación a Colombia, la cifra oscila entre las 30 mil y las 60 mil personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC).

Sin duda uno de los casos más “famosos” es el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local de Iguala. A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes.

Fueron las historias humanas de América Latina las que exigieron una llamada internacional a la acción; una mirada a la impunidad que enfrentaron (y siguen enfrentando) miles de familias abandonadas por la súbita e inexplicable pérdida de sus seres queridos.

El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada es un problema que sigue vigente.

Se necesita un verdadero compromiso de los Estados para combatir el problema. Esto significa no sólo prestar atención a las normas internacionales existentes, sino también ser coherente para que los discursos no queden en simples palabras.

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